Autor: E. MONRROY y A. CHECHINITZKY

Uriarte expone ante Comisión Experta y destaca responsabilidad fiscal para Estado social
Solicitó mantener la iniciativa exclusiva del Presidente en proyectos que irroguen gasto fiscal. También dijo que se debía “repensar” la herramienta de la acusación constitucional y otras herramientas de fiscalización.
“Generar conflicto es lo que menos me interesa y he venido formateada para no equivocarme”, decía entre risas ayer la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, al exponer frente al pleno de la Comisión Experta la visión del Ejecutivo sobre el proceso constitucional, donde se mostró varias veces cauta en lo que manifestaba, sobre todo la relación con el Congreso, y respondió preguntas de unos doce comisionados en una cita quese extendió por más de dos horas. La ministra comenzó su exposición manifestando que para el Gobierno este proceso “no es uno indiferente ni neutro”, relevando el interés de La Moneda por que este resulte exitoso.
Destacó que el país cuenta con una “extensa tradición presidencialista” y que el desafío se plantea en forjar una Constitución “donde los diferentes poderes del Estado estén equilibrados, existan contrapesos y el sistema político cuente con incentivos para un alineamiento de las distintas fuerzas políticas”. Deinmediato destacó el acuerdo transversal para esta segunda etapa constitucional, mencionando sus doce bases, las que, dijo, “coinciden con las recomendaciones que hace la guía práctica para la elaboración constitucional que publicó Idea Internacional en cuanto que ese tipo de marcos contribuye a que ese acuerdo inicial se mantenga en el desarrollo”. “Pensar muy bien las palabras” Luego, pasó a destacar que una de esas bases sea establecer un Estado social y democrático La ministra de la Segpres, Ana L ya Uriarte, expuso por cerca de dos horas frente al pleno. En la cita se le consultó por cómo vislumbra la paridad. "Ese es un principio que llegó para quedarse”, respondió.
Comité Técnico de Admisibilidad zanja reglamento Fueron cuatro sesiones en total las que destinó el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA) para debatir y votar la propuesta de auto acordado, es decir, el reglamento de la instancia en el que se establece el procedimiento para tomar una determinación sobre requerimientos presentados. "Este es un órgano único en el derecho comparado y yo creo que va a generar certezas”, dijo la presidenta del CTA, Ana María García (nominada por Evópoli). En los hechos, una vez que una norma sea aprobada, miembros de la Comisión Experta o del Consejo Constitucional tendrán cinco días para presentar un requerimiento. Si se declara admisible, se escucharán a las partes a favor y en contra para luego votar. Posteriormente, tendrán tres días para publicar los argumentos. Además, en el documento se estableció que la mesa siempre deberá ser paritaria y que quienes se abstengan en alguna votación deberán justificarlo.
Ministra de la Segpres representó al Ejecutivo frente al pleno del órgano constitucional: PLENOS Próxima semana se recibirá al Banco Central, al fiscal nacional y a la Corte Suprema y sus ministros. de derecho, enfatizando que este promueve un desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción “a un principio que nos parece muy importante como es el de responsabilidad fiscal y sobre la base de que ese cumplimiento será de provisión mixta”. En ese punto, bregó por mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para la presentación de proyectos de ley que impliquen gasto fiscal.
“Nos parece que es una clave del fortalecimiento de la democracia: los populismos se sustentan sobre la base de la irresponsabilidad de promesas incumplidas en cuanto a la mantención del equilibrio fiscal”. Minutos después profundizó en ese punto. Dijo sonriendo que debía “pensar muy bien las palabras” para proseguir: “Todos quisiéramos dar cumplimiento de inmediato a los derechos sociales, pero todos sabemos que esonoes posible. Necesariamente todas las personas piensan de aquella manera. Muchos pueden pensar que aquello puede hacerse y después en el marco del paso del tiempo y con futuros ingresos de esto y lo otro, e hipótesis diversas de que podría llegar a cumplirse. Bueno, esa es la receta para el descalabro. Porque si no es el presente Gobierno, será el siguiente gobierno el que se tendrá que hacer cargo de ese desequilibrio”. Más interpelaciones Más tarde provinieron las preguntas de los comisionados. Uno de ellos fue el RN Juan José Ossa, ex-Segpres, quien consultó por cómo mejorar los mecanismos legislativos en relación a un uso más eficiente del tiempo.
Aprovechó ese momento para decir que esperaba que la presencia de Uriarte “haya sido más persuasiva que la mía, porque yo vine a la Convención anterior y es bastante obvio que no fui persuasivo”. Uriarte contestó evitando entrar en algunas propuestas concretas, aunque sí advirtió de una “confusión entre la forma en que se utiliza la interpelación y el establecimiento de comisiones investigadores”, manifestando que, a su juicio, “tal vez muchas comisiones investigadoras pudieron ser subsumidas en una interpelación, porque de esa manera igual se obtiene la información, la autoridad está obligada a poner todos los antecedentes y responde de una manera más oportuna. Dado que las comisiones investigadoras tienen el tiempo que demora, el momento en que sale el informe dela comisión no coincide con el momento de inquietud ciudadana respecto del hecho que gatilló su formación. Por eso me atrevo a decir que ahí hay un punto que podría delimitarse de mejor manera”. También se le consultó si consideraba que este proceso debe contar con una consulta indígena. Ahí dijo que esa era una pregunta “difícil” y evitó dar una opinión y lo dejó a la interpretación de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.
Mal uso de las AC El vicepresidente de la Comisión, Sebastián Soto (cupo Evópoli), más tarde preguntó por si se debían revisar las acusaciones constitucionales, dando cuenta de un alza de su uso en los últimos años. Uriarte respondió: “Uno podría decir, y eso es transversal, que las AC (... ) se han transformado en una herramienta de carácter político adversarial.
Y creo que este necesariamente ha de ser un tema que esté en el debate, ya sea para configurar más precisamente la herramienta, para repensar el tema de las sanciones, y siempre pensando que el tema de la AC a cualquier autoridad genera un clima de inestabilidad que no es lo que quisiéramos vivir todos los días”. Mientras, cuando la comisionada Katherine Martorell (RN) preguntó si debía existir un piso mínimo de representación por partidos para surepresentación en el Congreso, la ministra reconoció que era difícil de contestar aquello, pero manifestó: “Sin pretender establecer los porcentajes, indudablemente para generar acuerdos, encuentros y generar un diálogo político, es más sencillo cuando se realiza en forma más acotada que frente a una gama amplia de representantes de diversas tendencias”.