Autor: POR J. TRONCOSO OSTORNOL
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instruyó este lunes el desistimiento de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas.
El proceso fue iniciado en la administración Boric y se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario del terreno activó una arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$ 53,8 millones.
El pasado 4 de marzo, antes del cambio de mando presidencial, el exPresidente Gabriel Boric realizó una visita a los terrenos junto a autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Según informó el Serviu, en la instancia se revisó el avance del proceso de expropiación del inmueble y los pasos que permitirán transformar este espacio en un futuro parque urbano habitable para la ciudad.
La expropiación forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales.
El 1 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial las resoluciones del Serviu de Magallanes que dispusieron la expropiación por causa de utilidad pública respecto del inmueble, ubicado en Calle Avenida Bulnes 0601.
En el documento se detalló que la comisión tasadora nombrada por el mencionado servicio -integrada por Jeanette María Antunovic, María Soledad Martínez y José Luis Subiabrefijó un monto provisional de indemnización en $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). El pasado 19 de marzo, la Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. -que se constituyó por Decreto Supremo el 9 de diciembre de 1911presentó ante la justicia una reclamación en que exigió que se aumente el pago por la expropiación del mentado terreno.
Su abogado Felipe Molina, que lidera el estudio Expropiados. cl, sostuvo que la comisión de peritos "no ponderó adecuadamente el daño real, efectivo o verdadero provocado en el patrimonio" de la compañía, por WVAL lo que solicitó una indemnización de al menos s $ 48.939 millones, unos US$ 53,8 millones.
El oficio El lunes 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario -al que tuvo acceso Diario Financierodirigido al director del Serviu de Magallanes "con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas". En el mencionado oficio, el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. "A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco", sostuvo.
Además, hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible. "El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible -atendido que el cheque no ha sido giradoy que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata", dijo el ministro.
Por esto, instruyó proceder a realizar las diligencias de desistimiento del mentado proceso y que el tribunal a cargo retenga los montos consignados "a efectos que esta autoridad entrante pondere la continuidad de la expropiación". El dominio Ante la consulta de Diario Financiero, el abogado de la sociedad, Felipe Molina, dijo que efectivamente existe un documento emitido y firmado por el ministro de Vivienda instruyendo al Serviu Magallanes que solicite la retención de la indemnización provisional consignada ante el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas. "Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso, toda vez que utiliza una norma totalmente equivocada (artículo 20 del Decreto Ley Nº2.186 de 1978), dándole un sentido que no corresponde", dijo el jurista.
Explicó que, conforme al artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, "el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante". Por esto, aseguró que el hito que marca el traspaso al expropiante no es el retiro de la indemnización por parte del expropiado, sino que la consignación judicial o depósito del dinero, en este caso por parte del Serviu Magallanes, lo que ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en la causa que se sigue ante el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas. "Por tanto, desde esa fecha Club Hípico de Punta Arenas S.A. perdió el dominio del inmueble.
En este sentido, desde aquel entonces, Serviu Magallanes ha realizado actuaciones de dueño, como ha sido autorizar a los dueños de los caballos mantener sus animales en el recinto hasta el día de hoy, como es de público conocimiento", sostuvo el jurista.
Y anunció: "Velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso". "El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas". Autor: POR J. TRONCOSO OSTORNOL.
En el proceso, iniciado en la administración Boric, se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. "El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas". El proyecto del Serviu considera transformar el terreno en un parque urbano.