EDITORIAL: Adultos y violencia estudiantil
EDITORIAL: Adultos y violencia estudiantil L a repetición de las ocupaciones y manifestaciones violentas en las que estudiantes de liceos emblemáticos se ven involucrados evidencia una estrategia política que se escuda en demandas escolares, pero cuyo objetivo último va más allá de las aulas.
Panfletos encontrados, acciones de coordinación y la recurrencia de ciertas prácticas han levantado sospechas al respecto, las que están siendo materia de investigación judicial y de las que dio cuenta un reciente reportaje de "El Mercurio". Lo que comenzara años atrás como movilizaciones tendientes a llamar la atención sobre las deficiencias del sistema educativo ha derivado en la acción coordinada de grupos radicalizados que mantienen en vilo a las respectivas comunidades.
La tragedia ocurrida en octubre pasado en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde cuatro escolares quedaron en riesgo vital y más de 30 resultaron heridos tras sufrir quemaduras en un incendio originado en un baño del colegio donde se almacenaba material inflamable para hacer bombas, ha sido un punto de inflexión, tras años de tolerancia al asedio que han sufrido estos establecimientos, los que en paralelo solo han visto declinar su nivel académico. Enfrentado a la ocupación de varios liceos de su comuna, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, solicitó el desalojo de los establecimientos tomados, restándose a iniciar procesos de diálogo en un entorno de amenazas. El alcalde ha pedido que se investigue la participación de adultos en la coordinación y el financiamiento de las manifestaciones, situación que ya habían planteado directivos de la administración comunal anterior.
Asimismo, se indaga el hecho de que algunas personas figuren como apoderados de varios alumnos, sin tener vínculo con ellos; incluso, en un caso extremo, se detectó que una funcionaria de uno de los colegios aparecía como la responsable de una decena de estudiantes. Pese a las voces de alarma de exalumnos y a las iniciativas de estudiantes que reclaman volver a la excelencia que caracterizó a estos establecimientos en el pasado, su declive ha sido difícil de detener.
Con centros de apoderados divididos y profesores sobrepasados o acallados por aquellos que respaldan las movilizaciones, los liceos han sido asediados por grupos extremos que, aprovechando la ubicación céntrica estratégica, utilizan su infraestructura para organizar las movilizaciones y al estudiantado, para realizar tomas, cortes de calles y manifestaciones que generen caos. Parece un gran desafío recuperar la armonía de comunidades estudiantiles quebradas.
Los esfuerzos de la autoridad comunal, al aplicar la ley de "Aula segura", que refuerza la autoridad de los directivos para considerar la expulsión de los alumnos involucrados en actos violentos, pueden colaborar en la recuperación del vulnerado derecho a la educación de tantos jóvenes que ven interrumpidas sus clases y que deben intentar estudiar en un clima enrarecido por la violencia.
Va también en la dirección correcta el proyecto de que pretende reponer --si bien de manera demasiado tímida-la selección por mérito, valor que fuera tan propio de estos colegios y que se viera minimizado a partir de las reformas de la segunda administración Bachelet, afectando la calidad de liceos públicos que por décadas dieron testimonio de su excelencia y fueron ejemplo de movilidad social.
El período eleccionario presenta la oportunidad para que los líderes políticos y las autoridades rechacen con decisión las manifestaciones violentas que tanto daño han causado a la educación pública, evitando la ambigüedad discursiva que amplios sectores han sostenido frente al brutal asedio sufrido por los liceos emblemáticos. Deebe abandonarse cualquier ambigüedad discursiva frente a este brutal asedio. Adultos y violencia estudiantil.