Perdiendo oportunidades con el litio
L subsecretario de Minería, Willy Kracht, informó hace algunas semanas que el Gobierno espera presentar a comienzos de 2023 ante el Congreso el proyecto de creación de la empresa nacional del litio.
Según ha explicado la ministra Marcela Hernando, el plan en materia de litio considera también modificar la legislación y regulación de la extracción del mineral, y fundar un instituto que dote al Estado de capacidades científico-técnicas y conocimiento para explotarlo. La definición del Gobierno es desarrollar un modelo de negocio público-privado con mayoría estatal. Si bien Codelco y Enami tienen planes en el rubro del litio, la autoridad sostiene que la propuesta de una empresa especializada es independiente de aquellas.
Durante los últimos meses, tanto Corfo como las carteras de Hacienda, Minería, Economía, Transportes y Relaciones Exteriores han recibido a un amplio arco de representantes de inversionistas, internacionales y locales, interesados en ingresar a la industria del li- “El país ha cedido terreno en la materia por causa de la falta de una política global e indefiniciones legales y regulatorias”. tio e incluso en la elaboración de baterías eléctricas.
Desde 1979 el litio tiene un estatuto particular, de interés nacional y no concesible, razón por la cual solo se puede producir por el arriendo de pertenencias por parte de Corfo a través de los contratos especiales de operación de litio (CEOL). A través de esta figura, SQM y Albemarle operan en el salar de Atacama, en la Región de Antofagasta. Dicho régimen fue modificado al término de la administración de la Presidenta Bachelet, en 2018, en términos más favorables a la participación estatal en la renta del litio.
Debido al actual ciclo de elevados precios del mineral (más de 800% de alza en el último año), al tercer trimestre de 2022 SQM transfirió US$3.600 millones al Estado; de ellos, US$2.300 millones correspondieron a Corfo en virtud de la renegociación de los contratos. Albemarle también ha incrementado sus transferencias. El litio, el cobre y las tierras raras, entre otros, constituyen insumos fundamentales en la transición energética y tecnológica empujada por el cambio climático. El salar de Atacama aporta el 29% de la oferta mundial; en los primeros nueves meses del año, el 94,2 % se exportó a Asia.
China, que es el principal destino, impulsa un activo programa de inversión y adquisición de minas en distintas jurisdicciones para incrementar la industria de la electromovilidad; de hecho, la mayor parte de las compañías que se han acercado al Gobierno chileno son de origen chino. Existe acuerdo en que el país ha cedido terreno en materia de producción de litio por causa de la falta de una política global e indefiniciones legales y regulatorias.
Los analistas han advertido sobre la amenaza que supone no aprovechar la actual fase de expansión de precios y demanda; en este contexto, no parece razonable o eficiente crear una empresa desde cero, en circunstancias que hay industrias que conocen el rubro, tienen larga experiencia y podrían poner en el mercado importantes volúmenes al disponer ya de infraestructura.
Los especialistas más optimistas proyectan un período de instalación no menor a cinco a siete años, pero al término de ese período las condiciones del mercado y el ingreso de otros competidores podrían haber cambiado sustantivamente el escenario de una inversión que, por ser pública, debe evitar transformarse en una carga para el Estado.
El exministro Eduardo Bitran ha afirmado que se está perdiendo la oportunidad de aprovechar el boom de precio y que se podrían renegociar los contratos, para que el Estado reciba más recursos, o asociarse con los actores que ya operan.
Si se considera el aporte que ha recibido el fisco, la capacidad instalada para aumentar la producción y eventuales ajustes tributarios, el Gobierno debería explicar en detalle las ventajas de su modelo de negocios, más allá de sus objetivos programáticos o ideológicos sobre la función económica del Estado.