El caso licencias y la urgencia de recuperar la confianza pública
El caso licencias y la urgencia de recuperar la confianza pública a cudadanía magallánica ha seguido con atención el desarrollo del denominado caso licencias médicas", una situación que ha salpicado a funcionarios públicos que, estando con permisos médicas, realizaron viajes al extranjero, en un aparente incumplmiento de las obligaciones asociadas a su situación de salud. Según la propia Contraloría, Magallanes ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 5980 entradas y salidas del país de funcionarios con licencia médica, lo que representa un 10% del total nacional.
Pero, como muchos escándalos que remecen a la opinión pública, el tiempo ha pasadoy poco o nada se había sabido sobre el desarrollo de los sumarios y la adopción de medidas concretas en contra de los posibles infractores.
En el caso de Punta Arenas, el municipio El caso licencias y la urgencia de recuperar la confianza pública inició sumarios a 108 trabajadores de la Corporación Municipal y del gobiemo comunal, marcando un punto de inflexión necesario, pero aún insuficiente si se considera la magnitud del problema que afecta también a otros organismos públicos de la región y el país.
La municipalidadha dado un pasoimportanto al comprometer la entrega de los resultados de los sumarios antes del 31 de julio, pero lo mismo se espera de los demás entes involucrados: la Delegación Presidencial, el Gobiemo Regional, el Servicio Local de Educación, otras municipalidades y cada una de las repanticiones públicas donde se han detectado iregularidades. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos programas de fiscalización terminan efectivamente en sanciones.
No se trata de una "caza de brujas", sino de restaurar la fo pública en la probidad del Estado y en que los recursos -particularmente los destinados a la salud y educación están siendo utilizados con rigor y justicia. La opacidad o lentitud en el esclarecimiento de estos hechos sólo fortalece el escepticismo ciudadano frente a la capacidad estatal de vigilar sus propios procedimientos. Es vital, además, que se comprenda el daño que este tipo de prácticas produce, nosélo en términos presupuestarios, sino simbólicos.
Si se naturaliza que funcionarios públicos -que deberían encamar el compromiso con el servicio y la ética laboral utilicen licencias para vacacionar, no hay política pública de salud mental, conciliación laboral o respeto por el descanso médico que pueda sostenerse con legitimidad.
Por eso, este caso no puede terminar en una simple "anécdota" administrativa, sino en una acción ejemplificadora, tanto desde el punto de vista disciplinario como judicial Las instituciones tienen la responsabilidad de cerar flas contra el abuso y deben hacerlo con transparencia y con la debidaproporconalidad, S existen casos donde se confirma un uso fraudulento de las licencias, se debe aplicar el estatuto administrato y la ley, sin miramientos. Pero también es necesario asegurar el debido proceso y evitar generalizaciones que manchen la honra de quienes cumplen con sulabor de forma íntegra. Este proceso es también una oportunidad: para revisar los sistemas de control inteno, para mejorar la coordinación entra organismos, y para repensar las políticas que regulan las licencias médicas y la fiscalización de los viajes. Asimismo, puede ser el punto de partida para construir una cultura institucional que no solo castigue el fraude, sino que premie la conducta ática y transparente..