El Estado en contra del derecho a la Legítima Defensa
El Estado en contra del derecho a la Legítima Defensa INSERCIÓN El Estado en contra del derecho a la Legítima Defensa La Asociación Chilena del Rifle denuncia a través de este inserto que el Estado de Chile ha dejado de regirse por criterios técnicos a la hora de abordar el derecho a poseer y utilizar armas para reemplazarlo por criterios ideológicos perjudicando así a más de 500.000 dueños de armas y a sus familias.
En el año 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Chile adoptó por primera vez la agenda 2030, la cual, además de promover la migración por considerarla un “poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible”, exige el desarme civil para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 8, ODS 1 ly ODS 1 6, llamando particularmente la atención la contribución que hacen al ODS 5.5 y 1 6.8 que según palabras textuales publicadas en el sitio oficial de la ONU en artículo titulado “Hacia el desarme en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”el desarme civil contribuiría a “Una gobernanza global más inclusiva”. En ese año, se modificó la ley de armas, para dificultar la posesión y el acceso legal a estas. Paralelamente, se lanzó la campaña “Entrega tu arma que responsabilizaba a los propietarios propietarios de armas legalmente inscritas por el aumento del uso de armas de fuego por parte de los criminales. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, también bajo el marco de la agenda 2030, y en un contexto de notable aumento en los índices de criminalidad, la campaña de desarme se intensificó.
El gobierno se valió de todo su aparato comunicacional para instalar la idea de que los criminales obtenían sus armas del mercado legal para generar así el piso polftico que le permitiera aprobar una nueva ley de armas más restrictiva aún. De hecho, la entonces Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell, llegó a afirmar en enero de 2021 que el 90% de las armas utilizadas en la comisión de delitos eran armas inscritas.
El gobierno de Gabriel Boric, también adhirió a la Agenda 2030 y la campaña mediática en contra de las armas en manos de civiles continuó, pero esta vez se dio en la forma de un festival de cifras. La exministra lzkia Siches, en una conferencia de prensa el 6 de junio de 2022, afirmó que el 80% de las armas usadas en delitos eran armas inscritas.
Posteriormente, Posteriormente, la ministra Carolina Tohá, el 15 de septiembre de 2022, redujo esa cifra al 60%, pero fue corregida el 14 de octubre por la diputada Lorena Fries, quien afirmó que era tan solo un 30%. Sin embargo, el 16 de noviembre de 2022, Manuel Monsalve refutó esta cifra y estableció que la cifra real era del 55%. Esta última cifra fue nuevamente contradicha por la ministra Tohá el 11 de diciembre de 2022, quien afirmó que la cifra real era del 27%. Sin embargo, según datos de la misma DGMN entre los años 2017 y 2021, tan solo un 3,46% de las armas decomisadas poseía un registro de extravío o robo.
Asimismo, según Carabineros de Chile, entre los años 2021 y 2022, las armas decomisadas en la comisión del delito representaban tan solo un 0,13% del total de armas inscritas en Chile. ¿Es justo castigar a una gran mayoría por los delitos que comente una pequeña minoría? ¿ O es el Estado el que tiene la responsabilidad de sancionar a quienes infringen la ley? ¿ Por qué se implementa en Chile una agenda que restringe las libertades de los chilenos, pero por la cual ninguno de nosotros votó? Casi 9 años después del inicio de la ofensiva desarmista a raíz de la implementación de la Agenda 2030 nos encontramos con una inmigración descontrolada, con las peores bandas criminales de Sudamérica operando en Chile utilizando armamento de guerra, con una de las leyes de armas más restrictivas del mundo y con un reglamento desconectado desconectado de la realidad que llevará a miles de chilenos honestos a incumplir involuntariamente involuntariamente la ley, dejándolos expuestos a sanciones penales que solo buscan desincentivar la posesión de armas por parte de civiles impidiendo así que puedan ejercer su derecho a la legitima defensa.
Mientras tanto, la tasa de homicidios a nivel nacional ha pasado de 2,34 por cada 100,000 habitantes en 201 5 a 6,7 en 2023, lo que representa un aumento del 286% a nivel nacional mientras en Tarapacá la tasa casi se triplica transformándose en una de las zonas más peligrosas del planeta.
El fracaso de las políticas de prohibición queda de manifiesto en la Macrozona sur donde producto del Estado de Excepción, a los civiles que respetan la ley se les impide comprar armas y municiones mientras que los grupos terroristas acceden a armamento de guerra. ¿Es necesario generar restricciones excesivas al acceso de las armas de fuego por parte de ciudadanos respetuosos de la ley para controlar la violencia armada ejercida ejercida por criminales? Veamos el caso del El Salvador: El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más alta del mundo con 105 homicidios cada 100.000 habitantes el 2015 y hoy tiene una de las tasas más baja del continente americano con 2,4. ¿Logró esto modificando su ley de armas para desarmar a su población población civil? No.
El Salvador otorga licencias de porte de armas y no sanciona con penas de cárcel a quienes violan la ley de armas, tan solo lo hace con multas. ¿Cómo lograron entonces controlar la criminalidad? Según palabras de su presidente presidente Nayib Bukele, sacando del gobierno, del parlamento, del poder judicial y de las fiscalías a todas aquellas personas que servían a los intereses de los grupos criminales criminales y contando con la voluntad política para ejercer la fuerza legítima del Estado en defensa de los ciudadanos respetuosos de la ley. Basta de endosarnos la responsabilidad de las consecuencias de políticas insensatas que han desatado una pandemia criminal. Las armas son objetos sin voluntad propia por lo tanto el problema son los criminales y no las herramientas que estos usan. Es hora de retomar el rumbo, empoderar a nuestras fuerzas de seguridad y defender el derecho a la legitima defensa de los ciudadanos respetuosos de la ley. Asociación Chilena del Rifle. - - - -