Estado social y rol de los privados: el debate que se toma la Comisión Experta
"Hemos superado por fin el Estado Subsidiario y hemos avanzado hacia la construcción de un Estado social y democrático de derechos haciéndonos cargo de las demandas más sentidas de la población”. Todavía no se cumple un año desde que estas palabras fueron pronunciadas —en el contexto del anterior proceso constituyente— y el debate en torno a cómo avanzar a un Estado social y democrático está, una vez más, en la palestra.
Sin embargo, con algunas diferencias: en estos primeros días de trabajo de la Comisión Experta, encargada de realizar un anteproyecto en este nuevo proceso, ya se han visto aproximaciones que dan luces de miradas distintas y que han buscado, por ejemplo, abrir el debate sobre si puede o no ser compatible el concepto del Estado social con la subsidiariedad, y el resguardo de la autonomía de otros órganos de la sociedad o los privados.
Ese fue, de hecho, uno de los temas que se tomaron la conversación en el inicio de las audiencias que esta semana comenzó a recibir la subcomisión de Principios, derechos civiles y políticos, a la cual asistieron varios académicos. Arturo Fermandois, académico de Derecho de la Pontificia U. Católica, planteó allí la pregunta de cómo se podía conciliar, en el contexto del Estado social —que forma parte de las bases constitucionales del proceso—, el rol de instituciones estatales y privadas. Al respecto expuso distintas posibilidades, incluyendo como uno de los caminos tomar como punto de partida algunos de los planteamientos del proyecto elaborado en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. De ese texto, reconoció incluso incisos con los que tenía especial "simpatía", como aquel que reconocía y promovía a los órganos intermedios y les garantizaba la autonomía para cumplir fines específicos. Otra opción que mencionó el abogado fue la de una nueva redacción que perfeccionara la visión actual de la subsidiariedad.
El concepto, argumentó el académico, habría sido interpretado de un modo distinto por los tribunales y por el Congreso que por el debate político: "Tengo la convicción de que se ha utilizado en el debate político lamentablemente como una consigna, de crítica al consenso de políticas públicas que durante 20 o 30 años se produjo en el Congreso Nacional y no como una objeción técnica a un texto constitucional”. Visiones, en todo caso, hubo de todo tipo, dejando en claro que el debate está lejos de estar zanjado. El decano de Derecho de la U.
De los Andes, José Ignacio Martínez, afirmó que "también suscribo que es un principio que ha sido interpretado reducidamente y, por lo mismo, indebidamente, porque se ha puesto el énfasis en un aspecto que desde luego me parece que es el menos importante”. Más temprano, Javier Couso, académico de la U.
Diego Portales, había sostenido que “en mi lectura, el principio de subsidiariedad chileno, que no tiene nada que ver con el principio de subsidiariedad entendido a la europea, es muy difícil de hacerlo cuadrar con el principio de Estado social (... ); si se hace, podrá dejar tranquilos a los constituyentes pero va a entregarle todo el poder a la judicatura para resolver las contradicciones”. Miriam Henríquez, la decana de Derecho de la U.
Alberto Hurtado, apuntó a que la interpretación de la subsidiariedad ha sido "restrictiva”, pero además consideró que "la sola discusión (... ) hace aconsejable no establecerla como un principio constitucional”. "Todo indica que esta sola discusión no es para cerrarla, pero difícilmente haya un acuerdo sobre si hay o no compatibilidad”, añadió.