Autor: OSCAR VALENZUELA

Superintendencia de Educación pide cierre de U. La República
Tras años de crisis, los más de 3.200 alumnos del plantel deberían ser reubicados en otras instituciones. Lista: las instituciones de educación superior cerradas en los últimos años Así lucía este martes la tradicional sede de la universidad, en calle Agustinas. El 22 de marzo, mismo día en que sus estudiantes iniciaban las clases online de este semestre, se sellaba el destino de la Universidad La República.
Ese lunes las autoridades del plantel presentaron a la Superintendencia de Educación Superior (SES) su plan de recuperación, solicitado en el marco de una investigación del organismo por el delicado estado financiero de la casa de estudios superiores.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada. ¿ El motivo? “Las medidas comprometidas no permiten subsanar la crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la institución, ni garantizar la continuidad del préstamo del servicio educativo”, indica la SES en un comunicado.
Frente a este escenario, la superintendencia solicitó al Ministerio de Educación que revoque el reconocimiento oficial de la universidad, lo que determinaría su cierre, tal como ha ocurrido con otras instituciones en los últimos años (ver tabla). "En los próximos días el Mineduc revisará los antecedentes remitidos para que, de estimarse pertinente, solicite al Consejo Nacional de Educación la revocación del reconocimiento”, explica Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior.
“Esto, eventualmente, podría llevar a la designación de un administrador de cierre que tomará el control de la universidad”, agrega. "Queremos decirle a los estudiantes Que estaremos permanentemente monitoreando la situación y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos, en el caso que se declare el cierre de la institución, puedan reubicarse lo antes posible en otras instituciones”, asegura el subsecretario. Fundada en 1988 -y ligada a en sus inicios a la masonería actualmente la institución cuenta con su tradicional casa central en Agustinas, pleno centro de Santiago, y 10 sedes regionales. No está acreditada y ha sufrido una disminución de matrícula (pasó de 4.848 alumnos en 2017 a 3.242 en 2020, según mifuturo.
Cl). Entre los hechos que menciona la SES para pedir el cierre aparece déficit financiero, incumplimiento de obligaciones provisionales con sus trabajadores, deuda por pago de impuestos y créditos fiscales, incumplimientos en el pago de arriendo, precario mantenimiento de algunas sedes y denuncias por desorden administrativo. Hasta el cierre de esta edición la universidad no se había pronunciado sobre el anuncio. Su sitio web estaba caído, “mantención programada”, señalaba el portal.
Crisis extensa Gonzalo Zapata, académico de la Facultad de Educación UC, opina que se trata de una noticia esperada. "La Universidad La República tuvo un proyecto interesante, pero desde hace muchos años venía presentando una crisis importante. Esta no es la primera investigación que tenía a su haber”, señala, recordando que hace una década ya estuvo al borde del cierre. Destaca que en procesos anteriores se produjeron errores -pone como ejemplo la Universidad del Mar, en 2013 lo que ahora no debería suceder con la nueva institucionalidad de la educación superior.
“Hoy día el gobierno tiene mayores atribuciones para llevar a cabo un proceso que involucra cuidar el cierre de la institución y sus recursos, pero, fundamentalmente, hacerse cargo de la reubicación de los estudiantes y hacer eso en unos tiempos que sean rápidos”, señala.
Rol fiscalizador Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, dice que no es Positivo el cierre de una institución, pero destaca el rol preventivo que juga" ron las autoridades. "Es importante recalcar que el hecho de que la superintendencia tenga la facultad de identificar aquellas instituciones que están teniendo falencias, y por lo tanto no están siendo capaces de entregar adecuadamente la formación a sus estudiantes, me parece que es algo muy positivo para el sistema”, señala. "Es bueno en cuanto a regularizar y, por supuesto, a entregar una mayor confianza a los estudiantes, evitando que se produzcan situaciones como la Universidad del Pacífico, en la que no hubo ningún proceso que se pudiese identificar y los que más se vieron perjudicados fueron los propios estudiantes”, concluye.