Editorial: La tijera fiscal contra la salud
Editorial: La tijera fiscal contra la salud cho de cada diez habitantes de la Región de Los Lagos sitúan la salud como su máxima preocupación.
El dato, arrojado por la reciente encuesta de la Universidad de Los Lagos, no O sorprende a ningún vecino de Chaitén o Calbuco que deba madrugar para conseguir un número en el consultorio o aguardar meses por una interconsulta. El 79% de los encuestados repudia los tiempos de espera. Frente a este diagnóstico crónico de vulnerabilidad ciudadana, la respuesta del Estado asoma contradictoria. El Ministerio de Hacienda dictó el Decreto 333, un instrumento que arrebata cerca de 14 mil millones de pesos a la red sanitaria regional, según explica un documento ingresado por el diputado Héctor Ulloa (Ind. PPD) a la Contraloría Regional. Solo el Hospital de Puerto Montt perderá $1.970 millones, fondos ya aprobados para sostener las redes asistenciales. Restar financiamiento en pleno escenario de déficit crítico de funcionarios y listas de espera desbordadas merece una explicación. El diputado Ulloa retrata la gravedad del ajuste al sentenciar que "en salud, con menos no se puede hacer más". La billetera fiscal, de todos modos, no es la única variable del problema. Existe una deficiencia estructural de gestión que el aparato público debe corregir. La propia secretaria regional ministerial de Salud, Evelyn Brintrup, admitió que "hay una situación de ineficacia en las atenciones de salud que tenemos que visualizar". Esta declaración destapa una falla operativa severa. La escasez de médicos especialistas agrava el cuadro, pero la burocracia interna, la lenta rotación de camas y el escaso rendimiento de las horas clínicas exigen cirugía mayor e inmediata. La ciudadanía soporta un sistema al límite. Revertir el recorte ordenado desde Santiago resulta un imperativo ético que las autoridades políticas deben empujar. Simultáneamente, los hospitales tienen la obligación de erradicar sus ineficacias.
El paciente que aguarda un tratamiento oncológico en Puerto Montt o que requiere una atención especializada no procesa excusas burocráticas ni decretos ministeriales; sencillamente exige que el Estado garantice su derecho a vivir.. Encuesta confirma la crisis: listas de espera lideran reclamos mientras Hacienda ordena recorte de presupuesto. E Editorial