Autor: CARLOS WILLIAMSON
Aranceles regulados
Señor Director: El encendido debate sobre aranceles regulados en estas páginas es un síntoma de que las reformas a la educación superior en la última administración de la expresidenta Bachelet, consagradas en la Ley 21.091, acusan fallas estructurales graves.
Parlamentarios oficialistas de la época, autoridades ministeriales le dicho gobierno e incluso algunos rectores de universidades hicieron oídos sordos frente alas persisten tes críticas, La advertencia principal fue que la instauración de la gratuidad universal en un país cuyas demandas sociales eran crecientes en salud, pensiones, viviendas, educación escolar, etcétera, haría imposible sostener un nivel de financiamiento fiscal acorde con las necesidades de las instituciones generadoras de bienes públicos.
El actual gobierno está cumpliendo con el mandato legal de concordar con la Comisión de Expertos, que goza de autonomía e idoneidad, el método para fijar aranceles por carrera y luego el cálculo de las transferencias, En consecuencia, no resulta de justicia responsabilizar al Mineduc por la tarea que realiza de poner en marcha lo que la ley obliga, y menos acusarlo de no incorporar en los cálculos de los aranceles el aporte específico de las universidades en materia de: investigación en las respectivas disciplinas. No hay que dar lugar a equívocos: los aranceles no pueden reflejar el verdadero costo de la investigación, lo que requiere de financiamiento institucional directo. Esto no fue contemplado en la nueva ley.
Bajar las barreras para el acceso a la universidad de los estudiantes vulnerables es un imperativo social ineludible, pero hay que convenir que el modelo de financiamiento que se escogió para tales propósitos es muy defectuoso. A estas alturas, como en el sabio refrán, no vale la pena llorar sobre la es