Autor: RIENZI FRANCO

Legisladores y ministros quedaron fuera de la ley que obliga al cese de funcionarios de 75 años
Controvertido artículo entra en vigor a contar de 2027. A diciembre eran 2.206 las personas afectas a la salida de sus cargos. En la Cámara y en el Senado, la iniciativa recibió amplio respaldo.
Sorpresa ha causado el alcance de la ley de reajuste al sector público, la número 21.724, en vigor para el año en curso, en cuanto a lo establecido en su artículo 90 y siguientes, en referencia a la obligación de cesar en sus cargos alos funcionarios que cumplan 75 años de edad, a contar del 1 de enero de 2027, causal que les permitirá percibir “una indemnización equivalente al total de las remuneraciones, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis”. La propuesta apunta a profundizar el denominado incentivo al retiro, modificando normas afines, pero, pese a ello, la ley publicada en enero ha recibido críticas.
De los cuestionamientos han dado cuenta textos de académicos, suscritos por Pablo Ruiz-Tagle y José Rodríguez Elizondo, en misivas remitidas y publicadas en la sección Cartas al Director de “El Mercurio”. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile expresaba, “esta ley contradice al Gobierno, que incorpora a su gabinete ministerial personas que exceden los 75 años, y al Parlamento, que busca reelegir personas que exA fines del año pasado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a su equipo y a la encargada de la Dipres, Javiera Martínez, asistieron a las sesiones de sala por la aprobación de la ley de reajuste del sector público para 2025. INCENTIVO En la ley de reajuste al sector público para 2025, se modificaron otras normas referidas al incentivo al retiro de funcionarios.
Norma se publicó en enero y es parte de lo aprobado e impulsado por la ANEF en el reajuste al sector público: Funcionarios con 75 0 Total más años por área 2.206 Gobierno Central - Ley N220.948 —— 354 JUNJILey N*21.003 APS - Ley Servicios de Salud - Ley N220.921 Docentes — Ley N*20.976 Asistentes de la EducaciónLey N220.964 Académicos, Directivos y Profesionales no académicos Ues. Estatales — Ley N*%21.043 No Académicos ni Profesionales Ues.
Estatales - Ley N220.996 Municipalidades - Ley N2%21.135 Fuente Dipres *Al 31 de diciembre de 2024 EL MERCURIO ceden ese límite de edad, al adoptar juntos una disposición miscelánea que impone forzadamente este retiro”. Al no estar regidos por el estatuto administrativo, y al ser elegidos por mandato popular, los legisladores quedan fuera de la controvertida norma.
Por el contrario, si les aplicara, los senadores José Miguel Insulza (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Jorge Soria (PPD), serían parte de los congresistas que tendrían que dejar sus cargos por efecto de la ley de reajuste, al superar los 75 años. Algo similar les ocurriría, de aplicarles, alos ministros de Estado Alberto van Klaveren (Cancillería) y a Carlos Montes (PS), ministro de Vivienda.
Más de 2 mil afectados Para conocer el universo de funcionarios que debe dejar sus cargos al cumplir los 75 años, por remisión hay que dirigirse a otras 10 leyes (la 20.919, 20.921, 20.948, 19.882, 20.964, 20.976, 20.996, 21.003, 21.135 y 21.043 ) y al artículo 9 de la Ley N* 20.374, las que hacen referencia al Gobierno central, al Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Fonasa, CDE, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Contraloría, Cámara de Diputados y Biblioteca del Congreso.
Son en total 2.206 las personas que a diciembre se contabilizaban con más de 75 años, por lo que tendrían que dejar de ser funcionarios públicos (ver infografía). También afecta a los académicos de las universidades del Estado, entre un extenso listado de entidades consideradas en la norma de salida. Rodríguez Elizondo comentaba en su misiva, “estando absorto en mis trabajos académicos, ni supe que la Ley 21.724 me dejaba sin trabajo a partir de enero del año próximo.
Su autores determinan que uno solo es útil hasta los 75 años y yo ya estoy pasado en varios minutos”. Al revisar la historia de la Ley 21.724, se puede leer que el artículo de la discordia proviene de un protocolo de acuerdo impulsado por la Anef y la CUT, con el Gobierno, el que estipula en el punto 16 el cese en sus funciones de los trabajadores públicos al Universidades estatales analizan el impacto que tendría la legislación en las clases e investigación Alguna de las instituciones que podrían verse fuertemente afectadas con la indicación en la Ley de Reajuste al Sector Público son las 16 universidades estatales.
Según un informe que trabajó la Dirección de Presupuestos en el marco de otra legislación —la ley de incentivo al retiro—, en diciembre del año pasado había 266 académicos, directivos y profesionales no académicos de 75 años o más, trabajando en este tipo de planteles. Además, había otros 94 no académicos ni profesionales que se desempeñaban en ellos. Así, en total, serían unas 360 personas las que deberían cesar sus actividades para cumplir con la norma que impulsó la CUT. Ante esta situación, las instituciones están analizando cuál es el impacto que tendría y cuáles serían los pasos a seguir. En la Universidad de Chile comentan que están estudiando la relevancia de la legislación. Y agregan que "existe preocupación por la autonomía universitaria”, la cual se vería pasada a llevar con la legislación, publicada el 3 de enero.
En esa casa de estudios, además, hay otro punto sensible: la rectora Rosa Devés, cuyo primer período acaba el próximo año, ya tiene 75 años, por lo que no queda claro en qué pie quedaría si es que desea ir a la reelección. Una situación similar podría enfrentar la máxima autoridad de la U. De Antofagasta, Marcos Cikutovic, quien también tiene 75 años y asumió en 2022 su primer período.
Con todo, en los planteles públicos existen llamados para las personas mayores de 70 años a postular al retiro, mediante la entrega de bonos que se calculan según los años de trabajo, e independientemente de lo que se haya cotizado. “Una medida absurda” Uno de los argumentos que esbozan los críticos de la norma es la experiencia que van adquiriendo los académicos con el tiempo. Por ejemplo, Cecilia Hidalgo (83), la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias (2006), y quien se desempeña en la Facultad de Medicina de la U. De Chile, asegura que es "absurdo lo que establece la ley. “Yo sigo vigente, sigo publicando trabajos en revistas internacionales y tengo más de 80 años; entonces, es absurdo”, asevera. La bióloga molecular comenta que "no puedes poner un cortapisas tan amplio sin evaluar a las personas.
Hay muchas que están retiradas, pero hay otras que están súper activas”, y agrega que, como todo en la vida, "hay mayores y mayores". Hidalgo afirma que, en su caso, sigue “teniendo súper buena relación con alumnos que podrían ser mis nietos sin ningún problema. De hecho, mañana (hoy) tengo que hacer una clase de doctorado en la Facultad de Ciencias”, y también trabaja dirigiendo colegas y estudiantes en sus doctorados. Otros premios nacionales que podrían verse afectados con la norma son José Maza (77), profesor emérito de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. De Chile; José Zagal (79), quien se desempeña en la Facultad de Química y Biología de la U. De Santiago, o bien Ramón Latorre (84), quien en 2002 obtuvo el galardón en el área de Ciencias Naturales y trabaja en el Centro de Neurociencias en la U. De Valparaíso. cumplir los 75 años. La norma pasó además a ser permanente. Apuntes de Dipres En un texto de la Dirección de Presupuestos (Dipres), pone el foco en dos aspectos, entre otros. El primero es uno que fue parte del debate cuando se visó el reajuste, al otorgar incentivo al retiro, tal como quería y lo promovía la mesa del sector público.
Estas leyes permiten así, plantea Dipres, “asegurar de manera permanente un beneficio a los funcionarios y funcionarias que han dedicado buena parte de su vida laboral al servicio público, y facilitar así su paso a esta nueva etapa en su vida.
Adicionalmente, el retiro de funcionarios permite mejorar la gestión pública, dando la posibilidad de “dar tiraje a la chimenea”, liberando grados que suelen ser más altos en las instituciones”. Por lo anterior, “como acción correctiva para alcanzar la convergencia fiscal a 2029, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos propondrá una medida legislativa que se presentará en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que establece como límite la reposición de máximo una vacante de cada tres que se generen por funcionarios que se acojan a leyes de Incentivo al Retiro en dicho año, para las instituciones públicas cuyas dotaciones se fijan en la Ley de Presupuestos (es decir, excluyendo sectores autónomos, como el municipal y universidades estatales, así como del sector educación)”. En ambas cámaras, la norma recibió amplio respaldo, más de 100 votos de diputados y 33 de senadores, en los respectivos hemiciclos.