Puerto Coronel: costoso e ilegal bloqueo
Puerto Coronel: costoso e ilegal bloqueo E l bloqueo que sufre el Puerto Coronel desde hace 45 días ha tenido un grave impacto para la Región del Biobío, con pérdidas que las autoridades locales estiman en US$ 75 millones. Coronel es el principal puerto de la región. A nivel nacional, sus operaciones transfieren el 13,4% de los contenedores totales y el 10,1% de los contenedores refrigerados, utilizados para las exportaciones de fruta y otros productos.
La obligada paralización eleva el costo de los exportadores e importadores regionales y es un elocuente ejemplo de las razones de la caída en la eficiencia logística de nuestros puertos, que han descendido desde ocupar, en 2018, el lugar 34 en el ranking de países que elabora el Banco Mundial, a la posición 61, en 2023. Se trata de un pésimo resultado para un país alejado de los principales centros económicos y que depende del comercio internacional para su crecimiento. Coronel es un puerto privado de uso público que, desde haber partido dedicado a la exportación de celulosa de la empresa Arauco, se ha desarrollado hasta ser un gran puerto multipróposito. Su propiedad se divide entre Arauco, la constructora Belfi y Ultramar.
Los problemas que hoy enfrenta parecen tener parte de su origen en decisiones tomadas hace años, cuando en los hechos se les entregó a los sindicatos la "nombrada", práctica según la cual no es la empresa la que define qué trabajadores eventuales laborarán un día determinado, sino que lo decide la dirigencia sindical. Esto les da a los dirigentes un poder enorme, pues pueden excluir del acceso al trabajo a cualquier opositor o competidor. Además, claro, de impedir que la empresa pueda elegir a los operarios por su desempeño, reduciendo la eficiencia.
Una querella presentada a comienzos de año por el actual gerente general en contra de su antecesor y del expresidente del directorio sugiere lo que pudo ser una forma de reducir el impacto negativo de esas y otras prácticas: la actual administración acusa a sus predecesores de haber implementado una política sistemática de pagos irregulares a dirigentes sindicales, además de políticos locales; esto, con dineros justificados mediante boletas falsas. También se denuncia la existencia de pagos por montos improcedentes al propio expresidente. De ser comprobados estos hechos, podría haber también una eventual responsabilidad de los directorios de la época al no haberlos detectado. Aunque señalan que el motivo de la movilización es impedir la pérdida de cuarenta mil turnos al año, los dirigentes de sindicatos de trabajadores eventuales que mantienen bloqueado el puerto parecen perseguir varios objetivos.
El primero sería mantener el derecho a la referida "nombrada". Se agrega a esto el impedir la polifuncionalidad, esto es, que un trabajador que concluye una labor no habiendo aún terminado la jornada pueda ser asignado a otras tareas. Son demandas muy cuestionables: es evidente que una empresa que no puede decidir quién trabaja ni las tareas a las que se pueden dedicar esos trabajadores será ineficiente y con altos costos de operación. Pero tal vez más crítico aún sea el tercer punto en disputa: los exámenes de alcohol y drogas. En esta materia, la empresa decidió implementar una política más estricta luego de un grave accidente protagonizado a principios de año por un operario bajo la influencia de sustancias. Esta medida ha sido rechazada por algunos grupos de trabajadores, aunque los dirigentes señalan que ellos nunca se han opuesto a los exámenes, sino solo a las sanciones, que excederían la legislación laboral. Sin embargo, la realidad parece ser que hay un rechazo a un control efectivo.
En este contexto, pese a la existencia de un bloqueo ilegal que se prolonga ya por seis semanas (y al que ayer se sumó un anuncio de paro indefinido), el Gobierno no ha actuado hasta ahora para proteger ni los derechos de los propietarios ni los de los trabajadores permanentes que desean reanudar las faenas, y que son acosados por los manifestantes. Es otro ejemplo de cómo los discursos proinversión y favorables a la actividad económica por parte de las autoridades no se traducen en acciones concretas, quedando solo en una retórica fácil. Seguir tolerando esta situación contradice cualquier discurso proinversión y desarrollo por parte de las autoridades..