Autor: MARÍA JESÚS COLOMA
Plataformas ven inseguridad jurídica y efectos negativos en el ecosistema de innovación y la competencia por dictamen de la Dirección del Trabajo
NO PERMITE COEXISTENCIA DE TRABAJADORES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES: Queremos que se respete la ley y que quienes buscan una oportunidad económica puedan encontrarlas en las plataformas digitales, ahora con las certezas que brinda la Ley 21.431 ”. ALBERTO VIGNAU Gerente general de Uber para Cono Sur. N septiembre del año pasado Ley 21.431 que regula la relación laboral, entre las plataformas móviles y las personas que prestan servicios a través de ellas. Esto fue bien recibido industria. De hecho, valoraron la legislación ya que es pionera en la región al crear una regulación innovadora para todas las actividades de esta naturaleza. Sin embargo, el 19 de octubre de 2022 la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que reinterpreta la ley y no permite la coexistencia de trabajadores dependientes e independientes.
De esta forma la interpretación del servicio público indica que todos los colaboradores deben tener un vínculo de dependencia con la empresa, lo que ha puesto en alerta al sector debido a que la mayoría de las personas que trabajan en estas plataformas digitales lo hacen de forma independiente. De hecho, en la industria esta apreciación no ha sido bien recibida, porque implicaría cambios en las normas ya definidas. Además, aseguran que hay inseguridad jurídica y podría afectar también el desarrollo del ecosistema chileno de innovación y emprendimiento.
Desde Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam) —que tiene 15 miembros, entre los que se encuentran Didi, Rappi y UpGirl—, sostienen,, en primer lugar, que una mala regulación tendrá un impacto no solo en las plataformas, sino que también en los usuarios, restaurantes, comercio, emprendedores y en toda la actividad que rodea a las mismas startups de movilidad y delivery, una situación que no es menor, aseguran.
“En la actualidad, la industria promueve beneficios a casi el 2,3% de la población ocupada de nuestro país (INE, junio 2022), además de ofrecer crecimiento económico e inclusión en el comercio digital a miles de negocios y personas a lo largo de Chile”, señala Kim Maturana, presidenta de Achiplam y fundadora de UpGirl. Asimismo, Maturana añade que esto podría tener un impacto significativo en el ecosistema de innovación y de la competencia.
Si bien la ley busca regular el trabajo en plataformas y otorgar protección social a los trabajadores, lo que desde la asociación apoyan, el dictamen, asegura la presidenta del gremio, va más allá de su alcance y afectaría la forma en que operan las plataformas y las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas nacionales innovadoras que operan y otras que quisieran llegar a operar al país. “Lo que a su vez podría reducir la competencia y limitar las opciones disponibles para los consumidores (... ) Una mala regulación puede echar por tierra todo lo avanzado. Tenemos una ley que fue producto de un diálogo, un proceso participativo del que tanto se ha hablado en el último tiempo.
Un dictamen como este pone una barrera artificial, insalvable y extremadamente perjudicial para la industria de plataformas”, precisa Maturana y agrega que es clave “rectificar el rumbo y poder contar con un dictamen interpretativo alineado a la realidad industrial en beneficio de todo el ecosistema y que respete el espíritu detrás de esta ley que lleva menos de un año vigente”. Desde la industria coinciden en que en caso de que la interpretación del regulador continúe como está, esto podría tener un fuerte impacto en el rubro. "Si bien la ley busca regular el trabajo en plataformas y otorgar protección social a los trabajadores, lo que apoyamos firmemente, el dictamen va más allá de su alcance y afectaría la forma en que operan las plataformas”, señala Kim Maturana, presidenta de Achiplam. en tanto, desde Pedidos Ya recalcan que el dictamen genera inseguridad jurídica, pues no respeta el espíritu de la ley. “Es muy relevante para la sostenibilidad de una industria que exista seguridad jurídica. En ese sentido, el dictamen de la DT no representa el espíritu de la Ley 21.431 que reconoce un modelo dual, es decir, la coexistencia de un régimen dependiente y uno independiente.
En relación a esto, estimamos que el dictamen, al fijar indicios generales de laboralidad determinados por funcionarios de la Inspección del Trabajo, afecta seriamente el principio de legalidad, como también, el debido proceso y seguridad jurídica, pues la definición de la calidad jurídica de la relación laboral corresponde a los tribunales de justicia”, explicaron desde la compañía.
Asimismo, sostienen que “el no contar con reglas claras genera una barrera a la innovación y perjudica la inversión”. Desde Cabify mencionan que el dictamen de la DT fue una sorpresa ya que el espíritu de la ley era entregar garantías básicas a los conductores y repartidores de empresas de aplicación, algo con lo que estaban de acuerdo y comparten. “Sin embargo, se cuestiona la figura del trabajador independiente, que es uno de los atributos más valorados por los trabajadores, ya que les permite complementar renta, dedicarse a proyectos personales o estudiar.
Forzarlos a una relación laboral de dependencia tradicional atenta gravemente con esta industria y cuestiona las nuevas tendencias del mercado laboral a nivel global, algo que garantizaron los parlamentarios con la ley 21.431, pero tira por la borda la autoridad laboral”, señalaron desde la startup de movilidad.
Del Una mala regulación puede echar por tierra todo lo avanzado (... ) Un dictamen como este pone una barrera artificial, insalvable y extremadamente perjudicial para la industria de Plataformas”. KIM MATURANA Presidenta de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam). LOS PRÓXIMOS MESES SERÁN CLAVES PARA LA INDUSTRIA, YA QUE LUEGO DE LOS ALEGATOS —QUE COMENZARON LA SEMANA PASADA— EL SECTOR ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN FINAL QUE DE LA CORTE DE APELACIONES SOBRE EL DICTAMEN EMITIDO POR LA DIRECCCIÓN DEL TRABAJO.
EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES NO QUEDE CONFORME PODRÍA PASAR A LA CORTE SUPREMA. lOS PASOS QUE VIENEN Ante este escenario, Uber llevó el dictamen a la justicia y en noviembre pasado, ingresó un Recurso de Protección a la Corte de Apelaciones, al igual que el sindicato de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicación (Sincapp), para dejar sin efecto el dictamen de la Dirección del Trabajo, los cuales fueron declarados admisibles. Actualmente el proceso sigue en la Corte de Apelaciones y tanto el regulador como las plataformas involucradas están a la espera de la resolución de la justicia.
Por eso, los próximos meses serán claves para la industria, ya que luego de los alegatos —que comenzaron la semana pasada— el sector está atenta a lo que resuelva la Corte de Apelaciones sobre el dictamen emitido por el regulador laboral. En caso de que una de las partes no quede conforme esto podría pasar a serrevisado por la Corte Suprema. “La decisión de pedir a la Corte de Apelaciones que deje sin efecto el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo está en línea con el compromiso de Uber con Chile.
Queremos que se respete la ley y que quienes buscan una oportunidad económica puedan encontrarlas en las plataformas digitales, ahora con las certezas que brinda la ley 21.431 ”, señala el gerente general de Uber para Cono Sur, Alberto Vignau, quien está a la espera de una pronta resolución.
EFECTOS EN LA SOCIEDAD Según un estudio realizado en 2022 por la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad en conjunto con el Centro de Estudios UC, 189 mil personas obtuvieron ingresos en los últimos 24 meses ofreciendo servicios en plataformas de transporte o de delivery.
Además, un 91% de los encuestados señalaron que alguna de las personas del hogar prestaron servicios en plataformas de transporte o delivery en algún mes durante el último año y un 52% durante el mes anterior.
Por último, más de la mitad de los hogares del país utilizaron plataformas digitales de transporte, de delivery o compras online en los últimos 24 meses, es decir, cerca de 3,33 millones de hogares, con 10,2 millones de personas en el país. “Vemos con preocupación el rumbo que tomó la autoridad al agregar nuevos indicios y criterios a los ya establecidos por ley. Nos preocupa especialmente en vista de la llegada de nuevos proyectos de ley que está impulsando el gobierno que son de gran importancia para las empresas y no solo las plataformas”, indica Maturana.
No obstante, asegura que es clave profundizar el diálogo con las autoridades: “Creemos que el adecuado conocimiento y caracterización de la industria y su impacto sobre emprendedores, pymes y trabajadores es fundamental para que las autoridades tomen decisiones correctas basadas en evidencia, aplicando de manera justa la ley y respetando el espíritu con el que fue creada”.
