Autor: VÍCTOR FUENTES BESOAÍN

Cuatro años de estado de excepción en la macrozona sur evidencian “nueva normalidad”
Cuatro años de estado de excepción en la macrozona sur evidencian “nueva normalidad” Los cuatro años de aplicación ininterrumpida del estado de excepción de zona de emergencia en las 32 comunas de La Araucanía y en 21 de Biobío, que se cumplen el 17 de mayo, se producen en un contexto en que el Gobierno abrió, a fines de marzo, el debate sobre un eventual desescalamiento de la medida y en que se han producido, paralelamente, cinco atentados en los dos últimos meses. Ello, sumado a que víctimas y gremios afectados por la violencia consideran que no están dadas las condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas hasta que no estén desactivados los grupos que cometen los atentados.
José Miguel Stegmeier, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y nuevo timonel del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), afirma que “el estado de excepción ha sido positivo, porque ha permitido que tengamos paz en algunas zonas, aunque en otras, no tanto”, y recalca que, “por eso, nos llamó la atención cuando se habló de desescalarlo, aunque ahora se reconoce que fue anticipado decirlo”. Plantea que en su aplicación, “todavía es necesario mejorar algunos aspectos logísticos y de infraestructura para las Fuerzas Armadas”. “Carabineros y la PDI no son suficientes” El gremio de los contratistas forestales suma 526 atentados entre 2014 y 2026. El último ataque se registró el 7 de mayo y afectó a una faena de bosques en la localidad de Curaco, en Collipulli, al norte de La Araucanía.
Al evaluar los cuatro años del estado de excepción, el gerente de la asociación que los agrupa, René Muñoz, considera que “lo que hoy tenemos se debe mantener (... ) Carabineros actuando solo, y la PDI apoyando, no son suficientes”. Añade que “el hecho de que el estado de excepción se haya mantenido durante cuatro años y la violencia haya disminuido, porque objetivamente las cifras lo confirman, es una prueba de que esta medida es necesaria y que Carabineros requiere un acompañamiento de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia”. El representante de los contratistas plantea que la herramienta excepcional requiere como complementos “que se aprueben los proyectos sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y de Infraestructura, y que se siga apoyando con tecnología y con recursos a las policías, a las Fuerzas Armadas y también a las fiscalías”. “Fracaso del Estado” Para el investigador Gustavo Campos, del Centro Democracia y Opinión Pública de la U.
Central, “aquí vemos que una medida excepcional se ha tendido a normalizar en cuatro años, lo que es una muestra del fracaso del Estado en un rol fundamental, como es resguardar el orden y la seguriSOGRUBROTCÉH dad en su territorio”. Según el académico, “se trata de un problema que ha trascendido a los gobiernos y que demuestra que no existe la capacidad, en el aparato público, de hacer cumplir su rol más esencial en una parte importante del país”. Consultado respecto de si aplicar la disposición constitucional ha permitido que el Estado compense su fracaso en torno a la seguridad en la macrozona sur, Campos dice que “el sentido último del estado de excepción, en términos de gestión, es el aumento de recursos, con el despliegue no solo de Carabineros, sino que también de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad”. Plantea que “si con esos recursos se logra estabilizar el orden y la seguridad, la conclusión más lógica, en términos de política pública, es que hay que aumentar los recursos en la macrozona sur”. En la misma dirección, Campos considera que “hoy tenemos una nueva normalidad, que requiere el despliegue de mayores capacidades de fuerza para el orden y la seguridad, lo que también es un desafío que puede implicar una demanda similar por parte de distintas regiones con temas de inseguridad”. DETENCIONES Unas 1.500 personas detenidas suma, desde 2022, el estado de excepción en el sur. Autor: VÍCTOR FUENTES BESOAÍN. Mientras gremios y víctimas dicen que no hay condiciones para prescindir de la medida, especialista hace notar que los gastos que implica la presencia militar igual deberán destinarse a las policías. Análisis al efecto de la medida que rige en 53 comunas, desde el 17 de mayo de 2022: DETENCIONES Unas 1.500 personas detenidas suma, desde 2022, el estado de excepción en el sur. MEDIDA AMPLIA. — No solo cumple 48 meses la disposición extraordinaria, sino que rige en 53 comunas de cuatro provincias. En la foto, el sector de Pidima, en Ercilla, foco habitual de cortes de ruta y barricadas.