Caso Farmacias Populares: Las cinco claves de la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue
L. CRUZAT Y O.
RODRÍGUEZ A cuatro años del acuerdo entre la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), que representaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y la empresa Best Quality SpA, para la compra de insumos médicos por la pandemia, el Ministerio Público decidió formalizar al jefe comunal -y a otros siete indagados-por delitos de corrupción y económicos: cohecho, fraude al fisco, administración desleal, ilícitos concursales y estafa. Este caso comenzó en 2021, luego que Best Quality denunciara ante la justicia, mediante una querella, que Achifarp le adeudaba más de $1.200 millones en insumos médicos, requeridos durante la pandemia.
Tras conocerse la imputación, Jadue insistió ayer en su "completa inocencia", mediante su cuenta de X: "Esto es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa". Puntualizó que ha abierto todas sus cuentas bancarias, de correo, "todo lo necesario", al tiempo que deslizaba una crítica a la fiscalía: "Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral". Más tarde, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su pleno, acordaba por unanimidad querellarse contra Jadue, como anunció hace unos días su presidente, Raúl Letelier. Solo no estaría incluido el delito concursal en la acción penal, pero sí los restantes.
Se espera que esté presentada dentro de esta semana. ¿Cómo reaccionaron los querellantes originales? Los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, representantes de Best Quality, sostuvieron que "tienen la convicción de que existen antecedentes materiales que acreditan lo planteado por la querella en los términos de la estafa y la participación del señor Jadue como presidente de Achifarp, dentro de los que se encuentra el acuerdo con Best Quality (... ), que finalmente concluyó con el proceso de liquidación concursal de Achifarp". El cohecho y una eventual donación.
A mediados de 2021 y, presentada ya la primera querella, César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SpA, se autodenunció, indicando que se le había pedido una donación. "En un principio, sería para Daniel Jadue, (pero) luego lo cambian al Partido Comunista (PC)". Poco después, la fiscalía accedió a sus WhatsApp con Matías Muñoz, secretario ejecutivo de Achifarp, lo que reforzaría sus dichos. Muñoz escribía: "Dale. La donación es para Daniel Jadue. Y lo otro, le dije que estabas con él y blablá". Se trataría de unos $20 millones en insumos médicos, según antecedentes reunidos en la indagatoria.
Era la primera Fiscalía analiza pedir prisión preventiva para el jefe comunal (PC) Caso Farmacias Populares: Las cinco claves de la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue tificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular Los cargos se fundan en pruebas contenidas en la causa y un informe policial que, entre otras cosas, reseña, "teniendo a su cargo la gestión patrimonial de Asociación por Muñoz Barrera". Chilena de Farmacias Populares, dispuso las facultades para acciones abusivas y Estafa y otras defraudaciones conomisiones contrarias al interés patrimonial" de la misma, como "adquirir de forma 4 tra la empresa proveedora. Entre los excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular". Jadue insistió ayer en su "completa inocencia". SERGIO ALFONSO LOPEZ pista del cohecho.
La donación, declaró Ramírez, consistió en "100 bidones de alcohol gel de 5 litros ($15 mil), dos mil pecheras desechables con ojal y amarre posterior, que cuestan aproximadamente $800 la unidad; 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes ($120 cada unidad). Además de 500 cajas de mascarillas de tres pliegues de uso quirúrgico (25 mil unidades a $20 mil cada caja)". 2 Fraude al fisco contra la Municipalidad de Recoleta.
Según explicaron conocedores del caso, por una parte, Jadue impulsó la "inyección" de dinero fiscal, de municipios como Recoleta y otros, a la Achifarp, a sabiendas de que esta ya no era solvente y estaba "quebrada". Así, mediante la solicitud de "cuotas" a los municipios, habría intentado cubrir el déficit financiero de la asociación. Por otra parte, un informe del OS7 de Carabineros de marzo recién pasado cuestiona, además, la compra de mascarillas, su posterior venta y la obtención de pagos en efectivo.
Se consignan ventas por cerca de $40 millones, de los cuales "una fracción de ese monto habría sido depositado a la cuenta corriente de Achifarp", mientras que "Matías Muñoz y David Repetti solicitaron mediante autopréstamo parte de esos dineros recaudados" por la venta de los insumos.
La policía adjunta en su reporte documentos que confirmarían los préstamos y otras "anomalías". En el caso de Muñoz, por ejemplo, se menciona que se "carece de información" sobre cuál sería "la forma de pago y cantidad de cuotas" para el reembolso a la asociación. También en el caso existen antecedentes informados a la fiscalía y al CDE por la Contraloría, en abril de 2022. Apuntan al convenio que suscribió Recoleta -y Macul, con un aporte de $10 millones para adquirir el cuestionado fármaco Interferon, cuya fabricación se encargó a la Universidad de Concepción. Este medicamento sería utilizado para combatir el covid-19, pero el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública no aprobaban su uso.
Según esa auditoría, Achifarp le transfirió a la casa de estudios $25 millones, entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, pero quedó una deuda de $215 millones y se pesquisa si esos dineros fueron o no desembolsados. de fiscalía e informes policiales, se describe que Best Quality se querelló por estafa en el marco de "una negociación entre la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, y la empresa Best Quality SpA, durante el transcurso del año 2020, en la cual se concretó la compra de una importante cantidad de productos e insumos, como mascarillas, alcohol gel, entre otros, que fueron entregados y acopiados en diferentes lugares tales como en la bodega K-011, ubicada en Avenida Vespucio Nro. 1980, comuna de Conchalí, dependencia utilizada por Achifarp". La acción penal fue por "el no pago productos e insumos adquiridos". Y en el más reciente informe del OS7 -incorporado a la carpeta investigativa-se advierte que, "en relación a la comercialización de estos productos, se habría realizado por instrucciones del secretario ejecutivo (de Achifarp) José Matías Muñoz Becerra, para que (la venta) ejecutaran extrabajadores", consigna el expediente.
Se habría buscado "llevar a cabo esta actividad de forma más oportuna, Matías Muñoz acordó que por cada operación o transacción realizada otorgaría un incentivo económico". Se habrían pedido más insumos de los que se requerían, agrega, y el objetivo habría sido "deshacerse de forma rápida (de ellos) y recaudar dinero", añade. CDE Acordó ayer, por unanimidad, querellarse contra el alcalde por todos los delitos que le imputará la fiscalía, salvo los concursales. Administración desleal en la asociación de farmacias.
El mismo informe del OS7 advierte, entre otras cosas: "Es factible hacer presente que las acciones realizadas por parte de José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretario ejecutivo (de la Asociación Chilena de Farmacias Populares), y diferentes trabajadores detallados en el presente informe, debieron efectuarse con pleno conocimiento del presidente de Achifarp, Óscar Daniel Jadue Jadue". "Lo que se refleja-agrega el análisiscomo una administración desleal por no gestionar los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afecto al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares impulsando a una liquidación forzosa". También se consigna que "teniendo a su cargo la gestión patrimonial de Asociación Chilena de Farmacias Populares (Jadue), dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin jus5 Delitos concursales. En sede civil también había un capítulo de este Quality. Recientemente, José Alfredo Rojas, como liquidador concursal de Achifarp, se querelló por hechos que estima son constitutivos de delitos concursales, como el eventual ocultamiento parcial de bienes de la empresa deudora y de administración desleal. Entre otras cosas, se advirtió que habría una serie de insumos que inicialmente no pudieron ser incautados y que, en suma, tendrían un valor que supera los $100 millones. Imputaciones "incompatibles" con el cargo público: abogados penalistas analizan caso contra jefe comunal y otras autoridades Que son casos distintos y que cumplen funciones diferentes.
Eso se comenta en el mundo jurídico al preguntarse sobre el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quienes serán formalizados en una causa por responsabilidad de mando -en relación con conductas omisivas y en una indagatoria por delitos de corrupción y económicos, respectivamente.
Sobre el criterio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en cuanto a que los funcionarios de gobierno que enfrentan imputaciones deberían dejar sus cargos, creen que la formalización puede ser compleja incluso para aquellos que no caben en la expresión de "funcionarios de gobierno", por las implicancias de la diligencia misma. Por ejemplo, el tiempo que pudiera requerirse para la defensa.
Aunque también algunos abogados advierten sobre la etapa procesal en que está una persona o autoridad cuando es formalizada: en el comienzo de una indagatoria judicializada, cuando se les comunica por qué están siendo investigados por el Ministerio Público y pueden ejercer su derecho a defensa. Y, por ello, plantean aprensiones respecto del criterio de la secretaria de Estado. Consultados sobre el futuro judicial de Jadue, penalistas piensan que pudiera ser conveniente que se separe de sus funciones, dadas las imputaciones.
El exfiscal Carlos Gajardo estimó que una investigación penal puede distraer a los imputados de sus labores. "Siempre que una alta autoridad se encuentre imputada por un delito grave, por supuesto sus esfuerzos principales van a estar dedicados a su defensa personal, y desde ese punto de vista me parece incompatible con seguir ejerciendo un alto cargo", planteó.
Asimismo, destacó que "todo eso que se ha dicho respecto a Ricardo Yáñez, en cuanto a que la formalización distrae de las importantes funciones que cumple en Carabineros, a mí me parece que es aplicable al alcalde Jadue, en cuanto a que es evidente que, por estar sometido a esta investigación, sus esfuerzos principales van a estar dedicados a su defensa personal y, por lo tanto, sería deseable que diera un paso al costado en la municipalidad". Por su parte, la abogada penalista Catherine Lathrop sostuvo que "si uno parte de la premisa de que la formalización es un 'acto de garantía' que no derriba la presunción de inocencia, sino que más bien da inicio a una etapa de investigación formalizada, su criterio (el de Tohá) no solo es incorrecto, sino que denota que no conoce el sistema penal". Carlos Gajardo, exfiscal y penalista. Catherine Lathrop, abogada penalista.
Y, en ese sentido, afirmó que "una persona no es culpable de un delito por el hecho de que lo formalicen, lo es cuando una sentencia (de un tribunal de justicia) así lo determina". Mientras que el exfiscal Marcelo Sanfeliú, por su parte, abordó los dichos del alcalde tras enterarse de la formalización, indicando que "entiendo que la crítica de Jadue es hacia la oportunidad de la formalización (pues la vinculó a las elecciones). Eso es más Marcelo Sanfeliú, exfiscal y penalista. bien una crítica política, que viene de un político para zafar de la imputación.
La fiscalia no formaliza por oportunidad política en general". Añadió que "la estrategia de Jadue, que ya la adelantó el propio Jadue y el PC, será que actuaron de buena fe y sin dolo o intención en el tema de los medicamentos. Pero deberá tener también una estrategia de defensa frente a la imputación de cohecho".