Autor: LORENA CRUZAT
Eugenio Campos asume hoy en esa unidad de la Fiscalía Nacional
Las definiciones del nuevo jefe anticorrupción y contra el lavado de dinero: foco en municipios y patrimonios
Se priorizará la investigación de eventuales delitos funcionarios en alcaldías y gobiernos regionales. También la recuperación del dinero proveniente de actividades ilícitas para evitar que organizaciones criminales sigan operando.
Eugenio Campos —quien ejercía como fiscal regional de Magallanes— asume hoy en la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociado de la Fiscalía Nacional. Deja así su casa en Punta Arenas para arribar a Santiago, y en conversación con “El Mercurio” adelanta sus primeras definiciones. Sobre su nombramiento, afirma que valora que el jefe del Ministerio Público, Angel Valencia, con quien compitió para encabezar el organismo en las últimas elecciones, confiara en él. Realizar un catastro de casos y priorizar a municipalidades. El abogado —que lleva 21 años en la fiscalía y dirigió la investigación por el fraude en Carabineros— dice que van a “reafirmar el compromiso de luchar contra la corrupción, particularmente. Se buscará generar equipos investigativos (desde su unidad), estar siempre colaborativos con cada uno de los fiscales a nivel nacional, y hacer un catastro de cada una de las indagatorias” relacionadas con delitos funcionarios. “La opacidad o falta de transparencia con la que se manejen los recursos públicos son caldo de cultivo para conductas delictivas. Por lo mismo, a nuestro entender, más que perseguir fenómenos delictivos nuevos, lo que pretendemos es aportar con un enfoque distinto en el abordaje de las investigaciones asociadas a distintos fenómenos de corrupción en general. Un ejemplo de esto será el énfasis que se dará a aquellas que dicen relación con los delitos de corrupción ocurridos al interior de municipalidades y gobiernos regionales”, plantea Campos.
Y menciona que respaldarán “programas y modelos de cumplimiento al interior de los municipios, que permitan que estos efectúen una mejor gestión de los recursos públicos con transparencia”. Apoyarán, además, la investigación de casos como el led —en el que se indagan eventuales delitos de corrupción en las licitaciones que realizaron distintos municipios para la compra de este tipo de luminarias— o la causa abierta por la emisión de licencias médicas de Fonasa, en que se pesquisa la posible malversación de fondos. “Nos interesa apoyar a los fiscales para una buena y exitosa persecución penal”, afirma.
También, comenta, se harán cargo en la unidad de eventuales ilícitos en la propia fiscalía para resguardar “probidad interna”. En el ámbito del lavado de dinero, laidea es “poder dar un golpe certero contra la corrupción, pero no solo desde el punto de vista penal, sino también del patrimonial”. En este sentido, sostiene que van a ir tras los bienes de origen ilícito de delincuentes y organizaciones criminales. ? Tr tras los bienes de origen ilícito.
“Si dejamos el patrimonio para que la “herencia delictual” los tome, lo único que estamos haciendo es cambiar la titularidad del mismo”. El objetivo, señala Campos, es que “el Ministerio Público vaya abandonando aquella modalidad que teníamos monológica, de decir solo me ubico en la malversación, en el cohecho o el enriquecimiento ilícito, y comenzar a considerar que aquellos delitos de corrupción son delitos base para el lavado de activos, que también tiene que ser preocupación de la fiscalía.
Es decir, recuperar aquellos activos, recuperar aquellos bienes y dineros que han sido obtenidos de forma lícita para poder devolverlos al erario fiscal”. ¿Si su unidad va poder intervenir en los patrimonios de narcotráfico? El abogado responde: “Absolutamente, la estructura que ha querido dar el fiscal nacional (Ángel Valencia) respecto de la organización de las direcciones de las unidades especializadas que están bajo su mando tiene precisamente esta lógica: Que las direcciones, las unidades, puedan conversar unas con otras”. Participar en cambios legales.
Sobre las materias legislativas que son de interés institucional, Campos dice que hay muchos cambios legales desde la creación del Ministerio Público que “no han venido con dotación, con fiscales y funcionarios, que asuman esas nuevas tareas”. Por ejemplo, enumera, la iniciativa que instauró las entrevistas investigativas videograbadas, importante para niños, niñas y adolescentes, es una herramienta “novedosa”, sin embargo, “no viene aparejada con dotación para el Ministerio Público.
O, en el mismo tema de la corrupción, se amplió el catálogo de delitos, se aumentaron las penas, pero eso tiene que venir con herramientas acordes de persecución penal”. Para trabajar en el tema legislativo, dice, el fiscal Valencia ha encomendado crear comisiones y abordar en ellas algunos temas que “vayan en favor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado” y que, a su vez, “puedan ser materia de proyectos de ley para el Ejecutivo o para parlamentarios. Las lecciones de los casos Penta y SQM. Estas indagatorias serán materia de análisis, afirma el abogado. Se trata de causas que ya suman casi una década de tramitación, en las que se investigó el financiamiento irregular de campañas políticas. En Penta la mayoría de losimputados aceptaron ofrecimientos de la fiscalía distintos al juicio oral, por ejemplo, procedimientos abreviados —en que la pena máxima probable no supera los cinco años— o suspensiones condicionales. “Restringir algunas posibilidades que, por cierto, están entre las facultades del Ministerio Público, van a ser estudiadas con seriedad”, apunta.
Mientras que de la duración de estos procesos, menciona que “es una preocupación del fiscal nacional desde que asumió, (... ) pero también hay que considerar que nuestro código pudiese tener modificaciones prontas”. Al preguntársele por el arribo de Valencia a la institución y la implementación de distintos cambios —nuevas unidades, jefaturas, entre otros ítems—, Campos comenta: “Es un nuevo estilo de mando, cada uno de los fiscales nacionales que han pasado, don Guillermo Piedrabuena, don Sabas Chahuán, don Jorge Abbott, han expuesto una impronta y la institución pasa etapas, ahora estamos en una nueva, con una nueva criminalidad y con una nueva organización”. Consultado por su antecesora, la abogada Marta Herrera, quien dirigía la unidad anticorrupción, el nuevo jefe de la repartición optó por no hacer comentarios.
Sobre su relación con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a quien indagó por la filtración de un documento policial, dice: “Yo no tengo ninguna enemistad, por el contrario, (todos) conocen y saben cuál es y en eso no me nublo, sé lo que tengo que realizar y esa es mi función”. Arias finalmente, luego que Campos realizara diversas diligencias en el caso, acabó sobreseído.
Eugenio Campos, nuevo director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociado de la Fiscalía Nacional.
M Más cambios en jefaturas nacionales En el último Consejo de Fiscales Regionales de la semana pasada se abordó la reestructuración de distintas unidades. La abogada de la Universidad de Chile, Alejandra Mera, asumirá en la dirección de unidad de Responsabilidad Adolescente. Entre otros cargos, ha sido consultora para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile y para el Centro de Estudios de Justicia para las Américas.
Fue coordinadora del programa de formación de la Academia Judicial y recibió el premio por la contribución al conocimiento y ejecución de políticas públicas sobre delincuencia otorgado por la Fundación Paz Ciudadana (2012). Mientras que la exjefa de gabinete del fiscal nacional, Alejandra Seguel, quedó a la cabeza de la unidad de Derechos Humanos. Su trayectoria incluye ocho años en el sector público; por ejemplo, entre 2014 y 2015, se desempeñó en el Ministerio de Justicia. Por último, el abogado de la Universidad Católica, Mauricio Sovino, llega como jefe de la Unidad de Delitos Sexuales. Se ha desempeñado como asesor de violencia sexual en la Fiscalía Nacional y fue coordinador legal y de políticas públicas en la Fundación Amparo y Justicia.
