Editorial: La confusión de la ministra Steinert
Editorial: La confusión de la ministra Steinert E 1 jueves 30 de abril, este diario informó que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, mantiene desde 2001 una sociedad -Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitadacon su exmarido, el abogado Rodrigo Irrazabal Izikson. Este último, en el ejercicio de su labor profesional, defendió a una persona, de iniciales O.A.L., condenada a presidio en 2010 por el delito de tráfico de marihuana.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 20.000, promulgada en 2005, los jueces de garantía o el Ministerio Público deben informar a la Contraloría General de la República la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de los imputados por los crímenes, delitos simples o faltas contemplados en dicha legislación, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en virtud de esta disposición, Irrazabal está incluido en aquella lista.
La misma ley determina que los abogados que se desempeñen en la administración del Estado o en instituciones y servicios descentralizados no pueden patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por las figuras penales y faltas tipificadas en esa normativa.
Según la ministra, la sociedad con su exesposo "nunca tuvo movimientos", aunque sí presentó contabilidad al Servicio de Impuestos Internos en 2002, y no fue disuelta después de la anulación del matrimonio; Steinert ha indicado que su expareja le aseguró que en una sola ocasión representó a un acusado de narcotráfico. La ministra comunicó la existencia de la sociedad El Yunke en el marco de la declaración de patrimonio e intereses luego de ser designada en la cartera de Seguridad. La sociedad, sin embargo, no aparece registrada en la declaración que hizo al asumir como fiscal regional de Tarapacá en febrero de 2024. A juicio de expertos en transparencia y derecho administrativo, citados en estas mismas páginas, en el caso de Steinert y la sociedad con su exmarido no se configura una situación irregular o de infracción legal.
El director de Chile Transparente, Michel Figueroa, ha observado, sin embargo, el problema que supone estar a cargo de la seguridad y formar una sociedad con alguien que ha representado a un condenado por tráfico de drogas. En su declaración del pasado jueves, la ministra de Seguridad atribuyó a este medio un objetivo político detrás del artículo. "Una reflexión: en política no todo vale", indicó. Desde luego en esta afirmación Steinert ha incurrido en una confusión al adjudicar a la información periodística publicada el carácter de una operación política.
Si la función de la prensa esdar a luz asuntos de interés público, en particular los referidos a quienes desempeñan roles de poder, no parece irrelevante -ni es, evidentemente, una operaciónsometer a examen del lector antecedentes públicos respecto de la situación patrimonial de la ministra, encargada, por lo demás, de ejecutar uno de los compromisos programáticos fundamentales del Gobierno. Ha sido el mismo Estado, a través de la prohibición antes citada, el que ha establecido estándares de conducta más elevados respecto de los vínculos con el narcotráfico. La ministra Steinert ha enfrentado dificultades para tomar el control de la agenda de seguridad; de hecho, el reciente fin de semana admitió que la "falta de experiencia" es un error que debe asumir.
Parte de dicho aprendizaje, ciertamente, es comprender el papel de escrutinio de la autoridad que corresponde a los medios de comunicación. "No parece irrelevante someter a examen del lector antecedentes públicos respecto de la situación patrimonial de una autoridad".. "No parece irrelevante someter a examen del lector antecedentes públicos respecto de la situación patrimonial de una autoridad".