Autor: Nicolás Reyes Acevedo
Indicaciones gatillan debate dentro y fuera de la Convención
En las últimas semanas, a propósito de las definiciones que se están tomando en cuanto al reglamento, el órgano constituyente ha sido escenario de reiterados enfrentamientos, con motivo de polémicas mociones de carácter refundacional y sanciones muy cuestionadas.
Asi dos meses han transcurrido desde la instalación de la Convención Constitucional, pero recién en las últimas semanas entraron a afinar algunas de las materias másimportantes para comenzar su trabajo, como son el reglamento general y los internos de cada comisión. Un proceso en que han abundado posiciones encontradas, no solo entre integrantes del órgano, sino también con entidades privadas y el Gobierno. De hecho, una indicación en la instancia de Derechos Humanos ha provocado un duro enfrentamiento en los últimos días.
La moción en cuestión, aprobada en una maratónica jornada que se estiró hasta las 4 de la mañana del sábado 28 de agosto, dice relación con la sustitución de Carabineros por un cuerpo que ejerza funciones policiales bajo la óptica de los DD. HH., el cual además sería dirigido por civiles. Una disposición que de todas formas generó ruido en el secretario de la Comisión, que habría advertido que dicha propuesta sería inconstitucional. Asimismo, se dio luz verde a un acuerdo para levantar la cláusula de secreto que existe sobre el informe Valech.
Al respecto, uno de los integrantes de la instancia, el exsenador Felipe Harboe (PPD), indicó en su cuenta de Twitter que “se aprobaron muchas normas que hasta el secretario advirtió su inconstitucionalidad así que evaluaremos recurrirlas”. Posteriormente, el otra parlamentario por la Región del Maule explicó al portal Emol que “esta es una comisión transitoria, no tiene potestades para mandar a nadie, menos para 'imponer' cambios institucionales.
Eso podrá ser parte del debate de fondo, pero ahora no procede”. Así y todo, la propuesta vino a reflotar un tema que ha suscitado debate público en los últimos años, a propósito de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la policía unilos últimos años, puntualmente en el contexto del estallido social.
Y si bien el martes recién pasado los coordinadores de la Comisión de Reglamento, Amaya Alvez y Daniel Bravo, excluyeron las propuestas antes mencionadas, haciendo hincapié en que eran materias que no correspondían a propuestas para la elaboración de las reglas, el tema ya estaba puesto sobre la mesa y los dimes y diretes no se hicieron esperar. FÉRREA DEFENSA A LA HISTORIA DE CARABINEROS En cuanto surgió el tema, el Gobierno rápidamente salió a respaldar a la fuerza policial.
De hecho, fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien el mismo sábado 28 durante el día aseveró que “cuando uno conversa con tanta gente lo que más nos piden es la presencia de las policías y en este caso Carabineros Chile hace una labor tremendamente importante a lo largo de todo el territorio nacional. (... ) Lo que más nos piden es presencia de Carabineros, lo que más nos piden es más comisarías, reforzar las tenencias o más vehículos o más dotación de gente”. En la misma línea, sostuvo que el Ejecutivo está trabajando en la reforma de la policía uniformada, principalmente con miras al 2027, que es cuando la institución cumplirá 100 años de historia, aseverando además que está abordando diferentes aspectos que eventualmente se deberían corregir.
“No caigamos en esto, de esta creencia de que por levantar un punto político, uno puede borrar de un plumazo la historia de una institución tan relevante como Carabineros de Chile”, sentenció en dicha oportunidad, quien días después reiteró que “hay que tener mucho cuidado cuando se quiere un punto, a veces político, pero que no se entiende la historia de Carabineros, no se entiende el proceso en que estamos ahora, un proceso de reforma, no un proceso de refundación”. LA DISCUSIÓN POR EL DERECHO PREFERENTE DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN DE SUS HIJOS El jueves 26, constituyentes de Vamos por Chile expresaron su molestia luego de que se rechazara en la Comisión de Reglamento la indicación 315, la cual buscaba integrar, entre otros, la “libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, como uno de los aspectos que serían abordados por la futura Comisión sobre Derechos Fundamentales.
Finalmente, no recibió el visto bueno, con 16 votos en contra, 12 a favor y dos abstenciones, Más allá de las críticas de la centroderecha, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera, advirtió que “de no corregirse la decisión en el pleno de la Convención Constitucional, es absolutamente previsible que los padres y las comunidades escolares del país harán oír su voz de rechazo, porque solo en los regímenes totalitarios no se respeta y reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Si la Convención insiste en este camino, no quedaría otra opción que rechazar el texto que propondrá la Convención el próximo año”. Juan Sandoval indica que la indicación rechazada “lo que se propone es garantizar la libertad de emprender en el tema educacional.
La libertad de enseñanza en Chile se entiende como la opción de elegir un proyecto educacional determinado, algunos dirán que se trata de asegurar que gente opte por proyectos culturales o religiosos, sin embargo, la gran mayoría de las familias en Chile considera que es importante elegir colegios porque la oferta educacional no es igualmente buena, de modo que para la gente común el problema realmente es la igualdad educacional.
Si tuviéramos estándar universales de educacional, no tendríamos este debate”. Para Fernando Wilson, en tanto, afirma que el rechazo a la medida “fue un gustito que se dieron algunos constituyentes, veamos qué es lo que ocurre, pero esto puede ser uno de los factores que pueda complicar el concepto unitario de la Constitución.
No incluir un elemento así, que es tan valioso para un sector importante de la población chilena, puede significar un punto de quiebre que una parte de la sociedad, no se sienta interpretada por la Carta Magna; más allá de votar se agrega el problema que habrá una gran cantidad de gente que no se va a sentir interpretada”. O por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en un tono muy similar al titular de Interior, indicó que “he estado en diferentes localidades del país, me he reunido con las autoridades locales y en el último tiempo he recibido la visita de muchos de ellos. Ninguno me ha pedido que cierre un cuartel, ninguno me ha pedido que elimine a los carabineros de donde están. Todos me han pedido más carabineros”. “Solamente quiero decirle al país que vamos a seguir trabajando con un compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años de entrega, dedicación y compromiso con nuestros compatriotas.
Las vidas que han entregado más de 1.600 carabineros en el cumplimiento del deber, es el reflejo de una institución comprometida con su patria, con su país y de los errores también hemos aprendido”, agregó Yáñez.
“NO NOS VAMOS A DEJAR PAUTEAR” En el intertanto, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa (Apruebo Dignidad), salió al paso de las críticas del Gobierno, defendiendo las determinaciones que lleguen a tomar en las distintas instancias. “La última palabra en materia de configuración de las normas reglamentarias la tiene el Pleno. Por lotanto, todo lo que hemos escuchado hasta ahora son propuestas que han surgido desde las Comisiones, pero que todavía tienen que ser ratificadas por el Pleno”, remarcó el lunes.
En la misma línea, el abogado puntualizó que “en este tipo de discusiones, los poderes constituidos son incumbentes, en el sentido de que tienen un interés comprometido en la forma en que se está llevando adelante el proceso constituyente. (... ) En ningún caso nos vamos a dejar pautear o que se condicione el contenido de nuestras deliberaciones por lo que eventualmente pueda expresarse desde los poderes constituidos. En ese sentido, si a lo largo del proceso, la Constituyente toma alguna decisión respecto de la refundación de Carabineros... Carabineros será refundado. Sino, no.
Pero es decisión de la Constituyente”. De la misma manera, Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente) sostuvo que la propuesta persigue “la sustitución de la institución de Carabineros por una institución que no sea militarizada, que no discrimine entre oficiales y suboficiales y, lo másimportante, tenga una doctrina y una ejecución de su trabajo basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y de todos”, haciendo hincapié en que “aquí hay un problema con una política de Estado que viola los derechos humanos desde hace mucho tiempo”. “HACER UN PUNTO POLÍTICO” Frente a esta discusión que se ha tomado la última semana, el psicólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Juan Sandoval, considera evidente “que por principio el proceso constituyente puede y debe abordar todas las instituciones del Estado.
El caso de Carabineros es especialmente relevante, porque su redefinición responde a la necesidad de repensar una institución que está viviendo una crisis profunda de probidad, de falta de compromiso con los DDHH, de profesionalismo, etc.
” Por lo mismo, el experto en psicología política y doctor en psicología social asume como “obvio que las cuestiones operativas sobre Carabineros deberán ser desarrolladas en leyes específicas, pero dadas las condiciones históricas en las cuales se está dando esta discusión a mí me parece que sí son necesarias definiciones a nivel constitucional en ámbitos institucionales en los cuales la ciudadanía espera transformaciones sustantivas, y ese esel caso de Carabineros”. Una mirada distinta es la del docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez Fernando Wilson. De partida, se apoya en la Ley 21200 y el artículo 15 de la Constitución, el cual establece que la Convención no tendría el poder de disolver instituciones.
“Pero no nos olvidemos que esto fue producto de una sesión maratónica, un poco sin mesura, que estuvo hasta las 4 de la mañana y donde además se aprobó, que es el verdadero tema central, que la Convención se convirtiera en un poder constituyente originario”. Indica.
“Uno podría pensar que de alguna manera fue un exceso de algunos integrantes bastante duros en su orientación ideológica, que tiendo a creer lo que buscaron fue hacer un punto político, porque incluso en la mañana del mismo día, algunos constituyentes como Felipe Harboe señalaban que eso iba a ser impugnado, porque claramente se excede”, complementa el doctor en Historia, quien considera que esta situación “más que producir un efecto real, fue hacer un punto político”, haciendo un nexo con el proceso de renuncias que ha sufrido en las últimas semanas la Lista del Pueblo.
Pero más allá de los impedimentos legales, Wilson también apunta a dificultades de orden práctico para materializar esta propuesta: “La verdad es que una institución de más de 60 mil hombres no puede cerrarse de la noche a la mañana y lo que es peor no puede reemplazarse de la noche a la mañana.
Hablar de refundación da la impresión de hacer un corte seco, que es algo materialmente imposible, a menos que quieras dejar a Chile sin policía durante una década que se demore en formar la nueva”. eL LÍO DEL NEGACIONISMO De la Comisión de Ética también surgieron mociones que han sacado ronchas entre los constituyentes.
En ese sentido, una de las que ha causado más revuelo es una que fue aprobada el 17 de agosto, respecto de las sanciones a quienes incurran en actos negacionistas, lo cual fue definido como “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a éste”. Incluso, se incorporaron “las atrocidades y el genocidio cultural cometido a los pueblos originarios y tribal afrodescendiente desde la colonización europea”. Pero sin duda lo que más llamó la atención son los tipos de sanciones, que van desde una amonestación por escrito hasta que un infractor deba participar en un programa de “reeducación”, los cuales estarían orientados a “educar en la materia infringida, tales como derechos humanos, relaciones interculturales, feminismo e igualdad de género, o cualquier otra que se requiera.
El comité solicitará la dictación de programas de formación a Servicios del Estado y organismos especializados, con indicación de la temática a impartir y el plazo en que debe ser dictado”. Por otra parte y posterior al negacionismo, también fue aprobada una norma para considerar como infracción la distribución de noticias falsas, que aparece en el mismo artículo que la moción antes detallada.
En concreto, se establece que se aplicarán sanciones por “difundir noticias falsas en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de sala o comisiones, conociendo o debiendo conocer su falsedad”. La medida provocó la molestia Marcela Cubillos (Vamos por Chile), quien ha arremetido en varias oportunidades a lo que calificó en su momento de “Reglamento Talibán en la Comisión de Ética”. Más recientemente, la exministra de Educación cuestionó vía Twitter si los “convencionales que afirman existencia de presos políticos y los que dicen que no hay terrorismo en La Araucanía ¿ deberían ser sancionados? No lo creo (... ) No a la censura, sí al debate político”. GARANTIZAR UN ESTÁNDAR ÉTICO Respecto de la discusión por las normas que se han abordado en el comité de Ética, Juan Sandoval asume que “es un tema complejo” de abordar. De todas formas, considera que “es importante garantizar un estándar ético que asegure que los convencionales no se hagan parte de las estrategias de fake news tan generalizas en la sociedad actual.
En ese ámbito el tema del negacionismo es un debate más específico, hay experiencias en otros países en las cuales se sanciona el negacionismo, pero aquello requiere que las sociedades establezcan una verdad sobre hechos”. Sobre este último punto, establece que “el problema en Chile es que una élite transó la verdad y justicia por la estabilidad de la transición, allí radica el verdadero negacionismo de los últimos 30 años.
Ahora, sin perjuicio de esta cuestión más general, es importante aclarar que lo propuesto por la comisión de convencionales es un estándar para la propia Constituyente”. Fernando Wilson, en tanto, muestra sus reparos sobre la idea de “reeducar” a los infractores. “Eso es digno de los Guardias Rojos en la Revolución Cultural China.
Reeducar a alguien, por Dios, y al mismo tiempo ¿ qué es negacionismo? ¿ Negar qué? ¿ Van a definir un catálogo de cosas que no se pueden plantear? Incluso, llega a la locura de que se vaa castigar el negacionismo por omisión. ¿Qué Osea, están planteando una contradicción lógica. ¿Cómo puede haber un negacionismo por omisión? ¿ Va a haber que hacer una procesión antes, va a haber que leer un decálogo de principios? Eso es absolutamente totalitario”, plantea.
Resumen
Al respecto, uno de los integrantes de la instancia, el exsenador Felipe Harboe (PPD), indicó en su cuenta de Twitter que “se aproba- LA DISCUSIÓN POR EL DERECHO PREFERENTE DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
El jueves 26, constituyentes de Vamos por Chile expresaron su molestia luego de que se rechazara en la Comisión de Reglamento la indicación 315, la cual buscaba integrar, entre otros, la “libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, como uno de los aspectos que serían abordados por la futura Comisión sobre Derechos Fundamentales., “No caigamos en esto, de esta creencia de que por levantar un punto político, uno puede borrar de un plumazo la historia de una institución tan relevante como Carabineros de Chile”, sentenció en dicha oportunidad, quien días después reiteró que “hay que tener mucho cuidado cuando se quiere un punto, a veces político, pero que no se entiende la historia de Carabineros, no se entiende el proceso en que estamos ahora, un proceso de reforma, no un proceso de refundación”., De la misma manera, Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente) sostuvo que la propuesta persigue “la sustitución de la institución de Carabineros por una institución que no sea militarizada, que no discrimine entre oficiales y suboficiales y, lo másimportante, tenga una doctrina y una ejecución de su trabajo basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y de todos”, haciendo hincapié en que “aquí hay un problema con una política de Estado que viola los derechos humanos desde hace mucho tiempo”.
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