Autor: Adolfo Alvial, consultor internacional en acuicultura

Columnas de Opinión: Ley Lafkenche: de "suma cero" a compatibilidades
Columnas de Opinión: Ley Lafkenche: de "suma cero" a compatibilidades a Ley Lafkenche nació con un propósito legítimo: reconocer el vínculo histórico de los pueblos originarios con el borde costero y abrir espacios de participación en su gestión. L Ese objetivo es ampliamente compartido. Sin embargo, tras más de trece años de implementación, la experiencia muestra que su diseño normativo y sus procedimientos han generado efectos no previstos que tensionan el desarrollo de numerosos territorios del sur de Chile. El problema no es el fin de la ley, sino su arquitectura. Tal como opera hoy, la solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) suspende la tramitación de cualquier otra petición sobre el área, incluso aquellas presentadas con años de anticipación.
Esta regla se ha transformado en un mecanismo de "suma cero": mientras no se resuelva la ECMPO -proceso que puede extenderse por cinco o más años-se paralizan concesiones de acuicultura, infraestructura portuaria, turismo, energía, obras públicas e iniciativas de conservación. Las solicitudes de ECMPO bordean los dos millones de hectáreas, frente a unas 15.500 hectáreas de concesiones acuícolas, lo que ilustra la magnitud territorial del fenómeno. El impacto es concreto: inversiones detenidas, empleo local afectado, pescadores sin certezas, pymes frenadas y obras públicas postergadas. A ello se suma una debilidad institucional. La ley no define criterios verificables de representatividad ni establece plazos claros para los organismos involucrados. Además, conviven sin articulación efectiva la Ley Lafkenche, la Ley General de Pesca y Acuicultura y la Política Nacional de Uso del Borde Costero. El costo de esa descoordinación lo asumen los territorios. Nada de esto implica desconocer derechos indígenas. Por el contrario, una mala implementación erosiona la confianza en el instrumento. Existen ECMPO que coexisten con actividades productivas; el problema es que el modelo actual no incentiva esa convivencia, sino la confrontación anticipada. He propuesto ajustes concretos: reemplazar la suspensión automática por un sistema de compatibilidades; establecer plazos máximos y etapas claras; definir criterios objetivos de representatividad; y crear instancias de mediación obligatoria para acuerdos de uso compartido. También es imprescindible fortalecer la capacidad técnica del Estado, hoy insuficiente para procesos complejos que requieren soporte profesional adecuado. Algunos sostienen que estas críticas buscan debilitar la ley. Es lo contrario. Una norma que congela el desarrollo y genera incertidumbre termina siendo insostenible. Cuidar la Ley Lafkenche implica corregirla para que cumpla mejor su misión: proteger la identidad cultural y permitir oportunidades reales de desarrollo. Chile enfrenta desafíos de empleo, descentralización y seguridad alimentaria que no se resolverán con vetos cruzados. Necesitamos reglas claras donde los derechos dialoguen. Ajustar la ley no es renunciar a su espíritu, sino hacerla viable. Autor: Adolfo Alvial, consultor internacional en acuicultura. C Columna