Autor: M.POBLETE/ R. CÁRCAMO /J. PÉREZ
Alejandro Weber: "Las movilizaciones no pacíficas son un impuesto para los consumidores"
Alejandro Weber: "Las movilizaciones no pacíficas son un impuesto para los consumidores" ntre consignas, lienzos y cacerolazos, estudiantes secundarios y universitarios protestaron este jueves en el centro de Santiago contra las medidas del gobierno del presidente José Antonio Kast. La jornada fue convocada por la Confech, la Aces, la Red de Solidaridad Estudiantil y la Feusach. Los manifestantes rechazaron principalmente el recorte del 3% al presupuesto del ministerio de Educación, la limitación de la gratuidad universitaria a mayores de 30 años y el reforzamiento en el cobro del CAE. La concentración comenzó cerca del mediodía frente al Congreso Nacional, en el centro de Santiago, y se desplazó por la Alameda hacia la Plaza Baquedano, donde Carabineros dispersó a los grupos. En paralelo, se registraron cacerolazos y estudiantes que se sentaron en andenes y accesos de estaciones en estaciones de la Línea 1 del Metro, como Los Leones, lo que provocó interrupciones en el servicio.
La movilización, la primera gran protesta estudiantil del actual gobierno, transcurrió con interrupciones en el transporte y algunos episodios que alteraron el orden público y aparece como una señal incipiente que se sigue con atención para evitar que derive en escenarios de mayor descontrol, como los vividos tras el estallido social. ¿Qué hacer para que no escale y evitar situaciones como las pasadas? Jorge Burgos, exministro del Interior y exministro de Defensa, entrega su opinión. "No es fácil, pero presumo que Carabineros está más preparado y con mejores medios que hace seis años atrás". Para el histórico exintegrante ACK de la Democracia Cristiana, que ahora es independiente, la autoridad tiene que distinguir entre los tipos de manifestantes: "Separar de manera notoria la aceptación de marchas pacíficas, con acciones delictivas en contra de personas y bienes es una cuestión básica", porque para el. "Es importante también identificar a los malhechores, ponerlos a disposición del Ministerio Público, con buena prueba de su accionar". Para Pablo Matamoros, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central, la libertad civil implica poder manifestarse, expresar desacuerdo y asociarse libremente, algo propio de una democracia. " Es razonable y legítimo que las personas se organicen y se expresen dentro de lo permitido", sin embargo, "distinto es cuando esa libertad cruza ciertos límites, como la destrucción o el impacto en la vida de otros. Recuerdo situaciones como el "que no baila no pasa", que terminan afectando a terceros y el normal funcionamiento de la sociedad. También ocurre con la destrucción de espacios públicos", señala. "Cuando se pierde ese equilibrio -cuando ya no se respeta la libertad de expresión dentro de ciertos márgenescomienzan a generarse problemas", advierte.
Impuestos "Las movilizaciones no pacíficas son un impuesto para los consumidores y especialmente para los microempresarios: obligan muchas veces a cerrar la operación de los locales afectados, impidiendo las ventas y reduciendo los ingresos de pequeños locatarios", reflexiona Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y actual decano de LUN RICHARD ULLOA Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. "También bloquean el libre tránsito de las personas, cuestión que está garantizada constitucionalmente, generando mayores costos de transacción y desplazamiento para las personas", agrega. "Cuando hay destrucción de bienes -públicos o privados-, se tienen que destinar recursos no previstos para su reparación.
En el caso de los espacios públicos vandalizados, el Estado -nivel central o municipiosdebe destinar recursos de una caja cada vez más estrecha para reparar el daño, cuando esos mismos recursos pudieron haberse ocupado en otras prioridades y urgencias de la ciudadanía", advierte. "Todo esto encarece aún más los costos de vida, afectando fundamentalmente a los usuarios del transporte público, a los trabajadores en general, a los micro emprendedores y a los sectores más vulnerables" y "económicamente, genera pérdidas en bienestar social, aumenta la percepción de inseguridad y genera costos económicos no previstos para las personas.
Las movilizaciones no pacíficas destruyen valor económico, tanto material e intangible, para las personas y la sociedad en su conjunto". Una de las preguntas que tal vez muchas personas se hacen es si se llegaran a incrementar las manifestaciones, puede ocurrir un escenario similar a lo que fue el estallido de 2019.
Mauro Besaure, profesor de sociología de la Universidad Andrés Bello, e investigador del Núcleo Milenio Crisis Políticas en América Latina, piensa que lo que podría hacer el gobierno es "mostrar rápidamente eficacia en materias que tienen que ver con la emergencia, o lo que ellos definieron como emergencia.
Es decir, si prontamente se ven soluciones en vivienda en el caso de los incendios; las listas de espera; el tema de la delincuencia o si aparecen deportaciones que son el símbolo que la gente está esperando de la mano dura". Autor: M. POBLETE/ R. CÁRCAMO /J. PÉREZ. "Presumo que Carabineros está más preparado y con mejores medios que hace seis años atrás", dice el exministro del Interior, Jorge Burgos. Exsubsecretario de Hacienda calibra peligros tras primera marcha estudiantil en el gobierno de Kast Los manifestantes rechazaron principalmente el recorte del 3% al presupuesto del ministerio de Educación.
