Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Fiscalía sumará a pesquisas a 13 mil funcionarios públicos que fueron a casinos de juego estando con licencia
Fiscalía sumará a pesquisas a 13 mil funcionarios públicos que fueron a casinos de juego estando con licencia de 4.000 funcionarios son de la salud, de los indagados, y otro tanto similar de municipios. Educación también (... ). Esto habla de una irregularidad profunda.
Habla de que, obviamente, una persona operada, infartada, con hemorragia, con una infección grave, difícilmente va a poder estar concurriendo a un casino de juego”. Y además agregó que tratándose de licencias vinculadas a salud mental “si bien hay disponibilidad de que pueda haber desplazamientos a lugares distintos, no puede ser que los casinos se transformen en el Quitapenas de esto, porque al final estamos en eso”. establecidos. Así se llegó a los más de 13 mil funcionarios que registran ingresos a casinos, quienes presentaron un total de 14.599 licencias, pues puede haber más de una por persona. Además, de ese universo de trabajadores, 1.486 ya figuraban en el listado de los que salieron del país en esa condición. Según informó la Contraloría, las 14.599 licencias médicas cuyos titulares no habrían respetado el período de reposo se distribuyen en 799 entidades públicas.
Lideran el listado por categorías las municipalidades, con un 30% del total; seguidas de los hospitales y servicios de salud, con un 29%; en tercer lugar se agrupan “otras entidades públicas”, con un 19%, y en cuarto lugar, con un 10%, corporaciones y asociaciones municipales, también ligadas al mundo edilicio.
En tanto, en cuanto a servicios específicos que registran la mayor cantidad de licencias con ingresos a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias), Fundación Integra (480), Servicio de Salud de Concepción (332), Servicio de Salud de OHiggins (233), Corporación Nacional del Cobre (211) y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota (182). n Desde el Congreso llaman al CDE a querellarse y también a demandar La nueva revelación de la Contraloría generó reacciones políticas, principalmente entre aquellos legisladores que integran las comisiones de Salud o Trabajo en el Senado o la Cámara.
Por ejemplo, el diputado RN Frank Sauerbaum, que integra la instancia de Trabajo, realizó un llamado al CDE, señalando que “estimamos que el Consejo de Defensa del Estado se tiene que hacer parte de esta investigación, querellarse y hacer demandas civiles para recuperar los recursos.
Estas 1.500 personas que coincidieron con haber salido del país o ir a los casinos claramente están haciendo un aprovechamiento ilícito de ser funcionarios públicos”. Mientras que el senador PS Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Salud de su corporación, señaló que “en la práctica, tenemos un fenómeno que afecta al mundo de la salud con mucha fuerza porque más comunica el Poder Legislativo, incluida su Biblioteca, a nosotros nos importa, porque las señales que nosotros demos, al parecer, van a marcar una pauta para el resto de los poderes del Estado.
Estamos ordenando las comunicaciones y posteriormente tendremos una reunión con el director de la BCN y con los secretarios generales de ambas corporaciones”. La BCN “dio una señal muy grave para Chile” A L L I C N A M N A H T A N O J Ante una serie de críticas de autoridades del Legislativo luego que “El Mercurio” diera a conocer la noticia, el funcionario de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) que no había sido destituido por el caso Licencias finalmente renunció a su cargo.
El profesional había sido sancionado con una suspensión y rebaja de medio sueldo por tres meses, lo que fue cuestionado por los presidentes del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y de la Cámara, José Miguel Castro (RN), por su menor cuantía. Ambos analizaron la situación en una reunión realizada ayer en el cuarto piso de la Cámara, en la presidencia de la corporación. Allí se comentó “lo grave” de los hechos y aunque no pueden intervenir, coincidieron en que no correspondía una sanción menor ante un delito contra la probidad acreditado vía sumario.
En conversación con este diario, Ossandón fue crítico al calificar lo sucedido como “una señal súper grave (... ), porque la Contraloría dio un instructivo, y aunque ese instructivo no es obligatorio para el Congreso, si la Contraloría hace una recomendación lo mínimo es que nuestros fiscales internos usen ese instructivo. La señal que nos dieron es que no hacemos la pega y sí la estamos haciendo.
No creemos que sea apropiado que un jefe de servicio dé una entrevista en un diario tan importante como El Mercurio informando algo que no le corresponde, como que es el único que ha hecho la pega”. Castro fue cauto, relevando que “también importan las formas y la forma como La probidad no es un premio, afirmó Ossandón, insistiendo en que “no es algo extraordinario de un funcionario público; es su obligación, es decir, tener irreprochable conducta es lo mínimo que debe tener un funcionario. Me acaban de informar que esta persona renunció, porque es evidente lo que ocurrió.
La BCN no es el Senado ni es la Cámara, es algo mixto que tiene cierta autonomía entre comillas, una autonomía que está mal interpretada, dio una señal muy grave para Chile, y lo que me tiene molesto es que la gente en la calle no diferencia que nosotros no fuimos y que nosotros no hicimos eso. Si tú lees el instructivo de la Contraloría es evidente lo que había que hacer: cuando se comprueba el delito, no hay atenuantes. Así de claro”. Una de las situaciones más criticadas fue la aplicación de atenuantes para no destituir al funcionario. El director de la BCN, Diego Matte, informó irreprochable conducta anterior; antes había aludido al arrepentimiento, comprensión del error y reparación del daño causado. Ossandón lo resumió con la siguiente frase: “Te reconozco que me equivoqué, te devuelvo la plata. No, compadre.
Es como que yo fuera al banco y después, porque me pillan, devuelvo la plata, ¡no pueh!”. Durante la jornada, legisladores daban por descontada la renuncia del director de la BCN, pero al cierre de esta edición ello no había ocurrido. n Dorothy Pérez: “Estamos revisando con el objetivo específico de disuadir” Esta nueva acción de la Contraloría había sido anunciada por quien encabeza el órgano, Dorothy Pérez, el 30 de junio pasado, en el marco de su asistencia a la comisión investigadora por los funcionarios que salieron del país con licencia. Ahí, la autoridad señaló que también se analizarían entradas a parques nacionales; quienes han trabajado en sus propios emprendimientos durante su reposo, o que realizaron viajes nacionales. “Estamos revisando con el objetivo específico de disuadir a los funcionarios públicos”, dijo Pérez en la ocasión.
El informe del ente fiscalizador fue realizado tras el cruce de información aportada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Durante el período analizado, es decir, entre 2023 y 2024, el universo total de licencias médicas extendidas para funcionarios públicos supera los 5,2 millones, según informó la Suseso, mientras que, según la SCJ, un total de 218 mil servidores públicos ingresó a los recintos de apuestas OTROS HALLAZGOS n VIAJES. En mayo de este año, la Contraloría publicaba el Consolidado de Información Circularizada (CIC) 9, que daba cuenta de que 25 mil funcionarios públicos salieron del país con licencia. n PARTOS. También de mayo, otro reporte reveló que 250 funcionarios asistieron partos en clínicas privadas estando con reposo médico. n PAGOS. A su vez, el 12 CIC evidenció que el sector municipal pagó $388 mil millones por concepto de licencias en 2024. n MÉDICOS. Mientras que el 13 informe abordó la situación de 44 médicos investigados por la fiscalía que extendieron un total de 10.111 licencias. n UNIFORMADOS.
El CIC 14, en tanto, dio cuenta de que 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería salieron del país mientras estaban con licencia. 14.923 799 ingresos a casinos informó la supeentidades son rintendencia de esas entidades, por las empleadoras parte de los más de 13 mil que se de las personas encontraban con reposo médico. De con ingresos a ellos, 1.486 ya figuraban en el listalugares establedo de los que salieron del país. cidos de apuesta bajo reposo.
Las 218 municipalidades concentran el servidores públicos registran entre 30%, seguidas de tres y cinco visitas a alguno de los hospitales y 25 casinos del país; y 19 trabajadoservicios de res ingresaron en seis o más oporsalud, con un tunidades a uno de estos recintos. 29%. FISCALIZACIÓN. Los resultados pertenecen al 15 Consolidado de Información Regularizada de la Contraloría. En la novena edición se reportaron las salidas del país de 25 mil funcionarios públicos, lo que ya es indagado por el Ministerio Público. Los presidentes del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y de la Cámara, José Miguel Castro, se reunieron ayer para analizar el caso y la marcha de la Biblioteca del Congreso. La mayoría de los trabajadores detectados por el ente fiscalizador se desempeña en municipalidades o servicios de salud. De este universo de personas, 1.486 registran salidas del país bajo reposo médico. Funcionario de la Biblioteca del Congreso renuncia tras ser sumariado, pero no destituido del cargo.
En el marco de la intensificación de su actividad fiscalizadora respecto de órganos públicos, la Contraloría General de la República realizó nuevos cruces de datos de funcionarios públicos a los cuales se les han extendido licencias médicas. Esta vez, el ente indagó cuántos de ellos asistieron a casinos de juego estando con reposo. Así, se determinó que 13.286 trabajadores hicieron ingreso al menos una vez a alguno de los 25 establecimientos de juego que se distribuyen a lo largo del país.
Desde la Contraloría comunicaron que los antecedentes que forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) número 15 fueron remitidos al Ministerio Público, en donde, una vez recibidos, los sumarán a las indagatorias que ya desarrollan (ver recuadro). Lo usual es que se asigne la causa a una fiscalía regional, que pudiera ser la misma jurisdicción metropolitana Oriente que hasta ahora dirige las pesquisas en los casos previamente abiertos. También se anunció el envío de la información al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que podría iniciar acciones legales contra los presuntos responsables. Contraloría envía los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado: OTROS HALLAZGOS n VIAJES. En mayo de este año, la Contraloría publicaba el Consolidado de Información Circularizada (CIC) 9, que daba cuenta de que 25 mil funcionarios públicos salieron del país con licencia. n PARTOS. También de mayo, otro reporte reveló que 250 funcionarios asistieron partos en clínicas privadas estando con reposo médico. n PAGOS. A su vez, el 12° CIC evidenció que el sector municipal pagó $388 mil millones por concepto de licencias en 2024. n MÉDICOS. Mientras que el 13° informe abordó la situación de 44 médicos investigados por la fiscalía que extendieron un total de 10.111 licencias. n UNIFORMADOS.
El CIC 14°, en tanto, dio cuenta de que 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería salieron del país mientras estaban con licencia. 14.923 799 ingresos a casinos informó la supeentidades son rintendencia de esas entidades, por las empleadoras parte de los más de 13 mil que se de las personas encontraban con reposo médico. De con ingresos a ellos, 1.486 ya figuraban en el listalugares establedo de los que salieron del país. cidos de apuesta bajo reposo.
Las 218 municipalidades concentran el servidores públicos registran entre 30%, seguidas de tres y cinco visitas a alguno de los hospitales y 25 casinos del país; y 19 trabajadoservicios de res ingresaron en seis o más oporsalud, con un tunidades a uno de estos recintos. 29%. Los presidentes del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y de la Cámara, José Miguel Castro, se reunieron ayer para analizar el caso y la marcha de la Biblioteca del Congreso. FISCALIZACIÓN. — Los resultados pertenecen al 15° Consolidado de Información Regularizada de la Contraloría. En la novena edición se reportaron las salidas del país de 25 mil funcionarios públicos, lo que ya es indagado por el Ministerio Público.