Autor: FELIPE ALDUNATE M.

CEP aboga por que se avance en ley de integración urbana
E El centro de estudios dice que el proyecto tiene cuatro nudos que son posibles de resolver en la discusión. El Centro de Estudios Públicos (CEP) afirma que sería una mala noticia que se congelara de manera permanente el proyecto de ley de integración urbana y social. La iniciativa que en palabras del Presidente Piñera busca “humanizar nuestras ciudades” y que fue aprobada en agosto por la Cámara de Diputados en medio de controversias, debía avanzar su tramitación en el Senado. No obstante, el Ministerio de Vivienda acordó ingresar una indicación sustitutiva para reestructurarla, lo que fue interpretado como un “congelamiento” de la iniciativa.
“Esperamos que sea una pausa positiva, que permita relanzar el proyecto, corrigiendo algunos aspectos e incorporando otros”, dicen Slaven Razmilic y Clemente Larraín, dos investigadores del CEP que estudiaron la iniciativa y publicaron un reporte en que recomiendan avanzar con su tramitación. “Si bien es insuficiente, va en la dirección correcta”, dicen los autores, quienes identificaron cuatro nudos centrales en la iniciativa que dificultan su aprobación. El primero de ellos es la falta de definiciones: el proyecto no diferencia entre integración social (mayor diversidad) e integración urbana (equidad en el acceso), pese a que son fenómenos distintos con causas diferentes.
“Se requiere de una definición más clara de estos objetivos en el proyecto, loque a su vez permita definir metas claras”. Además, analizaron las acusaciones de que el proyecto sería “superficial” e “insuficiente” para abordar la segregación urbana. Los autores señalan que hay que evaluar la propuesta en su mérito.
“Que sea insuficiente no significa que sea contraproducente”. Otro grupo de críticas se centra en que el proyecto generaría integración “a cambio de ganancias excesivas para las inmobiliarias” y “daño patrimonial”. Estas dos fuentes de incertezas podrían resolverse con aclaraciones y definiciones de los incentivos y del tratamiento que la ley da a las zonas patrimoniales.
Un cuarto punto es de gobernanza, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asuma el rol de analizar, evaluar y decidir en esta política, pasando por sobre los planos reguladores comunales. Pese a las críticas, que podrían resolverse en el Senado, no se puede dejar su discusión. “Con algunas mejoras a la redacción, el proyecto debiera tener un impacto relevante en el ordenamiento”, dicen los autores. “Medidas como estas ya eran pertinentes antes del estallido social; es hora de que puedan llevarse a cabo”. El impulso de viviendas sociales con buenos accesos a servicios es uno de los objetivos del proyecto. AVANCE Para el centro de estudios, que la ley sea insuficiente no significa que sea contraproducente. Detenida en el Senado por indicación del Gobierno: