Principales credos de Chile se unen para defender las clases de religión ante la CIDH
El caso de Sandra Pavez se 2007 en los tribunales chilenos. Partes del documento enviado por los credos de Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparentemente, todos estos líderes religiosos no tienen mucho en común.
Pero esta semana algo los unió, de forma inédita: todos son firmantes del documento amicus curiae —fórmula legal para presentar testimonios en tun juicio donde no se es parteque se pri sentó el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso de Sandra Pavez vs. El Estado de Chile, que ¡ comenzará el miércoles en ese tribunal.
El escrito es reflejo de la preocupación que en las comunidades religiosas estas un proceso, que, en opinión de cercanos a las iglesias, "podría romper la separación Igle= sia-Estado en Chile e incluso en América Latina”. El litigio se inició en 2007, cuando el vicario para la educación del Arzobispado de San Bernardo prohibió que la profesora Sandra Pavez siguiera haciendo clases de religión, al considerar que no tenía la "idonei“dad doctrinal y moral" para hacerlo. Ante esto, ella demandó al Arzobispado, primero, ante la Corte de Apelaciones y, luego, ante la Corte Suprema por discriminación y atropello a su vida privada, entre otros cargos.
Ambos tribunales le dieron la razón al vicario de San Bernardo en base al decreto. 924 del Ministerio de Educación, que regula las clases de religión en Chile y les da potestad a las diversas comunidades religiosas de decidir si quie= nes imparten la asignatura cumplen con lo que se requiere ono.
El caso fue luego a la Comisión Interamerica= na de Derechos Humanos que, en 2018, entre otras recomendó al Estado de Chile Pavez lecer "mecanismos para que ose así". Algo que puso en diversas comunidades religiosas., las sugerencias no se cumplieron ala Corte. Sin nose | ispado ser f lidad eltribunal vincu= es consultadas.
Monseñor Miguel Cabreros, arzobispo de Trujillo, Perú, y presidente del Celam; monseñor Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile; cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago; monseñor Sergio Abad, arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa de Chile; obispo Emiliano Soto, presidente de la Unión Evangélica Nacional; monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Ber Dr.
Héctor Zavala, arzobispo de la iglesia anglicana de Chile; obispo Francisco Javier Rivera, secretario ejecutivo de la mesa ampliada de evangélicas; Fuad Musa, presidente del directorio de la Comunidad Musulmana de Chile, y rabino Eduardo Waingortin, representante de la Comunidad Judía. judíos, musulmanes, evangélicos y anglicanos elaboraran un documento jurídico conjunto para mostrar su posición al organismo. Esto, con un objetivo claro: "Este es un tema que pone en cuestión la libertad religiosa. Las clases de religión son de carácter confesional. Los profesores son representantes de esa religión. Y por ell, la atribución de si on idóneos o no debe ser de las propias comunidades”, explica Soledad Bertelsen, la abogada que ayudó a redactar el documento.
Enel texto, compuesto de 15 páginas, los firmantes concluyen que "es fundamental, por lo tanto, que para resolver este caso esta Honorable Corte examine también los derechos de los niños, de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convieciones, de la libertad de religión en su dimensión individual y colectiva, además del derecho de asociación”. Es una posición —a la que podrían unirse las religiones Mormona y Adventista en los próximos días— que seguramente generará debate en los alegatos. [2 Aparentemente, todos estos líderes reli no tienen mucho en común, Pero esta | semana algo los unió, de forma inédita: todos son firmantes del documento amicus curiae —fórmula legal para presentar testimonios en Un juicio donde no se es parteque se presentó el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso de Sandra Pavez vs. El Estado de Chile, que |. Comenzará el miércoles en ese tribunal.
El escrito es refejo de la preocupación que en las comunidades religiosas estas un proceso, que, en opinión de cercanos a las iglesias, "podría romper la separación Igle|. Sía-Estado en Chile e incluso en América Latina”. E 2007, cuando el vicario para la educación del Arzobispado de San Bernardo prohibió que la profesora Sandra Pavez siguiera haciendo clases de religión, al considerar que no tenía la "idoneidad doctrinal y moral" para hacerlo, Ante esto, ella demandó al Arzobispado, primero, ante la Corte de Apelaciones y, luego, ante la Corte Suprema por discriminación y atropello a su vida privada, entre otros cargos.
Ambos tribunales le dieron la razón al vicario de San en base al decreto, 924 del Ministerio de Educación, que regula las clases de religión en Chile y les da potestad a las diversas comunidades religiosas de quienes imparten la asignatura cumplen con lo que se requiere o no. El caso fue luego a la Comi sión Interamericajudíos, musulmanes, evangélicos y anglicanos elaboraran un documento jurídico conjunto para mostrar su posición al organismo. Esto, con un objetivo claro: "Este es un tema que pone en cuestión la libertad religiosa. Las clases de religión son de carácter confesional. Los profesores son representantes de esa religión.
Y por ell, la atribución de si son idóneos o no debe ser de las propias comunidades”, explica Soledad Bertelsen, la abogada que ayudó a redactar el documento texto, compuesto de 15 páginas, los firmantes concluyen que "es fundamental, por lo tanto, que para resolver este caso esta Honorable Corte examine también los dere= chos de los niños, de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias conviccio= nes, de la libertad de religión en su dimensión individual y colectiva, además del derecho de asociación”. Es una posición —a la que podrían unirse las religiones Mormona y Adventista en los próximos días— que seguramente generará debate en los alegatos.