Autor: Por Macarena Granese M. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asistente del CEP.
Redes sociales en campañas políticas
Hoy es imposible pensar en campañas políticas sin asociarlas a las redes sociales y su influencia en las elecciones.
Mucho se ha discutido acerca del poder de manipulación que estas plataformas ejercen sobre los votantes, de cómo han influido en la polarización de la ciudadanía y promovido la desinformación ¿ Debemos recurrir a un órgano inquisidor que revise las publicaciones y se dedique a filtrar o eliminar las cuentas que vayan en contra de los ideales democráticos? ¿ O debemos dejar que sean los mismos dueños de las plataformas quienes tengan este poder? Sin duda la reciente decisión de Twitter y Facebook, entre otras redes sociales, de eliminar o suspender temporalmente la cuenta del expresidente Donald Trump ha generado polémica y ha llevado a cuestionar el poder que tienen estas plataformas. Las leyes que regulan la relación entre los medios y la actividad política fueron creadas con el propósito de otorgar igualdad de oportunidades a todos los partidos políticos y candidaturas para plantear sus posturas. Las regulaciones electorales buscan evitar que minorías poderosas puedan controlar el resultado de elecciones mediante colusiones entre medios y políticos o mediante la compra de influencia sobre la opinión pública. Es esta finalidad la que condice la importancia de hacerlas efectivas en las redes sociales. Sin embargo, será necesario encontrar un equilibrio entre esta finalidad y el derecho a la libertad de expresión. Una sobre regulación en la materia podría socavar este último derecho, siendo esto perjudicial para la democracia. Por otra parte, el no regular la materia puede ser igual de perjudicial para nuestra democracia. La difusión descontrolada de información política podría mermar la toma de decisiones informadas que, idealmente, se expresaría por medio del voto. Al igual que la libertad de acción, la libertad de expresión tiene límites, los cuales se deben cumplir para el correcto funcionamiento de nuestro sistema político. El impacto de las redes sociales en política Es importante analizar algunos de los principales problemas que generan las redes sociales en el ámbito político y siestos pueden ser efectivamente solucionados mediante una mayor regulación.
CLAUDIO CORTES ' Ante el poder de las redes sociales sobre los votantes, no hacer nada o adoptar una regulación inadecuada pueden socavar la libertad de expresión, se plantea en el extracto de este ensayo del CEP. Ficha de autor Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Derecho (LL.M. ) por la Universidad de Nueva York e investigadora asistente del CEP. Trabajó en grupos de derecho de Claro 4 Cía. El estallido de las fake news.
Uno de los mayores escándalos relativo a las redes sociales salió a la luz cuando una serie de investigaciones periodísticas demostraron que la consultora británica Cambridge Analytica había adquirido de forma indebida información de 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook. Esos datos personales habrían sido utilizados para manipular psicológicamente a los votantes durante las elecciones presidenciales de EE.UU. Del año 2016, elecciones en las que Donald Trump resultó electo. En términos sencillos, Cambridge Analytica pudo determinar cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada. Según Cristopher Wylie, científico de datos y ex empleado de la compañía, ésta no sólo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios. Estos tipo de escándalos han llevado a cuestionarse la necesidad de una mayor regulación y restricción a los contenidos publicados en las redes sociales. Mucho se ha hablado de restringir los discursos de odio o hate speech, las noticias falsas y la desinformación.
Pero, además del problema asociativo de en quién dejamos esta responsabilidad, tenemos el problema adicional de que los conceptos de hate speech, noticia falsa, desinformación, entre otros, pueden ser muy amplios y vagos, y existe el riesgo de que sean utilizados en interés de la persona u organismo encargado de regularlos, silenciando aquellos discursos adversos a la política de turno. Cualquier regulación que pretenda restringir el discurso es peligrosa y puede ser un atentado a la libertad de expresión. Bajo una perspectiva liberal la mejor manera de lidiar con este fenómeno es mediante más discurso. Es solo mediante la contraposición de ideas que se pueden esclarecer los errores y las mentiras, y se llega a la verdad. Es mediante una sana argumentación que las democracias florecen, crecen y prosperan.
A diferencia de otros medios de información tradicionales, las redes y otras plataformas en Internet hacen posible una interacción dialógica entre emisores y receptores, por cuanto en vez de limitarse a la recepción pasiva de ideas, fomentan el diálogo por medio de herramientas para efectuar comentarios a las publicaciones. La polarización del electorado.
Otra preocupación que generan las redes sociales es su impacto en la polarización y segregación de la ciudadanía. ¿ Es esto efectivo? Las personas Que se identifican con un determinado grupo suelen vivir en los mismos barrios, leer los mismos diarios y trabajar en ambientes parecidos. Esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales y, si bien las redes sociales pueden haber acentuado este fenómeno, este no es nada nuevo. Esto sumado al hecho de que lograr que alguien cambie de opinión es bastante difícil de por sí, por lo que tomar una postura alarmista respecto a las redes sociales nos parece una exageración. Similares argumentos fueron esgrimidos durante la irrupción de la televisión. Las personas tienden a leer e informarse en aquellos medios que confirman o refuerzan sus posturas. Esto lo hacían antes a través de los medios tradicionales y ahora lo hacen a través de las redes sociales. La tendencia ha sido traspasar la confianza que antes se tenía en los medios tradicionales hacia los medios digitales.
Así según la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos en diciembre del año 2019, un 28% de los encuestados manifestó tener mucha o bastante confianza en las redes sociales (el mismo porcentaje que obtuvieron las radios, medio que cuenta con una institucionalidad que permite responsabilizarlos legalmente por su mal uso); más del doble de confianza que recibieron los periódicos (1%). Asimismo, un 13% manifestó seguir temas políticos en redes sociales como Facebook y Twitter, y un 30% manifestó hacerlo a veces. Este porcentaje ha ido creciendo significativamente con los años. Si bien las redes sociales han ganado terreno como medio informativo Y de seguimiento sobre el acontecer político, esta no es la única causa de la segregación y polarización que se vive a nivel mundial. Como mucho puede considerarse como un factor más, entre múltiples otros. Las redes sociales solo reflejaron un fenómeno que ya ocurría en la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, resulta problemático que en los hechos se les considere un medio informativo de “confianza” pero que no se encuentre sujeta a ningún tipo de responsabilidad o regulación. Sobre todo, si hoy en día estas plataformas se toman la libertad de eliminar, remover o deshabilitar posts o cuentas que van en contra de sus políticas.
Políticas que muchas veces no son transparentes y cuya arbitrariedad de aplicación deja entrever cierto sesgo político ¿ No es esto una edición de contenido? Y en caso afirmativo, ¿no las hace esto responsables por el mismo?El manejo de datos personales. Lo más preocupante, y que debe ser motivo de regulación, es el uso que se hace de nuestros datos personales con fines políticos. Estos datos jamás deberían poder ser usados sin el consentimiento de su titular. En este sentido, la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada regula las ideologías y opiniones políticas como datos sensibles, debiendo siempre constar el consentimiento del titular para el uso de los mismos. Si bien esto se condice con los estándares internacionales en la materia, el cómo implementar que este consentimiento sea efectivo en las redes sociales es un desafío a nivel mundial.
Es responsabilidad de los dueños y operadores de las plataforMas digitales implementar políticas para proteger a los usuarios del procesamiento automático de datos y solo permitir este procesamiento cuando se tenga el consentimiento expreso del titular. Tendencias mundiales Los distintos caminos regulatorios que han tomado en la materia diversos países conllevan distintos costos para la libertad de expresión. Los casos más regulados, como son Alemania y Francia, traen emparejado una censura desmedida por parte de los administradores de estas plataformas, que, por miedo a una sanción monetaria, eligen remover contenido perfectamente aceptable. En el caso francés la regulación permite que sea un juez quien decida si ese contenido debe o no ser removido, lo que remueve de la competencia de estas plataformas la aplicación de la ley. Esto mismo no ocurre en Alemania, donde son las mismas plataformas quienes deciden cuando un contenido es perjudicial. El caso opuesto sería Estados Unidos, en donde las plataformas han tomado el control en la materia, decidiendo qué contenidos son aceptables y cuáles no, sin pasar estas decisiones por ningún organismo estatal o judicial. Esto ha sido muy controvertido y ha dejado de manifiesto el gran poder que tienen estas plataformas en sus manos para regular el discurso político. Un mayor control y regulación en la materia se hace necesario para evitar los abusos de los administradores de estas redes.
Un camino intermedio sería el de Reino Unido que busca instruir a la ciudadanía y los usuarios sobre el uso correcto de las redes sociales y busca contrarrestar los efectos nocivos de la desinformación mediante la divulgación de contenido verídico.
Si bien estas medidas y necesarias, nos parece que deben ir de la mano de una mayor regulación; En el sentido de no dejar que sean las mismas plataformas quienes finalmente tomen la decisión acerca de qué contenidos son válidos y Cuáles no. En tanto, el caso panameño es un buen equilibrio que podría ser replicado en Chile. En este hay una coordinación entre el Tribunal Electoral y los administradores de las redes, con una normativa clara y definida al respecto. Este sistema utiliza sus recursos para contrarrestar los efectos nocivos que pueden tener las redes sociales en el ámbito político, pero sin sobre regular la materia de tal manera de caer en una sobre censura. No hay que olvidar que las redes sociales también han sido un aporte para el discurso político. Ellas han creado un acceso sin precedentes a información electoral. Además, han permitido a las personas expresar sus opiniones, interactuar con candidatos e involucrarse activamente en Las campañas electorales en mucho mayor medida de lo que era posible hace algunos años.
Las redes también han creado una plataforma para que partidos políticos pueDan presentar su agenda directamente al electorado, sorteando a los medios de comunicación tradicionales y alcanzando a un mayor número de simpatizantes para sus causas. El costo de comunicarse con los votantes se redujo considerablemente, lo que significó que partidos políticos pequeños, con recurSos limitados, y candidatos independientes, pudieran darse a conocer y ser electos. Los desafíos El primer desafío para los administradores de estas plataformas es hacerlas cada vez más inclusivas. Lograr que personas de distintos estratos sociales, culturales y económicos interactúen, debatan y planteen sus ideas es una receta para sociedades menos polarizadas y democracias más sanas. Pero caer en el juego de la censura en manos de los mismos administradores o del estado, y que estos decidan qué mensajes pueden ser publicados y cuáles no, nos parece peligroso. Un segundo desafío que tienen estas compañías es el transparentar de forma más clara quien financia las propagandas políticas que aparecen en sus medios y a quien está dirigida esta propaganda. En este sentido los gobiernos podrían promover legislación que forzará alas plataformas a revelar formación. Otra posible medida es limitar el “microtargeting” en campañas políticas, ya que ello implica una violación a la privacidad de los usuarios. Los usuarios deben tener un mayor control sobre el almacenamiento y divulgación de sus datos personales, así como poder optar a no recibir propaganda política si así lo desean. Los gobiernos, en conjunto con estas plataformas, deben hacer efectiva la regulación electoral en las redes sociales, pero jamás deben permitir que esta regulación vaya en desmedro de la libertad de expresión. De esta forma tendremos verdaderamente una cancha pareja en materia electoral. En definitiva, no se necesita de una gran reforma legislativa para adaptar la legislación electoral al contexto de las redes sociales.
En el caso de Chile gran parte puede quedar en manos del Servicio Electoral a través de su potestad reglamentaria, sin perjuicio de aquellas materias que por su magnitud si lo necesitaran, como aquellas referentes a una mayor protección de nuestros datos personales o aquellas que exijan una mayor transparencia a las plataformas.
