Autor: Alfonso de Urresti Longton Senador por Los Ríos

Columnas de Opinión: El costo de la desconexión
Columnas de Opinión: El costo de la desconexión 1 alza sustantiva e histórica en el precio de los combustibles ya se siente en la región: un incremento de hasta $500 en las tarifas de los buses Expreso a la Costa, es un impacE to que trasciende lo estadístico y se convierte en una barrera para la movilidad y el desarrollo económico de miles de familias. Este escenario exige un análisis profundo sobre la responsabilidad del Ejecutivo en la estabilidad de los servicios básicos. El factor de los conflictos externos por supuesto que se entiende y es parte de la ecuación, pero la gestión pública requiere comprender la continuidad del Estado más allá de la mera administración de balances. El debate sobre el financiamiento y los subsidios debe alejarse de retóricas alarmistas sobre el estado de las arcas fiscales, concentrarse en la precisión técnica y en la sensibilidad social. La entrega de cuentas ordenadas es un requisito mínimo, pero la suficiencia de estas para proteger a los ciudadanos frente a choques externos es el verdadero estándar de eficiencia. La problemática de la zona costera de Valdivia evidencia una omisión recurrente en el diseño de las políticas de transporte. En el sur de Chile, la conectividad depende de una red compleja que incluye no solo buses y colectivos, sino también transporte fluvial y embarcaciones que operan entre islas y bahías. La exclusión de estos sectores en los mecanismos de compensación, como el bono mensual al transportista, revela una visión centralista que ignora la geografía física y humana del territorio.
Es urgente integrar también en estas medidas de mitigación a los pequeños agricultores y pescadores artesanales, que son el motor productivo local, y dependen directamente del combustible para trasladar sus productos a los centros de consumo. Sin un apoyo directo que considere sus particularidades, el incremento de costos operativos se traduce inevitablemente en un alza de precios para el consumidor final o en la precarización de su sustento. Si el objetivo del Gobierno es proteger el factor productivo y salvaguardar el bienestar de los sectores más vulnerables, debe ampliar los criterios de inclusión en sus políticas de subsidio. El Estado tiene el deber de garantizar que la estabilidad macroeconómica no se logre mediante el sacrificio de la economía doméstica regional. Urge conocer las medidas compensatorias que piensen en los territorios y sus particularidades. Autor: Alfonso de Urresti Longton Senador por Los Ríos. C Columna