Contra niños y adolescentes
Contra niños y adolescentes Cómo enfrentar la violencia que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, la Ley de Garantías del 2022 y la realidad cotidiana: según la Defensoría de la Niñez, el 31,9% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia, el 39,7% se siente poco o nada seguro en su barrio, el 23,4% ha vivido maltrato institucional y cerca del 60% considera insuficiente el acceso a la atención de salud mental. Ante este drama social y cultural, parece fácil responsabilizar a los equipos de salud, educación o a quienes implementan programas de protección. Pero muchos de ellos trabajan en condiciones adversas, con escasos recursos, alta sobrecarga y limitada formación especializada. Las dificultades no están en quienes ejecutan las políticas, sino en que el Estado no garantiza los recursos necesarios para que las leyes se materialicen en los territorios. De hecho, los diagnósticos sobre la implementación de la Ley de Garantías apuntan a que el financiamiento es insuficiente para el funcionamiento operativo a nivel territorial y la correcta gestión de casos de vulnerabilidad. A ello se suman una débil respuesta ante alertas tempranas, la persistencia de listas de espera en servicios especializados, la precarización laboral que exhiben algunos programas de protección y una frágil articulación entre servicios públicos. En medio de un escenario preelectoral, resulta preocupante que, aunque los niños, niñas y adolescentes representan el 22% de la población chilena, sus voces sigan invisibilizadas.
No es casualidad que un 44,1% de los niños, niñas y adolescentes afirma que nunca o casi nunca se considera su opinión en temas importantes, y que apenas un 16,5% piensa que se respetan sus derechos.
En el debate público suele olvidarse que una sociedad segura es aquella que protege los derechos de la niñez y adolescencia, por lo que urge priorizar su bienestar, protección y participación en las decisiones que los afectan. Cualquier programa de gobierno que busque reducir la inversión pública en niños, niñas y adolescentes sería un retroceso y el compromiso real exige propuestas concretas.
Para avanzar en el camino que traza la Convención sobre los Derechos del Niño, es esencial que el mundo académico de la región impulse una reflexión interdisciplinaria, con enfoque local, que aporte al debate y a la formulación de propuestas sobre niñez y adolescencia, reconociendo nuestras particularidades. También es clave fortalecer el diálogo entre universidades, sociedad civil, servicios, empresas, gobiernos locales y las propias comunidades de niños, niñas y adolescentes. Todo esto, para construir un país más amable con la niñez y adolescencia de hoy y con las generaciones futuras. Parafraseando al pedagogo italiano Francesco Tonucci: una sociedad pensada para los niños es, sin duda, una sociedad mejor para todos.
Claudio Figueroa Grenett Académico Escuela de Psicología Universidad Santo Tomás, Chile Tras el impacto que han provocado recientes casos de maltrato infantil en Tarapacá y otras regiones, los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, abandono y violencia vuelven a estar en el centro de la preocupación nacional, recordándonos dolorosamente las muertes ocurridas décadas atrás en el SENAME. Este 2025, la ciudadanía constata una dolorosa distancia entre lo.