Autor: L CRUZAT Y A ZÚÑIGA

Fiscalía insta a Orrego a denunciar pagos por información y Cariola busca reserva de chats por seguridad nacional
Fiscalía insta a Orrego a denunciar pagos por información y Cariola busca reserva de chats por seguridad nacional Una nueva polémica sumó ayer la investigación que dirige la Fiscalía Regional de Coquimbo contra la diputada Karol Cariola (PC) por un eventual tráfico de influencias, entre otros delitos, relacionado con posibles favores a empresarios chinos.
Aumentaron las dudas sobre la forma en que el Ministerio Público resguarda sus pesquisas, luego que el viernes se divulgaran chats entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), con duras críticas al Presidente Gabriel Boric y el Gobierno en 2022, las que solo se profundizaron este lunes cuando el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, apuntó a eventuales pagos a cambio de información. "Me parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales, de lo que está pasando dentro de la fiscalía, abismante, porque quiere decir que alguien aquí esta moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?", comentó. n Llaman a "dar cumplimiento a la ley" y denunciar El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, instó al gobernador a entregar los antecedentes. "Él tiene una obligación legal (... ), todo empleado público que tenga conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito tiene la obligación legal de hacer la denuncia si no comete el delito que se denomina omisión de denuncia", recordó, insistiendo en que "hay una obligación (... ), más allá de poder conversar o no este tema, yo creo que lo que corresponde es hacer la denuncia, así de simple". Durante la misma jornada, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó, como Orrego, la divulgación de estos chats entre la diputada y la jefa comunal: "Cuando las mujeres están pensando si denunciar nos preguntan ¿ pero todo el mundo va a conocer mi carpeta? Ese es el daño a la confianza en el sistema penal que se produce cuando no se cumple con la confidencialidad de las investigaciones". Se sellaba así una segunda ola de críticas respecto del Ministerio Público, pero en el organismo de persecución penal el foco estaba en las definiciones que debían acordarse para avanzar. n Acuerdan protocolo de extracción de mensajes La fiscalía coordinó con la defensa de la legisladora, el abogado Juan Carlos Manríquez, cómo se realizaría la extracción de evidencia del teléfono de la diputada, tal como lo había ordenado el magistrado del 7 Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, la semana recién pasad a.
E l l o, p a r a e x c l u i r y resguardar los mensajes privados, sin "interés criminalístico". "Se van a ir analizando en un procedimiento paralelo y conjunto concordado entre los intervinientes, que ya está siendo puesto en marcha a través de actas y de medios electrónicos. Eso supone que desde la próxima semana en adelante el trabajo de chequeo cruzado de esta información se va a comenzar a ejecutar en detalle", comentó.
Entre otros argumentos, el abogado defensor ha invocado desde la protección de la vida privada hasta razones de seguridad nacional para proteger las conversaciones de Cariola. "Estamos muy preocupados, atendido que se trata del teléfono de la tercera autoridad de la nación, que por razones de su cargo ha participado en una serie de reuniones con representantes diplomáticos, extranjeros, nacionales, altas autoridades con los cuales se han tratado temas muy delicados que son secretos, de seguridad nacional, fronteras, migración y otros", había dicho Manríquez más temprano. El Ministerio Público hará una entrega parcelada de evidencias, que se revisarán una a una para su aprobación o rechazo y que podría derivar en nuevas disputas ante tribunales. Mientras que, tras conocer información sobre posibles solicitudes de remoción, que estarían evaluando en el PC, Cooper defendió la causa y el rol de los persecutores.
Ayer, en conversación con CNN Chile, expresó: "Si el poder político va a reaccionar frente al trabajo de un fiscal regional, perfecto, nos tendremos que defender y vuelvo a reiterar, digamos, cuidar la democracia la separación de funciones y los organismos constitucionalmente autónomos". n Nueva querella por peticiones a exalcaldesa En la investigación, además, se presentó una nueva querella, ingresada por el abogado Sergio Rodríguez, en representación de los diputados republicanos, Juan Irarrázaval y Luis Fernando Sánchez ante el 7 Juzgado de Garantía de Santiago. "Se da cuenta de una serie de conductas, a primera vista todas ellas calificadas como ilícitos penales cometidos por funcionarios públicos, relacionadas con peticiones realizadas directamente por la diputada Cariola Oliva o a través del operador político comunista conocido como `Juanito González' (Jorge Cárcamo Castro) a la exautoridad municipal Hassler Jacob. Todo ello a cambio de beneficios y financiamiento político en favor de ambas funcionarias públicas", consigna la acción penal.
Sobre el empresario chino E m i l i o Y a n g d e t a l l a n q u e "participó de un viaje a Beijing, bajo la coordinación de Dirección de Asuntos Internacionales en julio de 2024, encabezada por la diputada Karol Cariola Oliva.
De acuerdo a información de prensa, cumpliría un rol de traductor y los ayudaba con los distintos paseos por la ciudad como una visita a la tumba de Mao". Segunda ola de críticas contra investigadores por divulgación de mensajes privados Fiscalía insta a Orrego a denunciar pagos por información y Cariola busca reserva de chats por seguridad nacional L. CRUZAT Y A. ZÚÑIGA El PC --en el que milita la diputada-evaluaba ayer pedir la remoción del persecutor del caso, mientras que desde el Gobierno se volvió a cuestionar la indagatoria. El Ministerio Público defendió su autonomía. Eugenio Campos es el jefe Anticorrupción de la fiscalía y defendió la labor del organismo. JONATHAN MANCILLA La diputada (PC) Karol Cariola pide resguardar la privacidad de los mensajes en su teléfono. JONATHAN MANCILLA El gobernador de la RM, Claudio Orrego, sugirió que podía haber pagos en fiscalía.
DAÑO La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, advirtió ayer que la divulgación de estos mensajes causaba un "daño a la confianza en el sistema penal". "Creo que la acusación que hace el gobernador es bastante grave al suponer o dejar instalada la posibilidad de que exista una contraprestación económica para explicar las filtraciones", comenta el exfiscal jefe de La Serena Marcelo Sanfeliú.
Y añade que al decir "alguien está moviendo plata", como sostuvo Orrego en referencia a la filtración de conversaciones políticas entre la diputa Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, "es una imputación clara de que alguien, en este caso del Ministerio Público o la policía, recibe dinero a cambio de entregar este tipo de información.
Eso se llama cohecho y si es así, y el gobernador tiene los antecedentes suficientes para realizar esa afirmación, es su obligación como funcionario público el denunciar estos hechos". En la misma línea, la penalista Catherine Lathrop sostiene que "asumiendo que el gobernador, como abogado, conoce la ley, sabe que lo que está haciendo es atribuir un delito". "Las investigaciones son secretas para todos aquellos que no sean intervinientes y la violación de la misma constituye un delito --recuerda--, desde esa perspectiva, lo que corresponde es que haga una denuncia ante el Ministerio Público o presente una querella ante el tribunal competente". El también penalista Alejandro Espinoza asegura no tener "ningún antecedente de que hayan existido filtraciones de información a cambio de dinero, lo que claramente sería constitutivo del delito de cohecho, por lo que me imagino que el gobernador denunciará y aportará las pruebas pertinentes". "Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que de parte del Ministerio Público no ha existido ninguna voluntad de perseguir seriamente los delitos cometidos por funcionarios públicos al develar secretos, especialmente cuando pueden haber fiscales implicados", dice. Por su parte, el académico de la U.
Diego Portales Cristián Riego, estima que Orrego "está hablando en un terreno político, allí se dicen cosas para generar climas", y que para considerar de manera seria el antecedente de que existirían intercambios económicos para publicitar información reservada de las causas de la fiscalía, la información entregada "tiene que ser más concreta, por ejemplo, quién paga y a quién se le paga (... ), porque es distinto el efecto: un abogado no tiene obligación de secreto, puede ser una violación de la ética, pero no es delito que filtre, distinto a los funcionarios públicos, como policías y fiscales". Y aunque, dice, "no descartaría nada" respecto de las eventuales motivaciones para estas divulgaciones, cree que en estos casos las razones van por un camino que no es económico y sus responsables serían "personas que tienen algún conflicto con otra, uno de los intervinientes respecto de otro, o alguien que quiera favorecer su posición". "Está muy vinculado a temas de imagen, de perjudicarla o beneficiarla (... ), o directamente por elementos políticos, como hacer generar un conflicto, desprestigiar a algún grupo o partido (... ), porque en las causas en que se filtra son en las que están involucrados políticos", plantea el profesor de Derecho Procesal. Además, puntualiza, "no tienen tanta trascendencia y suelen no afectar al proceso de un modo determinante, sobre todo en el largo plazo. El efecto de las filtraciones suele ser más político que judicial". Penalistas sostienen que como el gobernador atribuyó delitos, debe recurrir a la justicia.