COLUMNAS DE OPINIÓN: Energía como derecho
COLUMNAS DE OPINIÓN: Energía como derecho ENFOQUE confiable para iluminar sus hogares, calefaccionar o conservar alimentos. Esto afecta la salud, la educación y las oportunidades económicas. En América Latina y el Caribe (ALC), la situación es especialmente crítica: aproximadamente 17 millones de personas carecen aún de electricidad, concentrándose la mayoría en zonas rurales y comunidades indígenas. La situación es paradójica.
Aunque la energía es clave para derechos como la salud, la vivienda y el trabajo, no está explícitamente Energía como derecho En el siglo XXI, el acceso a la energía debería ser tan incuestionable como el acceso al agua potable o a la educación. Sin embargo, seguimos tratándola como un servicio, sin reconocerla plenamente como un derecho humano esencial para una vida digna y un pilar de la justicia social. Esta visión perpetúa la desigualdad y debilita una transición energética justa. Considerar la energía solo como un bien transable ignora a millones de personas que viven en pobreza energética, sin electricidad Andrés Rebolledo Secretario ejecutivo de Olade reconocida como un derecho humano. Esta laguna permite que las políticas energéticas muchas veces dejen atrás a los más vulnerables. Para millones de personas, el acceso a la electricidad representa la diferencia entre la pobreza y la posibilidad de desarrollo. Es un habilitador de otros derechos fundamentales: permite el estudio en horario nocturno, la conservación de medicamentos, el acceso a información vital y la conexión con el mundo. Sin este derecho garantizado, las brechas sociales y económicas se profundizan, impidiendo el pleno desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. En esta línea, la incorporación de energías renovables a la matriz energética es un pilar fundamental para el progreso social. Tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de comunidades diversas, incluyendo aquellas históricamente marginadas. Al democratizar el acceso a fuentes de energía limpia, se fomenta la reducción de costos energéticos, lo que se debiera traducir en un alivio económico para los hogares de menores ingresos y las pequeñas empresas. Es hora de un cambio de paradigma. Se debe reconocer la energía como un derecho humano, crear marcos legales sólidos, implementar políticas accesibles e invertir en infraestructuras que lleguen a todos.
Garantizar el acceso universal a la energía, especialmente a través de fuentes renovables, es una cuestión de justicia social y un paso indispensable para construir una ALC más equitativa y sostenible, donde la energía impulse dignidad y desarrollo para cada uno de sus habitantes..