Autor: SUSANA JIMÉNEZ VICEPRESIDENTA DE SOFOFA, EXMINISTRA DE ENERGÍA

¿ Recaudar más o gastar mejor?
LA COLUMNA DE.. . "Incluso superada la crisis, bien vale la pena cuestionar si hay que seguir aumentando el tamaño del Estado o si, en cambio, es más razonable exigirle mayor eficiencia y eficacia al gasto público". En los últimos 30 años el tamaño del Estado no ha parado de crecer y es probable que lo siga haciendo, dadas las generosas promesas que seguramente incluirá la nueva Constitución.
Ello ya levanta algunas voces a favor de elevar, otra vez, los impuestos. ¿Es ése el camino más adecuado? El gasto público de Chile alcanzará US$ 68.900 millones en 2020, más que lo que producen en un año países como Uruguay, Costa Rica o Croacia. La pregunta es si esto ha redundado en un mayor bienestar de las personas.
Dudoso, porque pareciera que quienes se sienten más frustrados son precisamente quienes más dependen de las prestaciones del Estado, pues acceden a una educación de baja calidad, un servicio de salud precario, y viven en permanente inseguridad en sus barrios.
Algunos podrán argumentar que el problema está en que lo recaudado no es suficiente para dar mejores servicios, señalando que Chile tiene una carga tributaria de 21% del PIB, mientras en la OECD alcanza 34,5 %. Sin embargo, ocho puntos de diferencia se explican por lo recaudado para seguridad social, la que en Chile no se contabiliza por ir a las cuentas de ahorro individual. Si además se compara con la carga tributaria de estos países cuando tenían igual ingreso per cápita que Chile, la diferencia resulta mínima. Así todo, insisten en la necesidad de subir impuestos en el futuro, ¿pero quién pagará esa cuenta? Chile tiene un impuesto muy recaudatorio, que es el IVA, cuyo nivel es similar al promedio OECD. Sin embargo, quienes se oponen a subirlo argumentan que es un impuesto regresivo, aun cuando si el gasto público es focalizado, tal efecto podría mitigarse.
Luego está el impuesto a las empresas, que en Chile alcanza una tasa de 27%. No sólo su nivel es alto (el promedio OECD es 23,5 %), sino que ha experimentado un importante aumento, contrario a lo que sucede en los países desarrollados, lo que ha reducido la competitividad de Chile. Pésimo candidato para un alza. El impuesto que pagan las personas por sus ingresos, en cambio, es bajo.
En Chile este impuesto recauda apenas un 1,4% del PIB, mientras que en la OECD representa sobre 8%. La razón es que tenemos un amplio tramo de rentas exentas y bajas tasas marginales, lo que redunda en una tasa promedio comparativamente baja para todos los niveles de renta, incluidos los más altos.
Resulta, pues, evidente que se necesita ampliar la base del impuesto a la renta, lo que además supone disminuir la informalidad y combatir la evasión. ¿Habrá voluntad política para ajustar este impuesto, aunque afecte a la clase media? Por último, están los que piden un impuesto a los ricos, argumentando que sería un “gesto” significativo, pese a reconocerlo como ineficiente e ineficaz; y otros que abogan por reducir exenciones, lo que es muy válido y necesario, pero en algunos casos políticamente inviable. Difícil ecuación, más en un país que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, con una caída esperada del PIB de más de 5% este año. Es evidente que aumentar la carga tributaria afectaría la capacidad de crecimiento (principal fuente de recaudación) y de creación de empleo, profundizando aún más la crisis actual. Pero incluso superada la crisis, bien vale la pena cuestionar si hay que seguir aumentando el tamaño del Estado o si, en cambio, es más razonable exigirle mayor eficiencia y eficacia al gasto público.
Es a través de la buena gestión de los recursos recaudados que se puede apoyar a los más vulnerables, redistribuir de manera más justa y proveer bienes y servicios públicos de calidad, sin dañar el potencial de progreso socioeconómico del país. En los últimos 30 años el tamaño del Estado no ha parado de crecer y es probable que lo siga haciendo, dadas las generosas promesas que seguramente incluirá la nueva Constitución.
Ello ya levanta algunas voces a favor de elevar, otra vez, los impuestos. ¿Es ése el camino más adecuado? El gasto público de Chile alcanzará US$ 68.900 millones en 2020, más que lo que producen en un año países como Uruguay, Costa Rica o Croacia. La pregunta es si esto ha redundado en un mayor bienestar de las personas.
Dudoso, porque pareciera que quienes se sienten más frustrados son precisamente quienes más dependen de las prestaciones del Estado, pues acceden a una educación de baja calidad, un servicio de salud precario, y viven en permanente inseguridad en sus barrios.
Algunos podrán argumentar que el problema está en que lo recaudado no es suficiente para dar mejores servicios, señalando que Chile tiene una carga tributaria de 21% del PIB, mientras en la OECD alcanza 34,5 %. Sin embargo, ocho puntos de diferencia se explican por lo recaudado para seguridad social, la que en Chile no se contabiliza por ir a las cuentas de ahorro individual. Si además se compara con la carga tributaria de estos países cuando tenían igual ingreso per cápita que Chile, la diferencia resulta mínima. Así todo, insisten en la necesidad de subir impuestos en el futuro, ¿pero quién pagará esa cuenta? Chile tiene un impuesto muy recaudatorio, que es el IVA, cuyo nivel es similar al promedio OECD. Sin embargo, quienes se oponen a subirlo argumentan que es un impuesto regresivo, aun cuando si el gasto público es focalizado, tal efecto podría mitigarse.
Luego está el impuesto a las empresas, que en Chile alcanza una tasa de 27%. No sólo su nivel es alto (el promedio OECD es 23,5 %), sino que ha experimentado un importante aumento, contrario a lo que sucede en los países desarrollados, lo que ha reducido la competitividad de Chile. Pésimo candidato para un alza. El impuesto que pagan las personas por sus ingresos, en cambio, es bajo.
En Chile este impuesto recauda apenas un 1,4% del PIB, mientras que en la OECD representa sobre 8%. La razón es que tenemos un amplio tramo de rentas exentas y bajas tasas marginales, lo que redunda en una tasa promedio comparativamente baja para todos los niveles de renta, incluidos los más altos.
Resulta, pues, evidente que se necesita ampliar la base del impuesto a la renta, lo que además supone disminuir la informalidad y combatir la evasión. ¿Habrá voluntad política para ajustar este impuesto, aunque afecte a la clase media? Por último, están los que piden un impuesto a los ricos, argumentando que sería un “gesto” significativo, pese a cerlo como ineficiente e ineficaz; y otros que abogan por reducir exenciones, lo que es muy válido y necesario, pero en algunos casos políticamente inviable. Difícil ecuación, más en un país que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, con una caída esperada del PIB de más de 5% este año. Es evidente que aumentar la carga tributaria afectaría la capacidad de crecimiento (principal fuente de recaudación) y de creación de empleo, profundizando aún más la crisis actual. Pero incluso superada la crisis, bien vale la pena cuestionar si hay que seguir aumentando el tamaño del Estado o si, en cambio, es más razonable exigirle mayor eficiencia y eficacia al gasto público.
Es a través de la buena gestión de los recursos recaudados que se puede apoyar a los más vulnerables, redistribuir de manera más justa y proveer bienes y servicios públicos de calidad, sin dañar el potencial de pro3 greso socioeconómico del país.