Autor: MATÍAS BAKIT R.

LIMITAR BENEFICIOS: La estrategia que prepara el Gobierno para “cerrar la llave” de la migración irregular
LIMITAR BENEFICIOS: La estrategia que prepara el Gobierno para “cerrar la llave” de la migración irregular El viernes, el gobierno de José Antonio Kast concretó un segundo vuelo de expulsión de migrantes, trasladando a 40 extranjeros desde Santiago hasta República Dominicana.
Mientras, en el norte, el estado de avance de la zanja y otros obstáculos en la frontera alcanza al 30%. Junto con esto, el Ejecutivo también saca cuentas alegres por las cifras actualizadas de ingresos y salidas, así como por la adquisición de drones de última generación para mejorar la vigilancia. Todos son puntos que La Moneda destaca a la hora de mostrar avances en materia migratoria esta semana, una de las áreas principales de la “emergencia” que el Gobierno esgrimió como concepto de campaña. Sin embargo, la administración Kast y los partidos oficialistas en el Congreso tienen claro que, por sí solas, estas medidas no van a cambiar radicalmente el panorama. Por eso, la apuesta principal va por otro lado: cambiar la imagen que los migrantes que llegan de forma irregular tienen de Chile cómo una nación “atractiva” para asentarse. En otras palabras, implica terminar con varios beneficios, sociales, laborales, administrativos, con los que hoy contarían extranjeros que ingresaron fuera de norma.
“Hay que cortar todas las medidas que incentivan la inmigración (irregular). Por ejemplo, el que los inmigrantes irregulares tengan acceso a beneficios garantizados hoy tiene poco sentido, porque tienen saturados los servicios públicos, especialmente de las zonas fronterizas.
Terminar con esto es muy importante para lograr que la gente no siga viniendo a Chile, que hoy lo hace porque considera que en Chile hay demasiadas garantías y, por lo tanto, vale la pena el riesgo”, dice el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto.
Para algunos, es “cerrar la llave”, para otros, es “desincentivar”. En cualquier caso, se trata de una estrategia que el Gobierno ya está trabajando, a través de cambios administrativos que pronto se anunciarán y proyectos de ley a los que está poniendo urgencia.
LA PROPUESTA QUE VIENE Hace algunos días, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, terminó de redactar, junto a su equipo, una propuesta detallada de la política de migración que debiera tener este Gobierno, considerando distintas áreas y medidas. Esta ahora debe ser entregada al Presidente Kast para que dé su visto bueno o pida cambios.
Si bien el trámite se ha visto retrasado por la contingencia sobre todo por el proyecto de Reconstrucción se espera que las próximas semanas se anuncien, formalmente, las iniciativas que formarán parte de la política que incluirá varios proyectos de ley, urgencias o medidas administrativas en la línea de regular los beneficios que reciben los extranjeros. Algo que viene es el impulso a una reforma constitucional para evitar que los hijos de migrantes que llegaron de forma irregular a Chile reciban automáticamente la nacionalidad, como sucede hoy. La razón es que esto suele ser un argumento para que los padres puedan optar a la reunificación familiar.
“Funciona como un negocio”, dice el senador Andrés Longton (RN). Asimismo, se buscará hacer varias modificaciones a la Ley 21.325 (de Migración y Extranjería). Algunas de estas ya están en tramitación en el Congreso, pero el Gobierno corregiría o acentuaría algunos puntos. Por ejemplo, se buscará restringir el acceso a beneficios estatales a inmigrantes en situación irregular, limitando o prohibiendo el uso del Rut de Identificación Provisoria. “La postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”, dice el proyecto actual. Esto tendría efecto, sobre todo, en el acceso a salud, educación y Registro Social de Hogares. Expertos en migración consultados por “El Mercurio” afirman que el acceso a la salud es una discusión que debe darse. Esto porque, en salud pública suele bastar con que los extranjeros presenten una declaración jurada de carencia de recursos para ser atendidos por Fonasa. En cambio, los chilenos deben someterse a una evaluación socioeconómica formal. Otra ley que se impulsaría tendría por objeto tipificar que todo traslado de migrantes irregulares en buses o vans hacia Chile pueda ser considerado cómo tráfico de migrantes.
De acuerdo con fuentes entendidas, en cuanto a posibles medidas administrativas, ya se está trabajando en una fórmula para dejar sin efecto la Resolución Exenta N15 de la Junji que prioriza el ingreso de hijos de extranjeros sin carnet a los jardines infantiles del sistema. Cercanos al Gobierno cuentan que también se trabajará en mejorar los procesos de expulsión administrativa entregando más facultades, por ejemplo, para que la PDI pueda entrar a los domicilios cuando hay órdenes de expulsión. También se haría más exigente el ingreso a Chile de adultos que acompañan a niños, para prevenir posibles casos de tráfico de menores. Asimismo, se buscará imponer penas más duras a los empleadores que contraten migrantes que llegaron de forma ilegal. “Hay que seguir impulsando medidas que impliquen que un extranjero lo piense dos veces antes de aventurarse a venir de manera ilegal a Chile.
En ese sentido fortalecer la fiscalización para quienes contratan a irregulares y establecerlo como delito, además de considerar que todo traslado particularmente de la frontera hacia el territorio nacional va a ser considerado tráfico de migrantes, es relevante.
Asimismo el restringir beneficios sociales, que los ponen en mejor derecho que a nacionales y regulares, restringir el acceso a la nacionalidad desde el nacimiento y aprobar las modificaciones para seguir perfeccionando las mediROIRETNIEDAÍRATERCESBUS 30% es el estado de avance de la zanja en la frontera en el extremo norte. ADIDEC das de expulsión”, dice Longton.
Y añade: “Muchas de las anteriores son decisiones administrativas que el Gobierno ya está evaluando y las otras son proyectos de ley, varios de los cuales ya están con urgencia”. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agrega que “el tema migratorio no puede estar reducido solo a las expulsiones. Hay que evitar el ingreso ilegal.
Y para eso el plan de fortalecimiento de la macrozona norte, que ha significado aumentar el presupuesto de vigilancia, está colaborando de manera decisiva a que exista menor ingreso de irregulares, cosa que se está notando, desde ya, con mucha fuerza”. Especialistas aseguran que el problema de los beneficios comenzó en los gobiernos de Michelle Bachelet y se consolidó durante el de Gabriel Boric, pues algunas políticas públicas comenzaron a tratar “la irregularidad migratoria como una categoría preferente de protección social”. Algo que se transformó en un problema de “diseño institucional” pues, según creen, lo que se debe priorizar es la “vulnerabilidad socioeconómica objetiva”. PREOCUPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Otro punto clave de la estrategia será la comunicación, pues se asume que estos temas no serán fácilmente aceptados por la oposición ni por las organizaciones sociales. De hecho, esta semana, el Movilh ya levantó las alarmas por la reforma que busca priorizar a los chilenos en los servicios de salud y educación.
Consultada por “El Mercurio”, la directora del Servicio Jesuita del Migrante, Valeska Ureta, expresó: “Desde nuestra experiencia, y a la luz de lo observado en otros países, no existe evidencia suficiente para afirmar que este tipo de medidas desincentive efectivamente la migración. Las decisiones migratorias suelen responder a factores mucho más complejos, especialmente a las condiciones sociales, económicas y políticas de los países de origen de las personas migrantes y refugiadas.
Además, considerando los efectos que estas decisiones pueden generar, no solo para la población migrante, sino también en ámbitos como la salud pública, la educación y la cohesión social, creemos que podrían significar un importante retroceso”. Ureta agrega que “creemos urgente que la discusión sobre movilidad humana incorpore mecanismos efectivos de regularización, junto con una focalización adecuada de los recursos del Estado.
Esto permitiría distinguir y perseguir de manera eficaz a quienes participan en fenómenos delictuales, como el crimen organizado transnacional, sin confundirlos con personas migrantes y refugiadas cuya motivación es construir una vida en condiciones de seguridad y dignidad”. El despliegue de militares en la macrozona norte. ADIDEC Es en parte debido a estas preocupaciones que el director de Migraciones ha estado sosteniendo reuniones con diversas entidades, para explicar el alcance de las medidas.
Consultado, el subsecretario Pavez expresa que “todo lo que está haciendo el Estado de Chile está en el marco del respecto irrestricto al orden jurídico constitucional y legal, el cual nos obliga a respetar los derechos esenciales de las personas.
Por lo tanto, ninguna actuación del Estado va a vulnerar derechos fundamentales”. Agrega que “queremos que la gente que quiere venir a aportar al país entre por la puerta y no por la ventana”. LOS TRES EJES EN EL NORTE Mientras, en la macrozona norte, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el Gobierno está llevando a cabo un plan en tres ejes, liderado por el comisionado para el área, Alberto Soto.
El primero, según cuenta a “El Mercurio”, es el eje de “contramovilidad”, que consiste en la construcción de la zanja, la instalación de otros obstáculos en la zona y la adquisición de sensores de detección tecnológica, drones y otros implementos.
El segundo consiste en la “optimización” de la gestión fronteriza, algo que implica mejorar lo que ya existe, como la infraestructura de los pasos, los mecanismos que se deben mejorar en los complejos aduaneros y otros. Para ello, ya se hizo un levantamiento de toda la información disponible, que se entregará pronto al Presidente Kast. En principio, los esfuerzos se centrarían en los pasos de Chacalluta, Colchane y Ollague. El tercer paso es el eje legal, que busca desincentivar la migración irregular. “Siempre pongo el caso de Singapur, donde la ley dice básicamente que si tú ingresas con droga, tú te mueres. Por supuesto, es un caso extremo, no quiere decir que aquí vamos a hacer algo de ese tipo, ni mucho menos. Pero es ejemplificador de lo que uno quiere lograr”. Para él, este plan ya está dando resultados concretos. “Al comparar el período entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de 2025 con las mismas fechas del año 2026, vemos resultados concretos. Los eventos de contrabando detectados y frustrados en frontera pasaron de 5 a 31 casos, lo que demuestra que hoy existe una mayor capacidad de vigilancia, detección e intervención del Estado en la macrozona norte. Esto responde al despliegue de más personal, más tecnología y una mejor coordinación interagencial en frontera. Lo mismo ocurre con la migración irregular.
Hemos registrado una disminución significativa en los ingresos irregulares detectados en la franja fronteriza, pasando de 2.572 a cerca de 240 casos, es decir, menos de una décima parte respecto del mismo período del año anterior”. Por su parte, en Cancillería también han estado trabajando en el tema. Cuentan que, debido a la actual buena relación entre los gobiernos chileno y boliviano se ha facilitado la “reconducción” de quienes ingresan por aquel país. En cambio, con Perú recién se está hablando al respecto.
“Es un tema que se ha planteado en la conversación bilateral en el marco del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú, que ya lleva tres encuentros”, dicen desde Minrel. n OIRUCREMLE “Ninguna actuación del Estado va a vulnerar derechos fundamentales”, dice Máximo Pavez, subsecretario de Interior.
Autor: MATÍAS BAKIT R.. “Que los inmigrantes irregulares tengan acceso a beneficios garantizados hoy tiene poco sentido, porque tienen saturados los servicios públicos”, afirma el comisionado especial para la Macrozona Norte, en relación por ejemplo al acceso a la salud o a los jardines infantiles.
Para eso, el Ejecutivo apoyará planes que ya están en el Congreso y presentará iniciativas nuevas. ¿El objetivo? Hacer de Chile un país menos atractivo para los indocumentados. | A TRAVÉS DEL EJECUTIVO Y EL CONGRESO “Ninguna actuación del Estado va a vulnerar derechos fundamentales”, dice Máximo Pavez, subsecretario de Interior. Máximo Pavez, subsecretario de Interior.
Según datos del Gobierno, al comparar el período entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de 2025 con las mismas fechas del año 2026, los eventos de contrabando detectados y frustrados en frontera pasaron de 5 a 31 casos. En las fotos, el Ejército desplegado en la macrozona norte. A la derecha, la zanja tiene un 30% de estado de avance.