Autor: JESSICA MARTICORENA
AUTONOMÍA DEL CENTRAL, EL AGUA Y EL ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO asoman como los temas económicos que despertarán desacuerdo en la Convención
Libertad y Desarrollo, Chile21, Saberes Colectivos, CEP y Cieplan plantean las prioridades del debate e identifican los mayores riesgos: Chile 21: Transitar a un B.
Central en el que participe el Gobierno y con responsabilidad política de los consejeros De los planteamientos de los tanks, también se advierten matices en derechos sociales, pues varios hacen ver el riesgo de que se transformen en una lista de supermercado que no se pueda satisfacer o que se judicialicen.
Otros, en cambio, enfatizan que la idea es que se vayan cubriendo en forma progresiva y que tenerlos obliga a las leyes a avanzar en esa dirección. « “Chile se juega la posibilidad de permitir queseala ciudadanía la que tome las principales decisiones mediante una efectiva inci dencia en los organismos representativos y encargados de la política pública, en particular la económica.
El disponer de un Estado que no sea neutro frente a los derechos sociales y la posibilidad de que los recursos naturales, en particular el agua, sean realmente bienes nacionales de uso público”. Así de clara es la posición de la Fundación Chile 21, respecto del proceso que se inicia con la elección de los constituyentes. Lo reafirma Eugenio Rivera, director del Área Económica del centro de estudios, quien postula que “el proceso, más que riesgo, abre la esperanza de crear las bases de un nuevo pacto social.
Ninguna economía funciona con el grado de polarización existente actualmente”. El economista señala que el actual modelo económico se terminó y para crear condiciones para que la economía retome el dinamismo, clave es “transitar desde el Estado subsidiario —que si bien no aparece en la Constitución de forma explícita, lo atraviesa— un Estado emprendedor, como.
Enlos países asiáticos y del norte de Europa, con un involucramiento fuerte en el fomento y financiamiento del desarrollo tecnológico, la diversificación de la economía, la orientación de la colaboración con los distintos agentes privados”. Rivera asegura que esa mirada no significa construir una economía cerrada y tampoco poner en cuestión los equilibrios macroeconómicos, “sino lograrlos con perspectiva de largo plazo, flexibles, distinguiendo déficits que permiten mayores niveles de inversión, y que redunda en mayores recursos en el fu= turo, como es invertir en las riquezas naturales de cobre, en la industria del litio, en que Chile puede ser una potencia mundial”. Rivera plantea que en el debate que viene Es urgente avanzar en tres temas económicos.
Uno de ellos, migrar de un Banco Central independiente en a fijación de sus objetivos, a una entidad independiente operativamente, “que, como en Australia, se coordina con cada nuevo gobierno en relación con las prioridades, en que participan en el Consejo el ministro de Hacienda y el de Economía, ambos con derecho a voto, y en que los consejeros son responsables políticamente ante el Congreso”. Además, agrega otra tarea para el ente emisor: sumar objetivos de empleo y de crecimiento. Lo segundo, menciona, es crucial que el Congreso tenga mayores facultades, “La centralización de la iniciativa en el Ejecutivo en materias económicas representa una desconfianza en la principal instancia democrática del país. Incluso en Estados Unidos el principal tomador de decisiones es el Congreso”, afirma Rivera. En ese sentido, propone que el tema previsional no esté en manos del Ejecutivo. Junto con lo anterior, subraya quese deberatificar y operacionalizar la naturaleza del agua como bien nacional de uso público. “Los privados no pueden desarrollar derechos de propiedad a partir de los derechos de uso que tienen, los cuales, además, deben ser temporales. Hay que cambiar eso”. En esta materia, Rivera cree necesario que el Estado tenga derecho a una participación adecuada de la renta de los recursos naturales.
Para todo lo anterior y el establecimiento de nuevos derechos sociales en la nueva Constitución, en Chile 21 ven necesaria una reforma tributaria, que asegure un incredela recaudación de 10 puntos en los próximos 10 años.
“Es clave la desintegración tributaria, es decir, que deben tributar empresas y personas, elevar las tasas marginales del impuesto a la renta y volver al 40%, terminar con las exenciones, entre ellas, el beneficio a las ganancias de capital”, enumera Rivera. En lo que hay mayores grados de coincidencia es en la importancia de que el texto resultante concite amplio respaldo ciudadano, de modo que se legitime.
Ly D: Riesgo de judicializar derechos sociales, y para el BC lo relevante es cómo quedará resguardada en la práctica la autonomía En Libertad y Desarrollo (Ly D) son categóricos en sostener que una de las pie= ras angulares del desarrollo que experimentó Chile en los últimos 40 años fue la estabilidad institucional.
Por lo mismo, dicen en el centro de estudios e investigación, lo que está en juego este fin de semana “es si para los próximos 30 o 40 años, vamos a contar o no con esa estabilidad institucional y constitucional”, plantea Bettina Horst, directora de Políticas Públicas de Ly D.
La preocupación radica, apunta Horst, en que si la Constitución termina siendo un conjunto de normas sin coherencia interna, que prometen cosas que no se van a poder cumplir y que no delimitan bien los espacios de poder entre instituciones, “va a llevarnos a una muy mala Constitución, que probablemente tendrá que ser reformada permanentemente en el tiempo”. Y eso, advierte, “va a generar una inestabilidad institucional y constitucional, que se traducirá en inestabilidad para l reglas del juego que perm ten que se desarrolle la economía”. Otro riesgo creciente, añade, es la sobreexpectativa en torno a la nueva Cons titución, “porque hay muchos sueños y anhelos que se esperan alcanzar, pero todos sabemos que en la práctica no se gatillan a partir de un nuevo texto constitucional”. Horst explica que la nueva Carta Magna entraría a regir tres años después del estallido, cerca de octubre de 2022, “y vamos a estar, producto de la pandemia, en un país distinto, más empobrecido, y la nueva Constitución se instalará en un momento difícil para la realidad de muchas personas”. Porlo mismo, uno de los temas que anticipa será muy debatido será el decálogo de derechos sociales. “La Constitución establece la base, y es la política pública que implementa cada gobierno la que define cómo se hace cargo de ese derecho social, sujeto a limitaciones de recursos. Es un error pensar que la Constitución es una lista de supermercado de derechos sociales”, afirma. Le inquieta la posible falta de realismo en este tema y que derive en sendas judicializaciones exigiendo el acceso a esos derechos.
“La experiencia comparada muestra que eso también genera inequidad, porque son las capas medias de la sociedad, y no las más necesitadas, las que se pueden organizar y contratar un abogado para esos fines”, apuntan en Ly D. En la medida en que se incorporen nuevos derechos sociales, determinante para la entidad será cómo se financiarán.
“Si finalmente serán los tribunales de justicialos que definirán el gasto fiscal asociado a ese cumplimiento, entonces ya no será la autoridad económica la encargada, e implicará un retroceso”. Clave para Horst en el debate constitucional será abordar el derecho de propiedad, pero aquí, señala, “es esencial cómo secumple y ejerce ese principio”. Otro tema que cree será materia de amplia discusión es contar con una institucionalidad que permita, por una parte, tener estabilidad macroeconómica, es decir, cuentas fiscales en orden para evitar déficit fiscal, y por otro lado, que dé estabili dad a la moneda, esto es, inflación baja y controlada.
“Dos temas que en los últiCEP y los derechos sociales: “Se deberá equilibrar lo que se quiere con lo que se puede” Tajante es la opinión del Centro de Es tudios Públicos (CEP) sobre lo que se jue ga Chile en a elección de constituyente: “El futuro para nuestros hijos y nietos. Nos jugamos el futuro político, social y económico del país”, enfatiza Leonidas Montes, director del think tank. Menciona que los principalesriesgos potenciales del proceso son “el fanatismo, los riesgos de los profetas y dueños de la verdad. O sea, los extremos”. Y también ve otros eventuales conflictos, que denomina “políticofreudianos' y entre poderes del Estado.
“Quela Convención Constituyente, que fue creada por el Congreso casi asu imagen y semejanza, no se lleve bien con su hijo, o que el hijo no se lleve bien consu padre”, apunta Montes, Y un tercer punto que subraya como de gran riesgo es el tiempo.
“Nueve meses o un año para escribir la Constitución es un período corto, es poco tiempo”, recalca Montes está convencido de que la nueva Constitución, para calificarla como exitosa, debe ser “simple y clara, que siente principios y contrapesos, y que no enumere anhelos y deseos”, Y ejemplifica: “En México, la Constitución asegura una vida sexual plena.
Eso yo considero Que es un anhelo y un deseo, y no creo que tenga que estar en la Constitución”, Sobre los temas económicos que podrían despertar más conflicto durante el proceso de redacción de la nueva Constitución, Montes cree que “si bien existe consenso sobre la importancia de la autonomía del Banco Central, puede haber discusión sobre la iniciativa exclusiva de la Presidencia en materia de gasto fiscal”. También piensa que los derechos sociales tensionarán “Se deberá equilibrar lo que se quiere con lo que se puede”, asevera. Para el director del CEP, las materias económicas que de todas maneras deberían estar presentes en el nuevo texto constitucional tresclásicos princilaigualdad, libertad y justicia.
Y no debemos olvidar que la propiedad, en el sentido amplio y profundo de lo propio, másallá de lo material, es un derecho humano fundamental que se relaciona con la dignidad”. Frente al proceso en curso, Montes se declara confiado.
“Creo que nuestra institucionalidad estará muy desafiada, pero confío en la moderación de la gran mayoría, en ese equilibrio que, según la encuesta CEP, tiende al centro”. Saberes Colectivos: Poner fin al rol subsidiario del Estado y establecer el derecho humano al agua “Lo principal que se juega Chile hoy es superar la crisis de legitimidad de las instituciones políticas en general (... ) Lo central en esta Convención son los derechos, que están desequilibrados, privatizados en la actual Constitución”. Así explica la economista Claudia Sanhueza la relevancia para el país del proceso que se desarrolla este fin de semana.
La directora de Saberes Colectivos, el centro de pensamiento ligado al Frente Amplio, postula que el gran tema a abordar será poner fin al rol subsidiario del Estado, “o al menos, dejar la puerta abierta para que no sea obligatorio ese rol, sino que se defina en la política pública y no en la Constitución, como ocurre hoy”. Para la economista, otro tema que estará en el centro de la discusión y que anticipa puede generar conflicto, es el relativo a la propiedad de los bienes comunes, como el agua. Considera conveniente “establecer el derecho humano al agua, lo que significa Que cualquier sistema de administración, incluso privado, tenga límites.
El bordeesel aseguramiento del consumo humano, junto con el límite ecológico”. En este punto, Sanhueza es partidaria de dejar consagrado en la Constitución lo que hoy está plasmado en el Código de Aguas: el agua es un bien nacional de uso público.
“Hay que incorporar esa mirada en el texto constitucional, porque en la actualidad la Constitución le da demasiado peso al derecho privado y como país debemos mejorar la administración y gestión de un bien escaso y vital como es el agua, Ese derecho social hoy está privatizado y hay que abordar la propiedad privada en el espacio de los derechos, con esa mirada”, explica. Ensu opinión, es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que permita visibilizar temas como el medioambiente y ampliar los derechos sociales. “Sería inter Tesante poner un preámbulo en la ConstituCión, que no implica que haya un derecho en sí mismo, pero que sí permite que después las leyes se hagan en función de ese preámbulo. Así ocurre en Alemania y Frar cia”, apunta.
Otro camino, agrega, es seguir la recomendación del pacto internacional de derechos humanos, “poner en la Constitución el derecho a la educación, al trabajo, ala seguridad social, a la salud, a un medioambiente limpio, y establecer al mismo tiempo que esos derechos van a ser cubiertos de manera progresiva y creciente por el Estado.
Obliga a las leyes a ir avanzando en esa dirección, en la cobertura de esos derechos”. Lo clave ahí, menciona Sanhueza, es que no genera una sobreexpectativa que después no será cumplida y, al mismo tiempo, pone presión al Poder Legislativo para que progresivamente se vaya avanzando en la cobertura de esos derechos. El mayor riesgo que ve la economista es quela ciudadanía no se sienta representada.
“Espero que la Convención sea capaz de involucrar en el proceso a las voces de la ciudadanía, porque aun cuando la Convención sea electa por voto popular, va a ser elegida conel sistema electoral actual, que tiene sus limitaciones y tuvo un tema con los independientes. Ahí hay un riesgo y lo que no puede pasar es que la nueva Constitución sea escrita entre cuatro paredes”, sostiene. La solución para hacerla más inclusiva, dice, es abrir el diálogo y socializar el proceso yendo a regiones, organizar encuentros ciudadanos para recoger opiniones y char a la gente, a la sociedad civil. A su juicio, la vara para medir el éxito del proceso será la duración de la Constitución. “A corto plazo, la medida del éxito será el nivel de aprobación que obtenga de la ciudadanía, y a largo plazo, los años nos irán diciendo si se hizo bien el proceso. Si la Constitución dura 30 o 40 años, quiere decir que el proceso fue exitoso”. Mos 40 años nos hemos acostumbrado a que no sean temas relevantes, pero que no están garantizados”, expresa.
Añade que hay distintos elementos que contribuyen a esos objetivos, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto, la forma en cómo se tramita la Ley de Presupuestos, la no afecta ción de tributos (que el impuesto no esté definido para un fin) y la autonomía del Banco Central. En este último punto también advierte un potencial riesgo. “Muchos constituyentes podrían estar de acuerdo en la autonomía del Central, pero al mismo tiempo podrían abrirse a la acusación constitucional a los consejeros. Lo importante no es solo escribir la palabra “autonomía”, lo relevante es cómo se resguarda en la práctica”, plantea Horst.
También prevé que estarán en la agen= da de discusión la libertad de emprendi la no discriminación regulatoria, permitir la competencia en los mercados, el Estado en su rol empresarial y el agua, “donde es clave reconocer que no llega motu proprio a los hogares, es necesario establecer incentivos para que se genere el desarrollo del sector que provee del recurso”. Si todo el proceso que se inicia fue finalmente exitoso para el país, recién se verá en 10 o 15 años más, piensa Horst, aunque “una forma más preliminar de evaluar los resultados es si dentro de cua= tro años se ha recuperado la confianza en las instituciones en los distintos sectores dela sociedad (... ). Las grandes ganancias olos grandes costos no son inmediatos”. Con todo, Bettina Horst se define en “estado de alerta”, porque, dice, serán muy importantes los liderazgos que se instalen y los plazos en que finalmente la Constituyente sea capaz de sacar un reglamento de funcionamiento, que espera no debiera ser más allá de 30 días.
Cieplan: que la Carta sea escrita por personas equilibradas, que valore la inversión extranjera y que reciba un apoyo muy amplio en el siguiente plebiscito En Cieplan (Corporación de Estudios para Latinoamérica) aseguran que no hay voz que represente ala institución entorno al debate constitucional, sino que, más bien, “conviven muchas visiones, niones y miradas que interpretan distintas posiciones”, puntualiza Patricio Meller, director de proyectos del centro de estudios y académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
El economista piensa que “independiente de la Constitución que se arme —que no creo que sea la Constitución para los próximos 30 años, sino que el inicio de una trayectoria de modificaciones en el tiempo—, tengo una perspectiva más optimista y auspiciosa para el país, porque el futuro de Chile estará muy vinculado al precio del cobre y a la economía verde, y yo v lumbro un ciclo largo de precios altos para el cobre y de crecimiento”. Meller no cree que el nuevo texto constitucional pondrán peligro el desarrollo minero o la propiedad de los recursos, “ni que vaya a nacionalizar el cobre o expropiar las compañías mineras, porque eso sería marginarse del mundo, renunciar a la globalidad, y des de el punto de vista económico, de frentón sería dejar de crecer”. Apuesta, más bien, a una nueva Constitu= ción escrita por gente “racional, criteriosa, con posturas balanceadas y equilibradas, que promuevan un modelo económico más inclusivo, menos individualista y más colaborativo”. Junto coneso, añade, “es importante que la nueva Constitución valore el rol que juega la inversión extranjera, donde en Chile Representa el 25% a 30% de la inversión total, y ha sido un factor central en las altas tasas de crecimiento que hemos tenido (.... Tenemos que seguir siendo competitivos para atraerla”. Donde ve riesgos, reconoce, es en consa= grar derechos sociales en la nueva Carta Magna. “El dilema es cómo se cumple lo que se promete.
Queremos salud de calidad, vivienda de calidad, educación de calidad, peroel problema es qué pasasiel ciudadano considera que el Estado no cumple. ¿Va a demandar al profesor, al colegio, al ministro de Educación?”. Es partidario de resguardar esos derechos en las leyes, pues “estas se pueden modificar de acuerdo a las necesidades del país”, acota.
Elexministro einvestigador senior de Cieplan, José Pablo Arellano, explica que dado que la Constitución define las reglas que gobiernan la política, el funcionamiento del Estado, los deberes y derechos de los ciudadanos, en la elección de los constituyentes “necesitamos personas que sean capaces de dialogar, de reflexionar sobre ventajas y desventajas de las alternativas, y recoger distintos puntos de vista para lograr un texto capaz de darnos reglas apropiadas para enfrentar los variados desafíos que tenemos y los nuevos que surgirán en las próximas décadas”. A su juicio, uno de los mayores riesgos del actual proceso es que el texto que se acuerde sea inadecuado a los desafíos que hoy enfrenta Chile, y que “deje a un grupo dela población con la sensación de desprotección de sus derechos esenciales o que no Sea suficientemente inclusivo”. En lo económico, tres grandes aspectos le parecen claves a Arellano.
“Para desarrollarnos necesitamos evitar las crisis y la inestabilidad económica (.... Si hemos logrado estabilidad macroeconómica en los años hasido gracias ala responsabilidad fiscal que requiere de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gas tos, impuestos, seguridad social y endeudamiento público”. También se requiere, añade, un Banco Central profesional y autónomo como el que tenemos. Plantea que otros requisitos relevantes para el progreso económico y la creación de buenos trabajos son la inversión, innovación y emprendimiento. “Esas son actividades que suponen que las empresas y emprendedores puedan enfrentar riesgos económicos importantes, y para eso necesitan reglas estables e instituciones confiables”, indica. En tercer lugar menciona que la Constitución debe establecer reglas que ayuden a impulsar un Estado moderno, “que regule de manera adecuada la competencia en los mercados, los permisos ambientales, los servicios públicos, etc.
La Constitución no debe entrar al detalle en estos temas, pero tiene que dar el marco que favorezca la dictación y aplicación de regulaciones modernas que resguarden el interés general”. La principal medida del éxito del proceso, apunta, será una Constitución que después reciba un apoyo muy amplio en el plebiscito de fines del próximo año, “ojalá tan amplio como el que logró el Apruebo enel plebiscito de octubre pasado. Eso daría gran legitimidad al nuevo texto”. Más a largo plazo, añade Arellano, hay otra vara para medir el resultado.
“El éxito sería enorme si a fines del 2042, cuando se haga este mismo reportaje con motivo del vigésimo aniversario de una nueva Constitución, se reconozca que el nuevo texto contribuyó a dar gobernabilidad al país y aimpulsar su progreso”.