Siete megatomas sobre terrenos fiscales exhiben nivel crítico o alto de violencia
Siete megatomas sobre terrenos fiscales exhiben nivel crítico o alto de violencia De norte a sur, siete de las 16 mayores megatomas emplazadas íntegramente sobre suelos fiscales presentan niveles críticos o altos de violencia, con alta recurrencia de hechos delictuales. Estas están localizadas en comunas de cinco regiones (ver infografía), mientras otros nueve asentamientos irregulares exhiben situaciones medias o bajas de criminalidad, según estadísticas elaboradas por la oficina de urbanismo Atisba Monitor.
Si bien desde 2024 los estudios centrados en las usurpaciones de mayor envergadura habían dado cuenta de su segmentación por los grados de del i n c u e n c i a, p o r p r i m e r a v e z e l análisis cruza la información y vincula tomas, violencia y propiedad fiscal, plantea la directora ejecutiva de la consultora, Caroline Iribarne. "Hemos cruzado tanto información policial, relacionada como múltiples delitos, como reportes de prensa", dice la arquitecta y magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.
Plantea que "al incorporar estos antecedentes a las distintas zonas en las que trabajamos, vemos cómo la concentración de delitos de alta connotación o la desarticulación de bandas, que estaban radicadas en ciertos campamentos o en los cuales vivían algunos de sus integrantes, suele calzar con esos sectores". Hace notar que el ranking de violencia también ha tomado antecedentes de conocimiento público "como la presencia del Tren de Aragua en ciertos campamentos o el hallazgo de casas de tortura". Respecto de la calificación de mayor gravedad, que corresponde a violencia "crítica", enumera que entre sus rasgos se cuentan delitos de homicidio e, incluso, descuartizamiento o inhumaciones ilegales y presencia de brazos de organizaciones criminales internacionales. Entre las tomas "críticas" están Alto Andacollo, en Atacama, donde viven unas 13.506 personas, y La Mula, en Alto Hospicio (Tarapacá), con casi 7.500 personas. En el rango de "alta" violencia se incluyen delitos ligados al narcotráfico. Los episodios de microtráfico se sitúan en campamentos de conflictividad "media". Y los ilícitos menores, que no tienen connotación pública, como hurtos, robos e incivilidades, en "baja" criminalidad.
Quiénes viven en las tomas Frente a los anuncios de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, respecto de que la prioridad de su repartición es recuperar "lo antes posible" los terrenos fiscales usurpados, mediante "las acciones judiciales que correspondan" y en "coordinación con los organismos pertinentes", emerge lo complejo del desafío y el requerimiento de establecer un plan escalonado de intervención en esas zonas.
Para Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, "lo primero es hacer un catastro real de quiénes están al interior de esas tomas". Ese levantamiento, dice, podrá determinar, por ejemplo, qué personas buscadas por la justicia están en dichas ocupaciones, cuántas son inmigrantes ilegales y qué porcentaje ya tiene viviendas pero las arriendan y se instalan en estos lugares.
Desalojos planificados A juicio del también exparlamentario, el Ejecutivo debe llevar a cabo desalojos, pero de forma planificada. "Este debe ser el primer gobierno que tendrá tres años sin elecciones y, por lo tanto, puede adoptar decisiones que sean parcialmente impopulares, pero estén bien hechas", argumenta. Harboe recalca que en este contexto, "el Estado se tiene que poner firme y debe contar con un catastro de los bienes nacionales de uso público que hoy están convertidos en sitios eriazos. Además, debe adoptar medidas de cierre y de cuidado para evitar que se sigan produciendo tomas, porque si no esto será algo de nunca acabar", enfatiza.
Además, recomienda "fijar un calendario de catastro social que excluya a los irregulares y a los buscados por la justicia y hacer un plan de desalojo y de postulaciones formales, sin saltarse la fila, para quienes buscan una vivienda". Así, dice, "al ir regularizando ciertos terrenos, y dado que son de propiedad fiscal, estos mismos predios pueden ser utilizados para construir viviendas sociales para personas que realmente las necesitan". Riesgo permanente de crimen organizado Como investigador sobre organizaciones delictivas, Harboe sostiene que existe un riesgo constante y creciente de que el crimen organizado siga capturando terrenos fiscales. Y enumera algunas condiciones que facilitan su instalación: "Son sitios que tienen muchas virtudes para estos grupos criminales. En primer lugar, son terrenos a los que las policías no entran. Segundo, tampoco tienen ningún tipo de fiscalización. Tercero, es que allí existe mucha precariedad social, lo que permite enrolar a los jóvenes.
Y como cuarto punto, el dinero ilícito en efectivo puede circular sin mayores controles financieros". Estos asentamientos se concentran en cinco regiones: Siete megatomas sobre terrenos fiscales exhiben nivel crítico o alto de violencia VÍCTOR FUENTES BESOAÍN Frente a los anuncios del Ministerio de Bienes Nacionales de una pronta recuperación de estos terrenos, expertos plantean hacer un plan de intervención. EXTRANJEROS En ocho tomas fiscales viven solo personas de otros países. En total, suman 40.468..