Autor: Andrés Musalem L. Investigador Observatorio para la Inclusión, Universidad Andrés Bello

Constitución e inclusión
E El último Estudio Nacional de Discapacidad nos mostró que en Chile hay 3.291.602 personas mayores de 2 años que viven con algún tipo de discapacidad fisica, auditiva, visual o mental, como lo define la OMS. Destaca que un 64% de ellas son menores de 59 años. Aparece como un peroestá en línea con indicadores globales en la materia, una temática que sólo crece en importancia alrededor del mundo. Es más que razonable pretender ver la inclusión de las personas con discapacidad (PcD) reflejado en nuestro pacto social más básico: la Constitución.
La Carta Magna que actualmente nos rige no tiene ninguna alusión, mientras que en la nueva propuesta constitucional sí alude específicamente, tanto en el Capítulo | sobre los fundamentos del orden constitucional comoen el Capítulo Il sobre los derechos y garantías.
En el derecho a la salud, la nueva propuesta establece directamente el concepto deno discriminación por preexistencia médica y en educación se garantiza la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior.
Pero quizá la adición más importante en educación está en la introducción del concepto de personas con necesidades educativas especiales, dondese establece queel Estado garantizará el financiamiento de la educación de estas, lo que deja inscrito un aspecto clave para que nuestro país aproveche su potencial de capital humano y realizando actividades productivas de mayor valor. Laigualdad de oportunidades en un Estadosocial y democrático de derecho es hoy algo transversal en el espectro político.
Por tanto, será necesario concretar políticas públicas basadas en datos conduzcan hacia una sociedad más inclusiva, ya sea en base a la nueva arealizar modificaciones importantes a la actual, en la misma línea planteada por la nueva propuesta.