Columnas de Opinión: Escuelas protegidas
Columnas de Opinión: Escuelas protegidas C Columna finales de marzo, el LiA ceo obispo Lezzeta de Calama fue escenario de un episodio de violencia sin precedentes en la región: Un alumno de IV medio causó la muerte de una inspectora y dejó gravemente heridos a otros miembros de la comunidad educativa, utilizando un arma blanca traída desde su hogar.
Este suceso puso de manifiesto la urgencia de reforzar la seguridad en los recintos escolares y motivó al Gobierno a impulsar una agenda específica, cuyo eje principal es el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", orientado a dotar a los establecimientos de herramientas para recuperar la tranquilidad y protección de todos sus integrantes.
Cabe considerar que, según datos del Ministerio de Educación, en 2025 se registraron 28 incidentes graves con armas blancas en colegios de Antofagasta, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior y en lo que va del año, más de 140 amenazas de tiroteos y agresiones se han detectado en establecimientos escolares de todo tipo en nuestra región. La violencia en los colegios es un fenómeno recurrente y diverso, por lo que resulta fundamental distinguir sus manifestaciones. En primer lugar, podemos identificar actos de violencia política, que suelen concentrarse en colegios emblemáticos de Santiago, protagonizados por los denominados "overoles blancos", donde los disturbios y actos vandálicos responden a una agenda política. En segundo término, existen hechos de violencia de carácter delictual, como el caso ocurrido en Calama, que requieren intervención policial y judicial. Por último, se presenta la violencia propia del contexto escolar, incluyendo bullying, agresiones y riñas, tipificadas y sancionadas por los reglamentos internos de cada colegio, cuya máxima sanción es la cancelación de la matrícula.
Entre las medidas que buscan prevenir la violencia y salvaguardar a las comunidades educativas se encuentran la revisión de mochilas, la instalación de detectores de metales, el chequeo físico de los estudiantes ante posibles armas, restricciones sobre prendas y accesorios, así como la penalización agravada de delitos dentro de escuelas. Estas acciones buscan reducir conductas violentas, aunque su aplicación y posibles efectos han generado controversia y preocupaciones sobre la criminalización estudiantil. La revisión de mochilas nos parece una medida eficaz para prevenir el porte de objetos peligrosos en las aulas.
Antes era común que los profesores o inspectores revisaran las mochilas si se perdía algo en el aula, pero la Superintendencia de Educación prohibió esta práctica porque, a su juicio, se vulneraba la privacidad de los alumnos. Creemos que permitir nuevamente esta facultad a los colegios resulta útil, pertinente y necesario. Por su parte, instalar pórticos y controles en colegios podría generar largas filas y Jorge Lawrence Santibáñez Abogado y presidente de COPANOR desorden, dificultando la rutina escolar. Además, la falta de recursos para adquirir y operar estos sistemas los hace inviables. Aunque experiencias internacionales muestran que los detectores de metales ayudan a disminuir incidentes armados, los costos de implementación en el ámbito escolar superan con creces sus beneficios.
Las comunidades escolares, en especial los docentes y apoderados, valoran ciertas acciones intrusivas como necesarias para garantizar la seguridad de sus hijos, en tanto no se usen para criminalizar conductas de carácter colegial, perdiendo el enfoque educativo y erosionando la confianza entre alumnos, docentes y directivos. Para lograr un equilibrio entre seguridad y convivencia, es fundamental empoderar a los equipos directivos y docentes, dotándoles de formación y recursos para gestionar la disciplina escolar. Además, la colaboración con las familias y la comunidad es clave para detectar situaciones de riesgo y fomentar el diálogo. La violencia escolar requiere respuestas decididas y colaborativas, aunque la implementación de medidas de seguridad debe ser cuidadosa, tomando en cuenta sus efectos emocionales y sociales en los estudiantes y la comunidad. El reto consiste en crear escuelas que sean seguras y promuevan la convivencia, donde la disciplina se origine desde un liderazgo educativo, sin descuidar la protección y el bienestar del alumnado. Es fundamental que las autoridades apoyen, confien y respalden las acciones de los equipos directivos escolares, permitiendo que actúen con autonomía, sin sobrecargarlos de trabas administrativas, como sucede en la actualidad.
Solo así podremos tener escuelas realmente protegidas. "La violencia escolar requiere respuestas decididas y colaborativas, aunque la implementación de medidas de seguridad debe ser cuidadosa".. "La violencia escolar requiere respuestas decididas y colaborativas, aunque la implementación de medidas de seguridad debe ser cuidadosa".