Misión Imposible: los 5 frenos para ejecutar 12000 expulsiones exprés
Misión Imposible: los 5 frenos para ejecutar 12000 expulsiones exprés Crónica Carlos Saldivia www.elmostrador.cI Concretar la expulsión por vía administrativa administrativa de 12 mil extranjeros antes de fin de año, como conminó la bancada de RN a la ministra del Interior, Carolina Carolina Tohá, bajo amenaza de acusación constitucional a pesar de que los decretos decretos de abandono del país están firmados firmados y pendientes desde hace años, es materialmente imposible. Si bien en 2023 el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) inició 7.147 extensos extensos procesos para la salida forzosa de migrantes, se han dictado solo mil decretos de expulsión en estos meses. De estos últimos, la PDI ha materializado, materializado, entre enero y mediados de noviembre, noviembre, apenas 735 expulsiones: 239 fueron empleando la vía administrativa gubernamental y 496 por sentencia judicial judicial de tribunales. A todas luces, la cantidad de funcionarios funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Migraciones no dan abasto para acelerar los procesos. En ese contexto de escasez de efectivos, pareciera también también haber enredos de cifras. Según el Sermig, en 2022 se realizaron 1.066 expulsiones, de las cuales 31 fueron fueron administrativas y 1.035 judiciales. Pero en el Ministerio del Interior y en la PDI tienen otro número de expulsiones expulsiones administrativas ejecutadas: en sus registros figuran 195 ese año. De acuerdo con la legislación vigente, existen tres entidades que pueden dictar dictar expulsiones: el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior Interior y el Poder Judicial.
Las causales para la medida son múltiples: múltiples: arribar al país con prohibición de ingreso; tener condenas o estar procesados procesados en el extranjero; pertenecer a movimientos terroristas o estar en lista de Interpol; ingresar o salir eludiendo el control migratorio; haber sido condenados condenados en Chile por delitos graves o bien simple delito y cuya pena no esté prescrita; no haber dado cumplimiento a la orden de abandono; encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria; reincidencia; tener trabajos sin visa; falsificar documentos, entre otras.
FALTA DE PERSONAL DE LA PDI El protocolo de la PDI, para materializar las expulsiones, contempla que cada extranjero extranjero que sea expulsado a través de un vuelo comercial, comercial, sea escoltado por dos policías hasta el lugar de su nacionalidad.
Por ello, los cerca de 8 mil oficiales de Investigaciones no darían abasto para acelerar acelerar las deportaciones de 7 mil o 12 mil personas, como propone la bancada de Renovación Renovación Nacional (RN). A eso se suma que la dotación del Departamento de Migraciones Migraciones y Policía Internacional es cercana a los 700 oficiales y asistentes policiales. El costo de la expulsión En promedio, detallan en el Sermig, cada expulsión cuesta cuesta entre $3 millones y $3.5 millones.
Por lo cual, la salida forzada de las 12 mil personas personas pendientes implicaría gastar, solo en pasajes, “unos 40 mil millones de pesos”, mientras que el presupuesto anual del Servicio Nacional de Migraciones es de $22 mil millones.
En el marco de la tramitación en el Congreso del Presupuesto Presupuesto 2024, el integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), exigió exigió al Gobierno respaldar la indicación para asegurar recursos recursos que permitan a la PDI comprar un avión y aumentar el número de expulsiones de extranjeros que han cometido cometido delitos en el país.
Ante la imposibilidad de usar aviones de la FACH para vuelos vuelos a Venezuela (el país con mayor número de expulsados), expulsados), ya que el Gobierno de Nicolás Maduro “no permite el arribo de vuelos militares, cómprenle un avión a la PDl dijo el senador Flores. Según indicó, ya están las cotizaciones: cotizaciones: un avión para 80 pasajeros pasajeros vale 15 mil millones de pesos.
“En el próximo presupuesto hay 7 mil millones de pesos para expulsar, en el mejor de los casos, 2 mil personas, porque en los vuelos comerciales comerciales solo permiten dos expulsados con cuatro funcionarios funcionarios de la policía custodiando. custodiando.
Entonces, con el presupuesto presupuesto de 2 años se puede comprar el avión institucional y que sea la PDI, que tiene los pilotos, que tiene la bencina y el conocimiento, y lleve 80 personas, mitad expulsados y mitad policías”, afirmó Flores ATRASOS HISTÓRICOS DEL DEM Desde el Ejecutivo explican que los retrasos en la tramitación tramitación de salidas de migrantes migrantes comenzaron hace una década, en el desaparecido Departamento de Extranjería Extranjería y Migración (DEM), cuyo “personal era aún más reducido reducido y la medida no era una prioridad”. Sostienen que el aumento de la llegada de venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades comenzó comenzó en el primer Gobierno Gobierno de Sebastián Piñera y que esto se disparó en el segundo mandato. En la actualidad existen 12 mil personas en condición de ser expulsadas y se abrieron más de 7 mil nuevos expedientes. expedientes. A estas se suman mil resoluciones firmadas por las autoridades, que se encuentran encuentran a la espera de ser ejecutadas. La cantidad de expulsados por vía administrativa ha ido variando.
En 2018 habrían sido 302; en 2019 se llegó a un peak de 576; en 2020 se redujo a 202 y según el Sermig en 2022 hubo 31, esto debido a la entrada en vigencia de la Ley 21.325 que estableció un proceso burocrático.
DIFICULTADES PARA ENCONTRAR ENCONTRAR Y DETENER Las escasas 31 expulsiones administrativas de 2022, afirman afirman en el Servicio Nacional de Migraciones, se explican por la entrada en vigencia de la citada Ley 21.325, en febrero febrero de 2022, “que estableció un proceso burocrático y poco eficiente para llevar adelante las notificaciones y posterior expulsión”. El procedimiento que fue cambiado en agosto de 2023 implicaba que los efectivos de la PDI debían notificar personalmente personalmente y en el domicilio a los extranjeros la medida, por lo que en la mayoría de los casos las direcciones de sus viviendas habían cambiado y estaban inubicables. Además, los receptores de la medida tenían un plazo de 10 días para apelar apelar al servicio.
Según detallan en el Gobierno, Gobierno, con la antigua ley, si no eran acogidos los descargos, efectivos de la PDI debía notificar en persona una orden de abandono del país en un plazo de 48 horas.
Con el fin de agregar formas alternativas de notificación de expulsión administrativa de migrantes, con la modificación de la ley se permitió que las notificaciones del procedimiento procedimiento de salida se realicen por carta certificada certificada o correo electrónico. Se presume que las cartas y los emails han sido entregados a sus destinatarios al tercer día de su envío, aunque nunca lleguen. Eso, en teoría, agiliza el procedimiento, el cual ha sido cuestionado por abogados expertos expertos en deportación de inmigrantes. No obstante, si es rechazada la apelación al Servicio Nacional de Migraciones, tras 48 horas la PDI debe ir al domicilio del expulsado expulsado para detenerlo y deportarlo. Sin embargo, embargo, los policías no tienen orden de ingreso y registro del inmueble, por lo que explican en el Ejecutivo solo llegan hasta la puerta del domicilio preguntando si la persona se encuentra. CUESTIONAMIENTOS DE ABOGADOS DE DD.HH. Los procesos de expulsiones exprés han sido cuestionados por varios abogados especialistas especialistas en derechos humanos (DD.HH. ) y sistemas sistemas migratorios. Entre ellos, la directora de la Clínica Jurídica del Migrante de la UDP, Francisca Vargas. “Eso es lo que ellos llaman burocrático. Me parece que no es lo correcto, porque las personas personas tienen derecho a defenderse y decir algo. Si te van a sancionar, o si me van a acusar acusar de que robé un banco, tengo derecho a decir oye, no, yo no fui o mira, tenía hambre, hambre, tomé 10 mil pesos. Derecho a un debido debido proceso, deben respetarse los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, y la Constitución y derechos derechos humanos señala la experta de la UDP. Misión Imposible: los 5 frenos para ejecutar 120000 expulsiones exprés.