Columnas de Opinión: El desafío fiscal en Chile
Economista senior Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP El desafío fiscal en Chile a política fiscal chilena enfrenta una L creciente tensión, marcada por el deterioro del balance estructural y el reiterado incumplimiento de las metas fiscales. En este contexto, la deuda bruta continúa aumentando y se aproxima al nivel prudente de 45% del PIB. Aunque sigue por debajo del promedio regional y de economías comparables, la preocupación radica en su trayectoria ascendente, aun cuando su ritmo de alza se haya moderado en los últimos años de la presente administración. El mayor endeudamiento ha incrementado la carga por pago de intereses. Entre 2009 y 2019 — antes de la pandemia—, estos representaban un 3% del gasto total del gobierno central, cifra que subió a 4,5% en promedio durante 2023 y 2024. Respecto de los ingresos tributarios netos, el pago de intereses pasó de 4% a 6% en igual periodo. Esta tendencia refleja la mayor incidencia del pago de interés en las finanzas públicas, lo cual reduce el margen el espacio fiscal para políticas públicas.
Por su parte, en el proyecto de la Ley de presupuesto de 2026, los intereses son la partida de gasto del gobierno central que registraría el mayor incremento real anual, llegando a 131% entre 2025 a 2026. En tanto, en el horizonte de proyección se espera que el pago de intereses aumente como proporción del PIB pasando de 1,3% en 2025 del PIB a 2030. Este escenario refleja la magnitud del desafío fiscal. Reconducir las finanzas públicas exige fortalecer el crecimiento económico y, a la vez, revisar la trayectoria del gasto.
Si bien hay consenso en la necesidad de impulsar la actividad, no existe la misma convicción transversal respecto de contener el alza del gasto, una decisión de economía política a partir de la definición de la meta del balance estructural. La racionalización del gasto debe priorizar la eficiencia sin afectar la inversión pública. Ello implica evaluar técnicamente los programas sociales y los gastos de funcionamiento — en personal y operaciones— para reasignar recursos con criterio de efectividad. A la par, resulta esencial alcanzar acuerdos políticos que permitan impulsar los cambios normativos necesarios, junto con un liderazgo claro de las autoridades económicas. Encauzar las finanzas públicas es una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de programas sociales y enfrentar los desafíos futuros de la economía chilena.