Demora en definiciones sobre el litio
“El desafío es actuar sin visiones ideológicas o programáticas, y considerar la experiencia acumulada de colaboración público-privada”. A ministra de Minería, Marcela Hernando, dijo esta semana que el Estado no dispone de las competencias que se requieren para avanzar solo en la explotación del litio porque no dispone de las competencias que se requieren; el conocimiento del proceso extractivo y la tecnología, advirtió, están en el sector privado.
Dicha afirmación se produce en un contexto donde el Gobierno debería anunciar pronto la política nacional del litio, cuyo principal nudo es la creación de la empresa estatal que el Presidente Boric comprometió en su campaña.
Expertos y políticos han subrayado la importancia de la decisión de la autoridad para que el país pueda beneficiarse del alto precio del mineral, insumo fundamental —junto con el cobre— en la expansión de la electromovilidad y la fabricación de teléfonos y computadores.
Debido a una serie de factores, como la falta de una estrategia de desarrollo de la industria e indefiniciones legales y regulatorias, la participación nacional en el mercado ha disminuido de manera significativa; Chile fue sustituido por Australia como el principal productor mundial de litio. El diseño institucional que escoja el Gobierno determinará si el país aprovecha o no el boom de precio.
Entre 2021 y 2022 el valor de la tonelada del mineral creció 256%, impulsado por la mayor demanda; a pesar de que en los últimos meses ha habido una corrección, los analistas estiman que el precio se mantendrá alto hasta fines de la década; aunque la demanda crecería a un ritmo de 20% al año, se espera la entrada de una serie de proyectos actualmente en construcción, lo que incrementaría la oferta.
Si bien tanto la opinión de la ministra de Minería como las de otros representantes del oficialismo sugieren que los privados tendrán presencia en la futura explotación del litio, la forma en que lo harían dividelas aguas.
Ayer el exministro Nicolás Eyzaguirre postuló que “no hay excusa alguna” para tratar de inhibir la expansión de la participación privada en la industria; a su juicio, no existen problemas con que monopolios naturales o la explotación de recursos naturales se liciten o concesionen; el foco debe situarse el tamaño de la renta que le corresponde capturar al Estado. El PC, en cambio, ha lanzado una ofensiva para que una empresa estatal tome el control delos salares y pueda hacer contratos acotados con privados, pero siempre con mayoría accionaria del Estado.
Ciertamente, el debate al respecto suele soslayar el estatuto legal que el mineral tiene desde 1979: su explotación solo es posible por el arriendo de pertenencias de Corfo por medio de contratos especiales de operación (CEOL), mecanismo a través del cual operan SQM y Albemarle en el salar de Atacama.
El régimen contractual se modificó a fines del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, en una renegociación que condujo el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, y que permitió incrementar la producción de litio y las rentas percibidas por el Estado; esto explica que gracias al boom de precio, ambas concesiones hayan significado cerca US$ 5.600 mil millones para el fisco en 2022.
La institucionalidad para la explotación delitio requiere de una evaluación cuidadosa de las ventajas y escollos de un emprendimiento estatal en un escenario donde, además, los recursos para inversión pública compiten y siempre tienen usos alternativos; por lo mismo, en esta materia corresponde actuar con pragmatismo y sentido práctico respecto del modelo más conveniente para que el país se beneficie del ciclo de precios.
Los expertos han subrayado que la indecisión de la política pública ha castigado la oportunidad de aprovechar la fase de alza de la demanda y el aumento del valor del mineral; Chile se ha restado de las posibilidades de subir su participación en la oferta mundial y de estimular la competencia interna. El desafío es actuar sin visiones ideológicas o programáticas, considerar la experiencia acumulada de colaboración público-privada, y ponderar con prudencia las capacidades del Estado.