EDITORIAL: Permisología: mucho por hacer
EDITORIAL: Permisología: mucho por hacer L os tiempos de tramitación ambiental de los proyectos de inversión alcanzaron máximos históricos en el segundo trimestre, con más de 21 meses de trámite. Números como este ayudan a explicar las críticas de los sectores productivos sobre los efectos del sistema de permisos requeridos para desarrollar iniciativas.
Y es que durante este cuadrienio, y al margen del discurso proinversión más recientemente asumido por el Gobierno, se ha observado consistentemente lo que parece una verdadera práctica de trabar proyectos, especialmente cuando se trata de empresas privadas.
La directora del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) afirma que en esa entidad los plazos existentes se cumplen, y que las demoras se producen porque las empresas suspenden la tramitación para responder a requerimientos de información no presentada originalmente. Pero esto se debe a que no es posible agregar la información requerida mientras se procesa el resto del proyecto.
Y, a su vez, los informes se presentan incompletos porque existe incertidumbre sobre la información que podría requerirse, de modo tal que los proponentes optan por esperar a recibir las observaciones y comentarios para responderlos posteriormente.
Una mayor claridad y menos demandas sorpresivas de antecedentes --y también menos guías, instructivos y lineamientos que a menudo van más allá de lo que permite la normativa-ayudarían a reducir demoras y evitar el retiro de estudios. Particularmente inapropiadas son las demandas de respuestas que realizan organismos fuera de su propio campo de competencia. Los cuestionamientos a un mall en Vitacura por no considerar el enfoque de género en su estudio son un ejemplo extremo. Respecto del último trimestre, la directora del SEIA sostiene que el aumento de los tiempos es circunstancial y se debe en parte a que tres grandes iniciativas fueron retrotraídas a una etapa preliminar de evaluación.
Pero si se trata de factores circunstanciales, cabe anotar también que uno de los grandes proyectos que permitieron elevar las cifras de inversión aprobada, al representar casi un cuarto del total, fue la Línea 9 del metro, una iniciativa que no le genera conflictos ideológicos al Gobierno (empresa estatal y transporte público) y que fue despachada en forma rápida. Por cierto, el problema de los permisos va más allá del solo trámite ante el SEIA, e involucra una diversidad de otras reparticiones públicas.
Producto de ello son situaciones como la detectada en 2023, en un estudio de la Agencia de Productividad, el cual demostró que, por ejemplo, el proceso de aprobar y construir una planta de desalación tarda once años y siete meses. De este plazo, más de tres cuartos corresponden a la obtención de permisos; la construcción tarda menos de tres años. En este contexto, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, despachada por el Congreso, es positiva, pero de alcance insuficiente. Desde luego, no incluye al propio SEIA ni al Consejo de Monumentos Nacionales, cuyo rol urge ser modificado, partiendo por una definición más estricta de las reliquias arqueológicas que corresponde proteger. Por otra parte, tan relevante como los marcos normativos es la incidencia de mandos medios que, ubicados en organismos sectoriales, puedan retrasar la aprobación de proyectos por razones de toda índole, incluidos sesgos ideológicos. En el caso de la evaluación ambiental, cabe reconocer las recientes modificaciones al reglamento del SEIA para elevar los umbrales a partir de los cuales pasa a ser obligatoria, pero corresponde avanzar mucho más. Desde luego, se debe eliminar la posibilidad de interponer recursos en forma extemporánea y ajena al proceso mismo, los que hoy a menudo son acogidos por las cortes. Para ello debería determinarse, al comenzar la evaluación de un proyecto, quiénes son los grupos y comunidades afectados, y solo ellos deberían poder participar en las consultas. Una vez logrado un acuerdo, ni ellos ni terceras personas deberían poder presentar recursos que pretendan modificar lo ya convenido. Mientras la ley de permisos representa un avance, los tiempos de tramitación ambiental dan cuenta de lo mucho aún pendiente. Permisología: mucho por hacer.