POLÉMICA POR EMPLEO PÚBLICO REVELA DIFICULTAD EN EL CONTEO DE TRABAJADORES y expertos instan al Gobierno a exigir que instituciones reporten nóminas
A n Chile no se puede saber cuántos empleados públicos existen realmente.
Ese es uno de los principales cuestionamientos que hacen los expertos tras la polémica que se levantó por el incremento que están mostrando los asalariados del sector público, según la encuesta del INE, mientras el Gobierno ha buscado cuestionar esas cifras. El problema son las distintas fuentes que existen para medir a estos trabajadores. De acuerdo con la encuesta de empleo del INE, a marzo, los asalariados públicos aumentaron en 94.100 puestos en un año, hasta llegar a 1.193.000 personas. Este grupo se divide en los rubros administración pública, enseñanza, salud y otros. Esta semana, el organismo estadístico salió a aclarar que lo que está aumentando no es la administración pública. Los datos muestran, de hecho, que los mayores aumentos se observan en salud y enseñanza, que, en conjunto, explican el 73% de los 94.100 nuevos empleos.
HECTOR ARAVENA o pa Analistas afirman que en Chile no se sabe cuántos empleos públicos existen: A MA El artículo 70 de la ley N* 21.306 obliga a todos los órganos y servicios públicos, incluyendo al Gobierno central, municipalidades, universidades estatales y empresas públicas, a enviar mensualmente a la Dipres las nóminas de sus trabajadores y remuneraciones. Esto permitiría contar con un registro administrativo de todos los funcionarios públicos. Sin embargo, hasta ahora la normativa no se está cumpliendo del todo. + DAVID LEFIN una medición distinta es la que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto del personal civil del Gobierno central. Esta no es una encuesta, sino un registro administrativo, cuyo último dato disponible, a diciembre de 2022, daba cuenta de un total de 452.779 cargos efectivos, con una disminución de 0,1%, en 12 meses. Desde Hacienda han usado estos datos para descartar un aumento en los funcionarios de gobierno durante la actual administración y desestimar la encuesta del INE.
Sin embargo, el director del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la UDP, Juan Bravo, señala que “no se pueden usar los datos administrativos de Dipres para desestimar o corroborar el aumento de los asalariados del sector público en la encuesta del INE, porque están midiendo cosas distintas”. Agrega que “el informe de Dipres solo considera al personal civil del Gobierno central y, por ende, cubre menos de la mitad de todo el empleo asalariado público, radicando la mayor parte de la diferencia en los funcionarios municipales”. El mismo INE salió en la semana a aclarar que se trata de mediciones distintas. “Realizar una comparación de la encuesta (del INE) con registros administrativos (de Dipres), sin considerar los alcances conceptuales de cada fuente, puede traer consigo errores de interpretación”, afirmó en una declaración pública.
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso en duda el alza del empleo público y resaltó que en la encuesta del INE las personas se “autodeclaran” como trabajadores del sector público, por lo que “esos datos tienen dificultades”. “Hay que tener claro que si el Gobierno central, incluyendo las fuerzas armadas y las policías, tiene menos de 500 mil funcionarios, si las municipalidades tienen menos de 200 mil funcionarios, incluyendo a los profesores y al personal de la salud municipal, para que aumentaran las contrataciones en 80 mil o 90 mil personas tendríamos que estar viéndolo en alguna parte, tendríamos que tener empleados públicos saliéndose por las ventanas de los servicios públicos”, afirmó Marcel el miércoles, tras un seminario en la Universidad de Chile.
Cuestionamientos a la encuesta La economista de Ly D, Ingrid Jones, afirma que todas las encuestas son autorreportadas, pero tienen preguntas dentro del mismo cuestionario que validan las respuestas, de tal manera de eliminar las inconsistencias o errores que puedan surgir al contestar un cuestionario, y por eso las encuestas tienen un margen de error.
“Poner en duda la veracidad de las cifras de empleo siembra dudas sobre otras mediciones y encuestas que hace el INE, como la medición del IPC o el censo, siendo esta última encuesta fundamental para la elaboración de otras encuestas que permiten otorgar ayudas sociales a la población”, afirmó. La misma visión tiene Bravo, quien señala que la hipótesis de cuestionar la encuesta no es plausible, ya que implicaría que repentinamente surgió una confusión masiva entre los encuestados a la hora de autorreportarse. “Si bien las encuestas están sujetas a problemas de autoclasificación, estos son acotados, ya que son cuidadosamente diseñadas para evitar esto.
Además, este fenómeno es un asunto permanente y no se circunscribe a un período en específico, por lo que no es creíble que en un determinado trimestre móvil haya un aumento tan masivo entre los encuestados como para explicar un aumento anual de más de 94 mil asalariados en el sector público”, indicó.
La polémica podría extenderse esta semana que comienza, pues el martes, el INE publicará una nueva encuesta de empleo con datos a abril, donde podría verse un nuevo aumento en los asalariados públicos, mientras que el miércoles la Dipres publicará su informe de recursos humanos del sector público, con datos administrativos del Gobierno central a marzo.
Los problemas de la Dipres con la nueva base de datos En este contexto, los analistas cuestionan que no exista un registro que considere a todos los empleados públicos y cuyos datos sirvan para contrastar la encuesta del INE.
El artículo 70 de la ley N? 21.306 de reajuste del sector público de 2020 obliga a todos los órganos y servicios públicos, incluyendo al Gobierno central, municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a enviar mensualmente a la misma Dipres las nóminas de sus trabajadores y remuneraciones. Esto serviría para tener una visión general, más allá del informe sobre el Gobierno central que actualmente publica la entidad.
Hasta ahora, dicha ley no se está cumEs absurdo que en pleno siglo XXI, el Estado de Chile no cuente con la información centralizada y actualizada de todos los funcionarios públicos”. JUAN JOSÉ OBACH DIRECTOR EJECUTIVO DE HORIZONTAL No puede ser que el Estado no sepa cuántos trabajadores públicos hay y, por lo tanto, se debe hacer cumplir la ley”. JUAN BRAVO DIRECTOR DEL OCEC DE LA UDP Poner en duda la veracidad de las cifras de empleo, siembra dudas sobre otras mediciones y encuestas que hace el INE, como la medición del IPC o el censo”. INGRID JONES ECONOMISTA DE LYD pliendo del todo. “El Mercurio” solicitó vía Ley de Transparencia los datos a la Dipres desde 2021 a la fecha.
Sin embargo, solo fue posible acceder a datos incompletos, ya que menos de la mitad de las municipalidades efectivamente cumple con la obligación de reportar sus nóminas, mientras que en las empresas públicas lo hacen con irregularidad.
Además, los últimos datos que entregó la Dirección de Presupuestos están a septiembre de 2022, argumentando “problemas técnicos que mantiene la plataforma de captura de datos”. Añadió en su respuesta que “se ha gestionado para que el problema sea resuelto en el más corto plazo”. Una solicitud similar realizó por Transparencia el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, y la respuesta de la Dipres fue del mismo tenor. “Es absurdo que en pleno siglo XXI, el Estado de Chile no cuente con la información centralizada y actualizada de todos los funcionarios públicos. Dipres cuenta con todas las herramientas legales y tecnológicas para exigirles atodos los organismos públicos esta información, por lo que cuesta entender que no tenga la información actualizada”, critica Obach. Consultada la Dipres, ahora vía prensa, por la imposibilidad de acceder a datos desde octubre de 2022, esta vez la respuesta fue distinta. Señalaron que esos datos están actualizados hasta mayo de 2023 como lo define la normativa, seinforma trimestralmente a Contraloría el nivel de cumplimiento de las instituciones que informan.
Sin embargo, agregaron que, ante las solicitudes de información, “se requieren procesos adicionales de validación, con el fin de entregar datos consistentes, pero al mismo tiempo, sin comprometer cualquier información personal de la dotación del sector público”. Para Juan Bravo, lo fundamental es que “no puede ser que el Estado no sepa cuántos trabajadores públicos hay y, por lo tanto, se debe hacer cumplir la ley”. El economista cuestiona que hasta ahora las autoridades no se han preocupado de esto, pese a que la ley define sanciones para quienes no cumplan.
El artículo 70 señala que “la Dirección de Presupuestos informará a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación dispuesta en este artículo, la cual, de acuerdo con las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización.
El incumplimiento injustificado de la obligación establecida en este artículo se sancionará con multa de 20 a 50 por ciento de las remuneraciones de la autoridad o jefe superior respectivo del órgano o servicio”. Obach insiste en que la polémica revela la importancia de contar con datos administrativos de calidad. “Si el Estado los tuviera, sabríamos exactamente cuánta gente trabaja en el Estado, evitándonos esta polémica. Dipres o Contraloría deben exigir que se reporte periódicamente esta información y transparentarla a la ciudadanía. Junto con esto, se debe trabajar en conjunto con el INE para lograr un buen contraste entre los registros administrativos y la encuesta de empleo”, puntualizó.