Autor: Carlos González Mufdi

Política de aranceles de Estados Unidos
Política de aranceles de Estados Unidos Presidente Asociación de Agricultores de Ñuble El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en los aranceles aplicables a productos de más de 90 países, entre ellos Chile. A partir de ahora, las exportaciones chilenas estarán sujetas a un arancel del 10%, lo que representa un cambio significativo en las condiciones de acceso al mercado estadounidense para los productos nacionales. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la decisión se fundamenta en el supuesto incumplimiento por parte de Chile de diversos compromisos internacionales previamente adquiridos.
Entre estos se encuentran el respeto y la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como la adhesión a tratados internacionales relevantes, como el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que aún no ha sido ratificado por el Congreso chileno. A ello se suman otras materias pendientes, como la falta de garantías suficientes en la protección de patentes farmacéuticas y ciertas indefiniciones vinculadas a la reforma del sistema previsional, actualmente en tramitación. Esta medida tendrá efectos inmediatos y sensibles sobre el sector agroexportador chileno, particularmente en el corto plazo. Estados Unidos representa actualmente cerca del 20% del total de las exportaciones agrícolas del país, con envíos anuales que superan los 2.600 millones de dólares. El aumento arancelario reducirá la competitividad de estos productos en el mercado estadounidense, generando una posible pérdida de participación frente a otros países que sí cuentan con condiciones más favorables. Más allá de los fundamentos técnicos o jurídicos, esta acción contradice los principios de apertura, cooperación e integración económica internacional.
En la práctica, este tipo de decisiones unilaterales deterioran la confianza en las relaciones comerciales bilaterales, afectan negativamente a los exportadores y restringen el acceso a recursos económicos clave que hoy se destinan a actividades productivas y con alto valor social. Los efectos sobre la producción serán heterogéneos según la elasticidad de la oferta de cada producto afectado, pero el impacto agregado será claramente negativo para la economía nacional.
Ante este complejo escenario, se hace indispensable que el Estado, en estrecha colaboración con el sector privado, desarrolle una estrategia que contemple, entre otras acciones, el impulso decidido a la inversión en sectores estratégicos que potencien la competitividad del país. Un caso es la urgente reactivación de proyectos de obras mayores de riego, que actualmente se encuentran paralizados o con un avance marginal. Es igualmente necesario establecer plazos concretos para avanzar en la ratificación y cumplimiento de los compromisos internacionales pendientes, de modo de evitar nuevas sanciones comerciales y recuperar la confianza de los socios estratégicos. Particular relevancia tiene la situación de la Región de Ñuble, donde la agricultura constituye la principal actividad económica.
En tiempos de crisis e incertidumbre global, se vuelve esencial que las autoridades pongan foco en las prioridades del territorio: resolver de manera estructural los problemas de disponibilidad de agua para riego, mejorar la transmisión eléctrica, fortalecer la conectividad vial y digital, y avanzar en ámbitos tan urgentes como la seguridad y la educación. Opinión. Opinión