Autor: Gastón von Mühlenbrock Zamora Diputado por Los Rios

Columnas de Opinión: Robo de cables
Columnas de Opinión: Robo de cables U în paso muy significativo dimos esta semana, al aprobar de forma unánime en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que endurece las penas por robo, hurto y receptación de cables, especialmente aquellos vinculados a servicios básicos como telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Asi, esta iniciativa queda lista para convertirse en ley. La normativa también modifica la Ordenanza de Aduanas, buscando frenar el contrabando de cables, una práctica que en los últimos años ha pasado de delitos comunes a ser parte de redes organizadas con vínculos internacionales. El robo de cables, no sólo perjudica las telecomunicaciones, sino que también afecta gravemente la vida cotidiana de miles de familias de nuestra región de Los Rios. Se trata de delitos que ya no son simples hurtos, sino parte de verdaderas redes organizadas de contrabando y crimen. La nueva ley establece penas de presidio mayor en su grado minimo (5 años y un dia a 10 años) cuando el robo afecta a una cantidad significativa de usuarios dentro de una comunidad. Además, se incorporan agravantes si el ilicito se comete haciéndose pasar por un trabajador de empresas de servicios o usando información confidencial adquirida en ese rol. La modificación también incluye al artículo 485 del Código Penal, sancionando con penas más altas a quienes, al causar daños valorados sobre 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), provoquen la interrupción de servicios esenciales. En el plano del contrabando, la normativa endurece el castigo a quienes declaren maliciosamente mercancías de exportación o adulteren certificaciones de origen. También sanciona a funcionarios públicos que faciliten estos delitos, aplicandoles las mismas penas que al autor directo. La ley busca no solo aumentar penas, sino cortar la cadena de suministro de estos delitos, que muchas veces terminan beneficiando a mafias con nexos internacionales. El robo de cables no es sólo un problema de seguridad, es también una amenaza directa al desarrollo y bienestar de nuestras comunidades. Esta ley permite enfrentar con más fuerza estos delitos y sus redes de apoyo, pero también exige una mayor fiscalización por parte del Estado para que la normativa no quede sólo en el papel. C Columna