Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Ausencia de “indicadores” para medir Plan Calles sin Violencia pone en duda su “efectividad en reducción de homicidios”
Ausencia de “indicadores” para medir Plan Calles sin Violencia pone en duda su “efectividad en reducción de homicidios” En medio del peak histórico de 1.330 homicidios durante 2022, el primero en la administración del Presidente Gabriel Boric, el Gobierno puso en marcha al año siguiente el denominado “Plan Calles sin Violencia”, orientado a reducir la ocurrencia de este tipo de delitos mediante “intervenciones focalizadas” en determinadas comunas del país, que en un inicio fueron 46, además de la entrega de recursos para la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). “No son lugares cualesquiera, es en donde está concentrada la mayor población de nuestro país, son los grandes centros urbanos, son los lugares donde no podemos solo trasladar equipos especializados de la PDI y poner un foco particular de la fiscalía, porque por su magnitud requiere un esfuerzo mucho mayor”, decía ese año la entonces ministra del Interior Carolina Tohá, a propósito del plan.
A casi tres años de lo anterior, la política pública ha tenido varias modificaciones, principalmente respecto de dónde opera, pues pasó de ser aplicada en comunas, hacia zonas “priorizadas” y otras “focalizadas” que, tras consultas de “El Mercurio”, el Gobierno no ha detallado. Según información del Ejecutivo, dichas zonas se evalúan mensualmente, pudiendo modificarse según la actividad registrada.
En esa línea, señalan que actualmente el plan se centra en “persecución penal efectiva” y respecto de ello, mencionan que entre 2023 y 2025 se destinaron $24 mil millones al Ministerio Público para el financiamiento de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH, de la Fiscalía) y más de $10 mil millones a la PDI para insumos tecnológicos y equipamiento. En esa línea, destacan mejoras en índices de “investigaciones de homicidios con resultado positivo”, así como el aumento del porcentaje de imputados conocidos respecto de este delito. También que hubo “aumento de patrullaje y presencia policial”, a cargo de Carabineros, que pasó de ser comunal hacia las mentadas zonas que se definen de forma mensual.
Este jueves, el Gobierno dio a conocer el nuevo Informe de Homicidios Consumados de 2025, el que informa de una baja de la tasa por cada 100 mil habitantes desde 6,1 a 5,4, lo que equivale a 118 asesinatos menos.
Pese a que el objetivo del plan era precisamente ese, entre exautoridades y expertos consultados por este medio no está del todo claro que el descenso en los índices de homicidios responda a esta política pública, pues esta no tendría las herramientas o indicadores de medición que permitan confirmar aquello. n Se necesita detalle de territorios intervenidos Al respecto, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, plantea que “las políticas públicas en seguridad requieren siempre sistemas de monitoreo y evaluación robustos.
El Plan Calles sin Violencia incorpora algunos indicadores operativos relevantes, como controles policiales, detenciones, inc a u t a c i o n e s o avances en persecución penal, lo que permite observar la actividad institucional asociada a la intervención”. No obstante, añade que “cuando se busca evaluar el impacto de una política pública, es importante avanzar hacia indicadores más específicos que permitan contrastar resultados en los territorios intervenidos, comparar tendencias antes y después de la intervención y distinguir efectos respecto de otras dinámicas delictuales.
Ese tipo de medición es clave para identificar qué estrategias están funcionando mejor y dónde es necesario ajustar las intervenciones”. Coincide con lo anterior Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián, quien sostiene que “el estándar mínimo para afirmar efectividad exige identificar con precisión los territorios intervenidos, el período de intervención y la intensidad de las medidas.
Si el propio Gobierno evita transparentar esos datos territoriales, la evaluación del impacto del plan se vuelve técnicamente débil”. Así, agrega que desde su experiencia como exfiscal, existe un punto relevante: “La dinámica de los homicidios no depende solo del patrullaje policial o del despliegue operativo.
Está, cada vez más seguido, fuertemente vinculada a fenómenos de crimen organizado, disputas territoriales entre bandas, mercados ilegales y disponibilidad de armas”. n Evaluaciones debieran ser “externas y públicas” Por su parte, el exsubsecretario de Interior e investigador del Cescro Felipe Harboe apunta que “las evaluaciones de programas deberían ser hechas por entidades externas y además ser públicas”. En ese sentido, advierte que, hasta el momento, “no se conocen los instrumentos de evaluación del plan y si ha sido efectivo o no en la reducción de homicidios.
Podrían estar bajando por la consolidación de bandas y sometimiento de rivales o por una reducción efectiva de los homicidios en zonas distintas de donde se implementa el plan”. Conocer eso, dice, “es clave para analizar la continuidad de un plan con tantos recursos públicos y funcionarios”. Sobre la importancia de las herramientas de medición de este tipo de iniciativas, Johnson sostiene que “contar con indicadores claros y comparables es fundamental para cualquier política pública, y particularmente en seguridad.
Permiten no solo medir resultados, sino también comprender con mayor precisión cómo se comporta el fenómeno que se busca abordar y qué intervenciones tienen mayor efecto”. Lo anterior no ocurriría con el Plan Calles sin Violencia, dice Luis Toledo, pues afirma que no es posible medir la efectividad de este, o, al menos, “no con el nivel de rigurosidad que exige una política pública de esta magnitud. Lo que existe hoy son indicadores de actividad estatal: número de controles, operativos, detenidos o recursos asignados.
Esos datos son relevantes para medir gestión, pero no bastan para demostrar impacto criminológico”. “Una evaluación seria debería incorporar al menos cuatro elementos: una línea base previa a la intervención, delimitación clara de los territorios intervenidos, comparación con zonas no intervenidas y análisis de desplazamiento del delito”, apunta.
En tanto, Johnson sostiene que “avanzar en mediciones más específicas y transparentes contribuye tanto a mejorar la efectividad de las políticas como a fortalecer la confianza pública en sus resultados”. En concordancia con esto, el también exsenador Harboe dice que “planes o programas sin evaluaciones no deben existir.
El uso de recursos públicos debe ser eficaz y eficiente y no ser la fuente de financiamiento de empleados u operadores”. n ECOH y patrullajes entre mediciones, según Gobierno Ante esto, desde el Ministerio de Seguridad indican que “no es adecuado señalar que el plan no se puede medir. De hecho, en el caso del componente de persecución penal, se ha evaluado el impacto de los equipos ECOH, implementados en el marco del programa Calles sin Violencia, mostrando resultados positivos y significativos.
En el caso del patrullaje policial, se ha evaluado su implementación, generando reajustes en su diseño original”. En esa línea, además, destacan la reducción en los niveles de homicidios, “aunque el Plan Calles sin Violencia no es la única política que incide en ello”, y añaden que “estos resultados muestran la efectividad de una nueva forma de gestionar los temas de seguridad, mediante la toma de decisiones basadas en evidencia, la integración, coordinación y objetivos comunes de las instituciones del Sistema de Seguridad Pública”. TRES AÑOS En abril, el Plan Calles sin Violencia cumpliría tres años, desde que comenzó su implementación.
Es importante avanzar hacia indicadores más específicos que permitan contrastar resultados en los territorios intervenidos, comparar tendencias antes y después de la intervención”.. ............................................................... DANIEL JOHNSON DIRECTOR EJECUTIVO DE PAZ CIUDADANA Lo que existe hoy son indicadores de actividad estatal: número de controles, operativos, detenidos o recursos asignados.
Esos datos son relevantes para medir gestión, pero no bastan para demostrar impacto criminológico”.. ............................................................... LUIS TOLEDO EXFISCAL Y DIRECTOR DEL CESCRO No se conocen los instrumentos de evaluación del plan y si ha sido efectivo o no en la reducción de homicidios. Podrían estar bajando por la consolidación de bandas y sometimiento de rivales”.. ............................................................... FELIPE HARBOE EXSUBSECRETARIO DE INTERIOR Autor: OLIVER RODRÍGUEZ. Desde el Gobierno, en tanto, afirman que la política pública se evalúa constantemente; que en base a ello se han realizado varias modificaciones y que actualmente consiste en un mayor patrullaje y persecución penal.
Según expertos, que cuestionan la falta de detalle de los territorios intervenidos: TRES AÑOS En abril, el Plan Calles sin Violencia cumpliría tres años, desde que comenzó su implementación. ‘‘Es importante avanzar hacia indicadores más específicos que permitan contrastar resultados en los territorios intervenidos, comparar tendencias antes y después de la intervención”.. ............................................................... DANIEL JOHNSON DIRECTOR EJECUTIVO DE PAZ CIUDADANA ‘‘Lo que existe hoy son indicadores de actividad estatal: número de controles, operativos, detenidos o recursos asignados.
Esos datos son relevantes para medir gestión, pero no bastan para demostrar impacto criminológico”.. ............................................................... LUIS TOLEDO EXFISCAL Y DIRECTOR DEL CESCRO ‘‘No se conocen los instrumentos de evaluación del plan y si ha sido efectivo o no en la reducción de homicidios.
Podrían estar bajando por la consolidación de bandas y sometimiento de rivales”.. ............................................................... FELIPE HARBOE EXSUBSECRETARIO DE INTERIOR El Plan Calles sin Violencia comenzó su ejecución en abril de 2023, para hacer frente al histórico peak de 1.330 delitos de homicidios consumados registrados en 2022.