Autor: Redacción
La exdirectora de ProCultura cambia de defensa en audiencia
La exdirectora de ProCultura cambia de defensa en audiencia U na inesperada crisis en la estrategia de la defensa y el inicio de la solicitud de medidas cautelares de alta intensidad marcaron la segunda jornada de formalización en el denominado Caso ProCultura.
Tras la renuncia del abogado Mario Valenzuela a la representación de la imputada María Teresa Abusleme, exdirectora de la fundación, por "discrepancias" de última hora, el Ministerio Público detalló los antecedentes con los que busca acreditar el delito de fraude al fisco consumado.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, fundamentó la necesidad de prisión preventiva para cuatro de los cinco detenidos, apuntando a un perjuicio fiscal de $1.600 millones en convenios suscritos con el Gobierno Regional Metropolitano, cuya gravedad calificó como un daño a los recursos de todos los chilenos.
La dimisión de Valenzuela, motivada según sus propias palabras por la molestia de su representada tras quedar bajo custodia el sábado y la falta de sintonía con su entorno familiar, puso en riesgo la segunda jornada de formalización. El juez Patricio Álvarez debió mediar, resolviendo finalmente que la Defensoría Penal Pública asumiera de forma inmediata la representación de Abusleme para evitar dilaciones. El fiscal Castro Bekios centró su exposición en los cuestionados convenios para un programa de prevención del suicidio. El persecutor detalló cómo los fondos destinados a salud mental habrían sido desviados de sus fines originales.
Por eso, la Fiscalía pidió la prisión preventiva no solo para Abusleme, sino también para el fundador de la ONG, Alberto Larraín; la representante legal, María Constanza Gómez; y la exjefa de división del GORE RM, Evelyn Gutiérrez. Autor: Redacción. Su ahora exabogado dijo que la relación terminó porque María Teresa Abusleme se molestó al quedar bajo custodia el sábado. La Fiscalía quiere prisión preventiva para los imputados, incluido Alberto Larraín.
