Autor: HÉCTOR BURGOS O.

Amenaza de Llaitul enfrenta a gremios y a parlamentarios del sur con el Gobierno
Ante llamados desde la macrozona a que se persiga al líder de la CAM con la Ley de Seguridad del Estado, el fiscal nacional recordó que para ello es necesario que el Ejecutivo se querelle.
Aunque gremios y parlamentarios del sur emplazaron al Ejecutivo a presentar acciones legales contra el líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego que este llamara a “canalizar la violencia hacia el sabotaje”, La Moneda lo descartó, asegurando que el Gobierno “ya es querellante respecto de las acciones de la CAM”. Las expresiones de Llaitul fueron rechazadas en la macrozona sur, donde rige un estado de emergencia justamente por los reiterados atentados protagonizados, entre otros grupos, por la CAM, que se ha adjudicado centenares de ataques desde su irrupción, en 1997, en Lumaco.
Para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), los dichos de Llaitul son “una grave amenaza al Estado de Derecho, la seguridad y el orden público” y “corresponde que el Gobierno y los organismos correspondientes reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas”. El diputado por La Araucanía Miguel Mellado (RN) recordó que “el grupo terrorista no ha trepidado en disparar a trabajadores, como Ceferino González, que todavía no puede volver a trabajar.
También hay otros que han quedado sin sustento, como choferes y contratistas forestales”. El diputado y exintendente Andrés Jouannet emplazó a La Moneda a “querellarse por Ley de Seguridad del Estado y querellarse ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta organización”. Además, llamó al Ejecutivo a “actuar, PRESENCIA. — Héctor Llaitul, líder de la CAM, en una de sus últimas apariciones públicas. El 18 de mayo estuvo en Temuco, donde fue parte de una masiva visita a comuneros presos por diversos delitos en la cárcel local.
Detienen a comuneros que estarían vinculados a quema de camiones Siete personas detenidas, además de armas y municiones incautadas fue el resultado de un allanamiento realizado, ayer en la mañana, en la comunidad We Newen, ubicada a un costado de la Ruta 5 Sur, al norte de Collipulli.
La diligencia se desarrolló en el marco de una investigación que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía desarrolla por un ataque incendiario perpetrado el pasado 6 de julio, en el sector rural La Granja de la misma comuna. Allí, un grupo de 10 encapuchados armados ingresaron al predio, retuvieron a los conductores de cinco camiones forestales que realizaban labores para forestal Mininco, y luego quemaron los vehículos. La vocera de la fiscalía regional de La Araucanía, Nelly Marabolí, detalló que, además de las detenciones, se allanaron cinco domicilios de la misma comunidad. Durante la tarde, el fiscal Carlos Bustos solicitó al Tribunal de Garantía de Collipulli la ampliación del plazo de la detención por 24 horas, lo que fue acogido por el tribunal. Los detenidos están involucrados en una investigación por tráfico de drogas y las escuchas telefónicas que se realizaban permitieron vincularlos al atentado de los camiones. La comunidad We Newen se hizo conocida en junio de 2020, por el homicidio del werkén Alejandro Treuquil.
Mientras los primeros emplazaron al Ejecutivo a presentar una querella, la ministra vocera lo descartó: De La incitación abierta del señor Llaitul al uso de la violencia para el logro de los objetivos de su organización constituye en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia”. DECLARACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO no solo opinar, como lo hace permanentemente. El Presidente está “en otra” y tiene abandonadas a las víctimas”. El también diputado Mauricio Ojeda (P. Republicano) instó al Presidente Gabriel Boric a responder “qué le debe y qué sabe Llaitul, que no han iniciado acciones legales” en su contra. Desde la Asociación de Contratistas Forestales, su gerente, René Muñoz, advirtió que Llaitul habla “sin que ninguna autoridad tenga reacción.
Hay una legitimación del terrorismo y la violencia” por parte del Gobierno”. Respecto del “respeto a la vida” de los trabajadores que también planteó Llaitul, Muñoz recordó que en 2022 hay cuatro muertos (César Millahual, Benjamín Olivares, Alejandro Carrasco y Segundo Catril) en atentados, por lo que “venir a limpiar su imagen nos sigue sorprendiendo”. No obstante, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que como Gobierno han fijado una posición y descartó una querella contra Llaitul por sus últimas declaraciones.
“Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas y, por lo tanto, esperamos que respecto de esos delitos o posibles delitos sea la fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades”, dijo en CNN Chile. “El Ministerio Público ya se encuentra con una investigación, producto de que el - Gobierno de Chile ya es querellante respecto a las sanciones de la CAM”, agregó.
Antes, en una actividad en La Moneda, el fiscal nacional, Jorge Abbott, había planteado que en casos de este tipo “se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia o una querella por parte del Gobierno”. Añadió que, “eventualmente, si ese tipo de conductas es constitutivo de un delito distinto, puede ser agrupada a investigaciones actualmente vigentes”. En mayo, La Moneda ya había 66 decidamos realizar otro tipo de acciones, las vamos a comunicar.
Pero por ahora, ya hay querellas contra la CAMILA VALLEJO MINISTRA VOCERA DE GOBIERNO Ies Este grupo terrorista no ha trepidado en disparar a trabajadores, como Ceferino González, que todavía no puede volver a trabajar”. MIGUEL MELLADO DIPUTADO POR LA ARAUCANÍA descartado una querella por declaraciones de Llaitul (“organizar la resistencia armada” ante el estado de excepción en el sur), porque existía una denuncia contra el líder de la CAM en 2021.
En tanto, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, calificó como “inconcebible que entre el Gobierno y la fiscalía tengan esta discusión (respecto de cómo perseguir al líder de la CAM)”. Lo más grave, afirmó Santibáñez, “es la inacción de los organismos del Estado, que no son capaces de dar seguridad y justicia ante algo tan evidente que es que los delitos ocurren, que hay gente que se los adjudica y que los promueve”.