EDITORIAL: Expectativas sobre la cuenta pública
EDITORIAL: Expectativas sobre la cuenta pública E l Presidente de la República presentó el domingo su cuarta cuenta pública ante el Congreso Pleno; por tratarse del último mensaje, había numerosas expectativas respecto del tono que elegiría a la hora del balance, en particular debido a la profundidad refundacional del programa que la izquierda ofreció en 2021 y los imperativos de la realidad que ha debido enfrentar su gestión. Desde luego, y tal como ha ocurrido desde la reinstalación de la democracia en 1990, el discurso ha sido evaluado de distinta forma por el oficialismo y la oposición.
Mientras esta última ha acusado a Boric de "autocomplacencia", de no atender los problemas de las mayorías, de omitir asuntos como la corrupción o los casos Monsalve y Allende, o de insistir en materias "identitarias", las fuerzas de Gobierno han valorado el número de leyes aprobadas y la recuperación de la estabilidad tras los tumultuosos años de la administración Piñera. Aunque al Gobierno le restan nueve meses de mandato, Boric anunció el envío de varias iniciativas legales y apurar otras ya en tramitación.
Legisladores y analistas han observado las dificultades que supondrá materializar los proyectos de ley, y la aspiración de asignar al mensaje presidencial la capacidad de mover sustantivamente la aguja de la discusión pública; en general, las encuestas han mostrado que los gobernantes suben su apoyo tras la cuenta, pero rápidamente vuelven a los índices previos o de tendencia.
Al poco tiempo que le queda al Gobierno para avanzar se suman el factor electoral, la falta de mayorías y la naturaleza misma de las iniciativas --aborto, adelantar la descarbonización de la matriz o cambios en el sistema político--, que no generan pleno acuerdo ni siquiera en el oficialismo.
A diferencia de lo ocurrido con las primeras administraciones de la Concertación, donde había una alta posibilidad de que el mandatario fuera sucedido por alguien del mismo bloque o con un programa más o menos similar, desde 2009 que ningún gobierno ha logrado dar continuidad a sus ideas.
La obligación, primero de los ministros y luego del Jefe de Estado, de dar cuenta del estado administrativo y político de la nación, como establece hoy la Constitución, es una tradición histórica instaurada en 1833, que fijó la fecha del 1 de junio por la apertura del período ordinario de sesiones del Congreso; la distinción entre período ordinario y extraordinario se abolió con las reformas de 2005.
Si bien se trata de un rito republicano, difícilmente la cuenta pública significa un cambio de rumbo de cualquier gobierno o un punto de inflexión en su programa o su gestión, determinadas ambas por influencias más complejas.
La experiencia muestra que los presidentes --y sus entornos-asignan al mensaje atributos o facultades de control de la agenda que este no tiene, y las oposiciones, a su vez, le confieren también un desmedido carácter de examen crítico.
Es probable que en torno al discurso presidencial --el enunciado de la Constitución le adjudica a la cuenta pública un carácter más próximo al balance administrativo que a las formulaciones programáticas o ideológicas-se hayan tejido demasiadas expectativas sobre su capacidad de modificar la realidad del poder y la política. "Si bien se trata de un rito republicano, difícilmente la cuenta pública significa un cambio de rumbo o un punto de inflexión". Expectativas sobre la cuenta pública.