La millonaria pugna con empresas concesionarias chinas que heredará el próximo gobierno
La millonaria pugna con empresas concesionarias chinas que heredará el próximo gobierno Un complicado avance registra la primera incursión de capitales chinos en carreteras concesionadas en Chile.
La actual administración dejaría como herencia al futuro gobierno de José Antonio Kast una millonaria pugna entre el consorcio chino que tiene la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). A fines de enero de este año, la sociedad concesionaria (Survías Maule-Ñuble) de este proyecto vial de más de US$ 800 millones, adjudicado en 2021 al consorcio de CRCC International Investment Co. Ltd. y China Railway Construcción Corporación (International) Limited, presentó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones. Ahí, alegó graves retrasos, solicitó una millonaria compensación y afirmó que la construcción no era viable.
Esa pugna se conoció días después de que Metro de Santiago terminó de forma anticipada el contrato con una filial de esa última empresa china que operaba una tuneladora en las obras de la Línea 7.
Reclamo chino En su escrito enviado al Panel, la concesionaria señaló que la discrepancia está relacionada "con los atrasos en la revisión de ingeniería y solicitudes de modificación de obra que, en su conjunto, han impactado gravemente a la sociedad". Agregó que esto obligó a postergar la construcción, que se tenía proyectada para enero de 2025, a marzo 2027, "retrasando la obtención de la PSP (puesta en servicio provisoria) en más de tres años y han distorsionado gravemente cada una de las variables que otorgaban certeza al contrato de concesión". Añadió que a la fecha, un año después del inicio proyectado de la construcción, la concesionaria "no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar (tanto así, que los puentes de la concesión no se encuentran siquiera definidos), no tiene claridad sobre los plazos aplicables, pues estos dependen de la evaluación ambiental (que cambia en la medida en que también lo hace el proyecto), y no tiene claridad sobre los flujos y pagos de la concesión, pues las modificaciones de obras y sus impactos distorsionaron cada factor económico del contrato". Así, sostuvo que "en ausencia de certezas, el proyecto no resulta viable". En ese contexto, la firma indicó al Panel que "tiene derecho a una extensión de plazo de 38 meses para la obtención de la PSP del Sector 1 y de 33 meses para la obtención de la PSP del Sector 2". Asimismo, solicitó --entre otros-una compensación de mayores costos de construcción por 3.137.524 UF, poco más de US$ 140 millones.
Las negociaciones Ayer debía haberse realizado una audiencia sobre este caso en el Panel Técnico, pero la semana pasada, el MOP y el consorcio --representado por el estudio Alcalde & Cía-solicitaron suspender la causa hasta el próximo 28 de marzo, cuando la cartera esté liderada por el designado ministro, Martín Arrau.
Según fuentes conocedoras del proceso, el ministerio y la concesionaria estarían conversando un eventual acuerdo para mantener la viabilidad de la concesión y evitar que se "caiga" el proyecto, ya que si se realiza una nueva licitación se retrasarían aún más las obras. Esto podría zanjarse más allá de los siete días que le restan de gobierno a la actual administración.
En su respuesta al Panel el 18 de febrero, el MOP indicó que se debe rechazar la discrepancia y señaló que esa divergencia "desconoce los principios estructurales del sistema de concesiones de obras públicas". Recordó que en 2020, el consorcio chino realizó una oferta "altamente competitiva", superior a la de Sacyr.
El ministerio sostuvo en el documento que la concesionaria "ha incurrido en incumplimientos graves y reiterados en materias constructivas, operacionales, financieras y en deberes contractuales esenciales como la conservación de la autopista, acumulando multas que superan las 99.445 UF durante el año calendario 2025 e inicios del 2026". La Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP señaló ayer a "El Mercurio" que debido a incumplimientos de la firma respecto de la obligación de pago por conceptos de bienes y derechos utilizados en la concesión e infraestructura preexistente, resolvió realizar el cobro de las boletas de garantía. Esto, "con el objeto de compensar en parte el perjuicio fiscal", el cual asciende a un total de 1.744.000 UF, unos US$ 78,5 millones.
La DGC añadió que ante esta situación, la concesionaria "interpuso una precautoria que fue acogida por la Comisión Arbitral, la cual instruyó la suspensión del proceso de cobro de las boletas y realizó una propuesta de conciliación de la controversia, para que fuera analizada por las partes". Esto, con un plazo preliminar hasta ayer 3 de marzo.
Desde OO.PP. añadieron que "dicha propuesta de conciliación consideró, como condición fundamental para abordar los diferentes asuntos discrepados, el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los pagos incumplidos". Agregó que "recientemente, los representantes de la sociedad concesionaria han manifestado que existiría la voluntad de realizar dichos pagos, razón por la cual se ha resuelto, de mutuo acuerdo, solicitar un aplazamiento a la comisión arbitral, para buscar un eventual entendimiento entre las partes". Grupo pide más de US$ 140 millones en compensaciones por trabajos en ruta Talca-Chillán: La millonaria pugna con empresas concesionarias chinas que heredará el próximo gobierno MARCO GUTIÉRREZ V. El MOP activó el cobro de boletas de garantía por US$ 78,5 millones, pero las partes buscan un acuerdo ante una comisión arbitral. La discrepancia está, por ahora, suspendida. La segunda concesión de Talca-Chillán tiene una longitud de 193 kilómetros y considera diversas obras y mejoras, entre ellas, terceras pistas, pasarelas, 19 puentes y el baipás Talca.
JUAN CARLOS ROMO Los vínculos comerciales de Chile con China han adquirido mayor relevancia tras la polémica por el proyecto de cable submarino entre ambas naciones. "Tendremos que llevar nuestra relación comercial con China sabiendo que tendremos a Estados Unidos respirando fuerte. Habrá que ser respetuosos con los chinos... Tendremos que mantener las condiciones comerciales abiertas y transparentes. Será importante evitar grandes arbitrariedades en decisiones de inversión en Chile", sostuvo ayer el exvicepresidente del Banco Central Sebastián Claro en un seminario de LarrainVial.
Mauricio Benítez, abogado experto en China, socio internacional de SW Chile y académico de la Usach, comentó que en el caso de la discrepancia entre el MOP y el concesionario chino, el gobierno chileno debe mantener el canal institucional para los conflictos en este rubro, pues si incluye "atajos" diplomáticos, otros actores reclamarán lo mismo. Sostuvo que los inversores chinos son "pragmáticos" y pese a que existan problemas con algunas empresas, seguirán interesados en negocios en Chile. n S. Claro: "Tendremos que ser respetuosos con los chinos".