Autor: Sergio Sáez y Cristian Rivas
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Los tres puntos más polémicos del proyecto sobre glaciares
La falta de acuerdo para definir expresiones como glaciar, permafrost y ambiente periglacial es el punto más sensible. Por Los ojos de la minería están puestos en el Senado.
En específico, en la Comisión de Minería y Energía, que está terminando de analizar las indicaciones que se han introducido al proyecto de Ley de Protección de Glaciares, tarea que tenían previsto culminar el miércoles pasado, pero que fue suspendida en búsqueda de un acercamiento entre el Gobierno y los senadores opositores que integran la comisión: Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Álvaro Elizalde (PS). La moción parlamentaria, que fue presentada hace dos años por los senadores Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes, ya pasó por la Comisión de Medio Ambiente y desde junio del año pasado que está en la de Minería, que integran además el senador RN Rafael Prohens y el UDI Alejandro García Huidobro. La idea de fondo, dicen sus impulsores, es restringir toda actividad económica en las cercanías de los glaciares. Pero ese deseo choca con el sector productivo más relevante del país: la minería. Egún el catastro de la DGA, en el país existen 24.114 glaciares. El 95% de ellos está en la zona austral, pero el otro 5% está distribuido en el resto del país, en la alta cordillera, donde la principal actividad es la minería. La iniciativa no ha logrado consenso entre los distintos actores que han opinado sobre ella en el Congreso y dentro de los puntos más polémicos sobresalen tres. Definición de conceptos.
Además de glaciares, el proyecto prohíbe cualquier actividad en los ambientes periglaciales (lugar afectado por ciclos de congelamiento o descongelamiento) y en el permafrost (suelos congelados), pero ambos tienen muchas variantes de definición entre los expertos. El proyecto no los ha definido y de eso depende a quienes podría afectar o no. Por ejemplo, qué distancia se considerará alrededor del glaciar, qué temperatura o qué pasa con las zonas que cambian durante el año dependiendo de la estación climática.
La carencia de antecedentes técnicos en estas definiciones es lo que hace pensar a Sergio Jarpa, presidente del gremio Voces Mineras, que el proyecto “está más centrado en una confrontación ideológica”. Dice que “se extrañan elementos que permitan contar con una norma que genere una protección real donde puedan convivir los glaciares, la actividad turística y también la minería. Por eso considero que es apresurada, y espero que los senadores no legislen para la galería”. Legislación distinta al mundo. Otro elemento que se critica es que en el mundo no existen leyes de protección directa de los glaciares, salvo en Argentina.
En todos se establece protección indirecta, pero con leyes que protegen estos sistemas, como ya ocurre en Chile con la Ley 19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente) que desde 2010 estableció que todos los proyectos cercanos a glaciares deben presentar un estudio de impacto ambiental.
Esto es lo que lleva a gremios como la Sonami a sostener que un proyecto de glaciares “debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización”, como afirmó su presidente, Diego Hernández, hace dos semanas. El efecto retroactivo. La iniciativa deja abierta la posibilidad de que las actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia de los glaciares previo a su entrada en vigencia sean cerradas. Eso implica que algunos yacimientos tendrían que dejar de operar, como es el caso de Andina y El Teniente de Codelco, Los Pelambres (Amsa) y Los Bronces (Anglo American), entre otros.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que con el proyecto “tal como está redactado, es probable que ni Farellones ni Punta Arenas se podrían haber construido, y si tiene efectos retroactivos, habrá que ir pensando qué hacemos con ambos lugares”. El ministro de Minería, Baldo Prokurica, también enfatiza en la retroactividad de la moción, lo que afecta a proyectos en operación y otros que están aprobados. “Tenemos proyectos mineros que han sido aprobados, con estudio de impacto ambiental, y que según el artículo transitorio que presenta este proyecto, debieran paralizar solo por estar en una zona en donde hay glaciares”, sostiene. Se refiere a iniciativas como el Plan de Desarrollo El Teniente, con una inversión estimada de 5.600 millones, y Traspaso Mina Planta División Andina con una inversión estimada de US$1.480 millones.
El Gobierno presentó una indicación sustitutiva que prohibe intervenciones directas en el 98,5 % de los glaciares cubiertos y descubiertos y el resto quedaría resguardado a través de un permiso especial de la Dirección General de Aguas (DGA).
Tal como está redactado, es probable que ni Farellones ni Punta Arenas se podrían haber construido” Joaquín Villarino, presidente Consejo Minero Se extrañan elementos que permitan generar una protección real donde puedan convivir los la actividad turística y la actividad minera”. Sergio Jarpa, presidente Voces Mineras
El impacto económico, según Codelco Una veintena de presentaciones registra la Comisión de Minería y Energía del Senado desde que comenzó a analizar el proyecto sobre glaciares en julio de 2019.
Codelco, en la suya, calculó el efecto económico que podría generar la iniciativa de aprobarse en su estado actual, que cifró en US$9139 millones de menores ingresos en la industria minera, pues afectaría al 25% de la producción de cobre, equivalente a 1,4 millones de toneladas al año. Esto equivaldría a cinco nuevas líneas de Metro similares a la línea 3, o a 438 mil viviendas sociales, 6 mil nuevos liceos bicentenario, o 40 hospitales de alta complejidad.
