Autor: PAULA GALLARDO S.

Expresidente de la CMF Joaquín Cortez cuestiona reforma previsional: Es un “big bang”
En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, abordó las críticas realizadas por expertos y el mundo político.
El seminario de Clapes UC sobre los desafíos de la reforma previsional reunió al expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Joaquín Cortez y a Christian Larraín, actual subsecretario de Previsión Social y exvicepresidente y comisionado de la CMF entre 2018 y 2020.
En el encuentro, Joaquín Cortez, con un disclaimer inicial por haber sido durante muchos años gerente de inversiones e integrante del directorio de una AFP —Provida—, señaló que la reforma fue realizada “con mucha imaginación: han hecho un verdadero big bang, porque termina con las AFP, se crea el APA (administrador), se crea el IPPA (inversor público) y el IPP (inversor privado), se terminan los multifondos, se termina el retiro programado, la cuenta dos y las licitaciones de afiliados.
El problema es si como país estamos con la capacidad de tolerar un cambio refundacional como lo que se nos está planteando”. Cortez agregó que “el proyecto habla de que el actual sistema reproduce las desigualdades existentes en el mercado del trabajo (... ) la baja tasa de cotización, la baja densidad de cotización, el aumento en las expectativas de vida”, pero advirtió que “eso es un problema del mercado del trabajo y nosé si el sistema de pensiones que diseñemos tiene que resolver los problemas del mercado del trabajo.
Entonces, si el sistema reproduce la desigualdad del mercado del trabajo, mi pregunta es: ¿ Qué culpa tienen las AFP?”, Entre los elementos que cuestionó, mencionó la centralización de funciones en un ente estatal en un rol de inversor y de administrador.
Sobre el APA, dijo que “no creo que esta entidad pública les pueda dar a los futuros pensionados el mismo servicio que hoy les dan las AFP; enfatizó que “la competencia entre el inversor publicó —el IPPA— y el inversor privado es absolutamente desleal”, debido a la selección por default de inversor y por ser la pública una entidad sin fines de lucro; y calificó como “ra: ro” que el consejo directivo del inversor público sea a la vez “encargado de gestionar la inversión y también determinar cuál esla rentabilidad de largo plazo” y el riesgo político de que en el futuro, por ese tipo de razones, se modifiquen los beneficios que entrega el seguro social de pensiones, advirtiendo que los mecanismos de ajustes paramétricos para asegurar la sostenibilidad del fondo colectivo “es lo que han estado pidiendo las AFP durante mucho tiempo y también se podría haber hecho en este sistema”. Gobierno responde El subsecretario Larraín abordó en su exposición los ejes de la iniciativa y se hizo cargo de las críticas de expertos y la oposición. Defendió el esquema de ahorro colectivo y se hizo cargo del debate por las tasas de reemplazo. “Tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo y hay un 24% de las personas con una pensión bajo la línea de la pobreza.
Con la PGU en $250 mil, ya no hay pensionados bajo la línea de la pobreza y también ayuda a bajar la cantidad de pensionados bajo el salario mínimo (... ) si agregamos la pensión del seguro social, eso nos deja con un 52% de los pensionados bajo el salario mínimo”, explicó.
Dicho lo anterior, agregó: “Si tengo a una persona que se jubila con una pensión de $300 mil, y tengo una tasa de reemplazo de 100%, y uno le dice a ese jubilado que no necesita más, porque tiene una tasa de reemplazo muy elevada, habría que ver qué opina ese pensionado”, enfatizó.
Asimismo, señaló que la propuesta fortalece la libertad de elección y deja “un espacio grande para la participación de los privados”, con la transformación de las AFP en inversiones previsionales privadas “funcionales a la seguridad social”. Larraín subrayó que la propuesta no ofrece un sistema de reparto; que la rentabilidad acreditada “permitirá pagar mejores pensiones a la gran mayoría”, y queel fondo del seguro social “es más autónomo” que los fondos soberanos (FEES y FRP) que van a las cuentas fiscales, porque están a cargo de un ente autónomo.
Sobre las críticas a la separación de funciones —que se ha calificado como un “Transantiago previsional”—, advirtió que si esto se entiende como un modelo en que el Estado paga gran parte de la cuenta, “cabe recordar que actualmente el Estado se hace cargo del 73% de la mediana de las pensiones, y la parte de la AFP solo cubre el 27%”. JO, aq Ss O g o Ñ Christian Larraín En seminario de Clapes UC “Desafíos y oportunidades de la reforma de pensiones”