Autor: E. CANDIA

Fiscalía buscará ampliar desafuero de Lavín por comercializar datos de electores y rendir boletas falsas
Fiscalía buscará ampliar desafuero de Lavín por comercializar datos de electores y rendir boletas falsas El último año, el Ministerio Público ha estado indagando la contratación de Shigue Ogino en 2021 como personal de apoyo del exdiputado Joaquín Lavín León, quien renunció a la UDI debido a la indagatoria en su contra por un eventual fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.
El supuesto asesor habría sido destinado a trabajar en lo que los investigadores definieron como un call center electoral en la sede de ese partido, comando del padre del imputado, el excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante, quien por entonces competía en las primarias de Chile Vamos.
También indaga el contrato de Belén Carrasco, esposa del imputado Arnaldo Domínguez quien se encuentra en prisión preventiva en Santiago 1, pues se habría tratado de un sobresueldo para el hombre de confianza del exlegislador, como se lo ha identificado en la causa.
Por estos y otros antecedentes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente buscará ampliar el desafuero de Lavín León en el marco de la investigación y, a su vez, sumar delitos electorales previstos en la Ley 18.556, que sanciona la comercialización de los datos del padrón electoral e incluye agravante para funcionarios públicos.
Esto tiene relación con que Lavín León y Domínguez consiguieron padrones electorales de 2018 a 2024 para incorporarlos en la aplicación SocialTazk, plataforma desarrollada por el coimputado Felipe Vázquez, quien fue contratado con asignaciones parlamentarias para desarrollar la herramienta, a pesar de que tenía fines comerciales, según la fiscalía. n Primer proceso demoró ocho meses La necesidad de ampliar el desafuero respondería también a la presión de la defensa del exdiputado, que insiste en que la formalización del caso se apegue estrictamente a lo que se presentó en el primer antejuicio.
Este demoró cerca de ocho meses entre la presentación del escrito ante el tribunal de alzada en junio de 2025, hasta la dictación del fallo de la Corte Suprema en marzo pasado, cuando Lavín ya no era legislador.
Esto, se refleja en el fallido reA N E V A R A R O T C É H curso de amparo presentado por Lavín para revertir su prisión preventiva (ver recuadro). En el escrito, la defensa sostiene sobre la formalización entre otros argumentos que “se adicionaron las facturas emitidas por la empresa entre octubre del 2024 y enero del 2026”. Aquello provoca ruido en el Ministerio Público, puesto que afirman que el exdiputado Lavín continuó con la emisión de boletas ideológicamente falsas a pesar de la investigación penal y el proceso de antejuicio, previo a su imputación.
Ahora, entre conocedores de la causas plantean que el desafuero solo es un trámite habilitante para formalizar, pero que este proceso no puede implicar que la investigación se paralice. n Debate por necesidad de nuevo antejuicio ¿ Debe existir un nuevo desafuero cada vez que haya nuevos hallazgos? Existe un antecedente judicial en que ello fue desechado, en el caso del exsenador Jaime Orpis, en el marco de Corpesca. Sobre otros procesos de antejuicio, en el último año el Ministerio Público ha completado tres querellas de capítulos contra dos exjueces y un exfiscal, que ya no están en sus cargos. Todos los fallos acogieron la solicitud y presentaron observaciones sobre que el proceso no era necesario, porque ya no ejercían sus funciones.
Consultada, la académica de la U. de los Andes, Tatiana Vargas, explica sobre el desafuero de Lavín “que las dudas sobre la procedencia de este antejuicio, cuando ya se deja de ostentar el cargo son mayores que las que surgen respecto de la querella de capítulos, aunque se refiera a eventuales delitos cometidos cuando sí tenía la calidad de parlamentario”. La ley dice que “tienen fuero desde el día su elección o juramento, y, aunque no señale plazo, lo vincula con el desempeño del cargo.
La gran diferencia con la querella de capítulos es que este antejuicio se refiere solo a delitos ministeriales, es decir, los que se cometen en el ejercicio del cargo, por eso tiene sentido aun si deja de desempeñar la respectiva función ministerial”. Y asegura que no ocurre igual con el desafuero parlamentario, el que no es un privilegio personal. Por su parte, el profesor de la U.
Diego Portales, Cristián Riego, sostiene que “este problema proviene específicamente de uno o dos casos de jueces en los cuales contra toda la jurisprudencia histórica, la corte sostuvo que jueces que ya no estaban en cumpliLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, recordando que esta es una acción excepcional que no puede ser usada para reemplazar la apelación.
El exlegislador intentaba revertir su prisión preventiva. miento de sus funciones debían ser sometidos a querella de capítulo por delitos cometidos en la época en que se encontraban en el ejercicio de sus funciones”. “Esta es una jurisprudencia nueva y, además, en mi opinión, absurda, pero que tuvo que ver básicamente con los jueces. Ahora, yo no sé y me parecería muy ilógico que esa jurisprudencia se hubiese extendido a parlamentarios que ya no estuviesen en el ejercicio de funciones”, apunta. Y agrega: “En ese caso la ley es absolutamente clara que solo se refiere a personas que estén en ese momento cumpliendo la función parlamentaria. Creo que el Ministerio Público debiera insistir, debiera ampliar la formalización y no debiera asumir como quien dice que hay una restricción.
Me parece que en todo caso no debiera aplicarse el mismo criterio que se aplicó para las N Rechazan amparo por no ser la vía idónea La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con lo que el otrora legislador seguirá en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Allí fue derivado tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La resolución fue adoptada por la ministra Sandra Araya, el ministro suplente Mauricio Rettig y el abogado integrante Jorge Gómez, quienes escucharon los alegatos de la defensa de Lavín el viernes pasado.
El tribunal de alzada sostuvo que la vía idónea para impugnar la cautelar dictada por el juez Daniel Urrutia era el recurso de apelación, herramienta a la que la defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, no recurrió dentro de los cinco días que tenía tras la formulación de cargos.
Sin perjuicio de aquello, la defensa puede insistir en la libertad de su representado en cualquier momento, ante el juzgado de garantía. querellas de capítulos”. Este medio intentó contactar a la defensa del exdiputado Lavín, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado Cristóbal Bonacic ha insistido en la inocencia de su representado durante el proceso penal. Autor: E. CANDIA.
La contratación de dos asesores con asignaciones parlamentarias y la emisión de boletas a pesar de la causa en su contra — y que reajustarían el eventual fraude que se le atribuye en más de $200 millones— son parte de los nuevos hechos y delitos electorales que los persecutores buscan añadir. Según antecedentes reunidos en la investigación: