Editorial: El robo de cables: un delito que no da tregua
Editorial: El robo de cables: un delito que no da tregua El robo de cables es una de las expresiones más visibles -y persistentesdel delito organizado que afecta a la Región de Coquimbo. Y si bien Coquimbo lidera en cantidad de denuncias, como reveló recientemente Diario El Día, es la comuna de La Higuera la que enfrenta el mayor impacto por habitante. Se trata de un delito que no solo genera pérdidas económicas millonarias, sino que también vulnera derechos esenciales: deja sin electricidad, sin agua, sin conectividad e incluso sin acceso a servicios médicos a comunidades enteras.
Este flagelo no es nuevo, pero se ha agudizado con la irrupción de bandas organizadas que operan con métodos sofisticados y redes de comercialización del cobre robado, muchas veces fuera de la región o incluso del país. No basta con patrullajes esporádicos ni con aumentar las penas si no se fortalecen de forma real y sostenida las capacidades investigativas y de persecución penal. La trazabilidad del cobre, el control de chatarrerías y el trabajo conjunto entre policías, fiscalía y gobiernos locales son fundamentales para cortar el circuito delictual. El caso de La Higuera es emblemático: una comuna rural, con infraestructura critica y dispersa, donde un corte de cableado puede dejar días enteros a una localidad sin energía o sin agua potable. La afectación no solo es material; también tiene un costo social profundo, acrecentando la sensación de abandono e inseguridad de los habitantes. Combatir este delito requiere asumirlo como una prioridad. El Estado debe actuar con la misma decisión con la que enfrenta otras amenazas a la seguridad pública. Y es necesario, además, exigir a las empresas proveedoras de servicios mayores estándares de prevención, tecnología y reposición rápida para evitar que la ciudadanía sea la principal damnificada. Porque cuando el delito gana terreno, es la comunidad la que retrocede. Y en esta lucha, no puede haber zonas grises ni demoras. La región necesita una respuesta firme, coordinada y urgente.. Combatir este delito requiere asumirlo como una prioridad. El Estado debe actuar con la misma decisión con la que enfrenta otras amenazas a la seguridad pública.